Ť Cuestionan generales en retiro y expertos la labor policiaca de soldados

El combate al narco, desprestigio para el Ejército

Ť "¿Cómo regresarlos a sus actividades, cuando se les ha dado poder político?": Saavedra

JESUS ARANDA

Generales en retiro y expertos militares proponen una reforma constitucional que regule la intervención del Ejército en el combate al narcotráfico, que actualmente se realiza sin un marco jurídico y con el "costo del desprestigio doméstico y externo".

Plantean también un "nuevo pacto" entre gobierno, partidos, sociedad civil y militares para delimitar las tareas propias del Ejército.

Entrevistados por La Jornada, subrayan que la participación militar en el combate al narcotráfico representa también la distracción de sus funciones tradicionales, en perjuicio de la soberanía nacional, al modificar la estrategia militar y la ubicación de tropas en razón de esa lucha -en el sexenio pasado la estructura castrense transformó su despliegue táctico al crear 12 regiones y 44 zonas militares en el área de mayor incidencia de narcotráfico, además de la reubicación en las fronteras norte y sur de 21 regimientos de caballería motorizados, 45 batallones de infantería y 24 compañías de infantería en todo el país para esta labor.

Además están la pérdida de profesionalismo de sus cuadros de oficiales y el "desperdicio" de dinero del Estado, que mantiene una estructura policial y una militar que ejecutan funciones similares, además de darse en ocasiones duplicidad de funciones.

Por si fuera poco, los más de 25 mil soldados que diariamente participan en labores antinarcóticos (de un total aproximado de 200 mil elementos del Ejército y la Fuerza Aérea) y que actúan particularmente en la destrucción manual de plantíos de mariguana y amapola, realizan su labor sin un marco jurídico que delimite sus funciones, obligaciones y atribuciones.

Expertos en el tema militar y generales en retiro aseveran que es urgente impulsar una reforma constitucional y legal para que los soldados cuenten con un marco jurídico que los apoye, en tanto continúan cumpliendo de manera indefinida su labor de "coadyuvancia" con la Procuraduría General de la República. Esto, sin contar la participación militar en labores de seguridad pública -como son operativos en ciudades del norte del país, o bien la colaboración de los 5 mil soldados en la Policía Federal Preventiva-, que ha tenido como consecuencia el incremento de denuncias de la población civil en contra de los soldados por presuntas violaciones a los derechos humanos.

En lo que va del año la Procuraduría General de Justicia Militar recibió 116 quejas contra soldados, de las cuales 79 fueron interpuestas por civiles en contra de militares, y sólo 37 por soldados en contra de sus superiores.

Las detenciones

Otro aspecto es el impacto negativo en los soldados. De acuerdo con fuentes militares, el que ellos combatan el tráfico de drogas afecta en dos aspectos centrales: la baja moral de quienes llegan a estar hasta seis meses en la sierra destruyendo cultivos ilícitos, y el presunto involucramiento de generales -Jesús Gutiérrez Rebollo, Humberto Quirós Hermosillo, Arturo Acosta Chaparro y Ricardo Martínez Perea- con el narco.

Ante la falta de una delimitación legal en las funciones que realiza el Ejército, el general retirado Luis Garfias dice que más allá de considerar si la participación de los soldados en el combate a ese ilícito es positiva o negativa, lo cierto es que por tratarse de un asunto de seguridad nacional y ante la incapacidad de la Procuraduría General de la República y la Policía Federal Preventiva por combatir el narcotráfico, los militares se vieron a obligados a entrar en una lucha que no es la de ellos.

Y si van a continuar en estas tareas, por lo menos que se precise en la Constitución y en la Ley Orgánica del Ejército cuáles son sus atribuciones y obligaciones, para que los soldados estén protegidos legalmente.

Cabe señalar que hasta ahora los militares afirman que por tratarse de un asunto de seguridad nacional y por actuar en coadyuvancia de la PGR, están legitimados para actuar.

Con el propósito de definir las atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las otras dependencias encargadas de perseguir y/o prevenir los delitos federales, los catedráticos y especialistas en temas militares José Luis Piñeyro y Guillermo Garduño coinciden en que la delimitación de funciones y tareas del Ejército compete no sólo a los soldados y al gobierno en turno, sino que es un problema que debe involucrar a la sociedad civil en general.

Se requiere de un "nuevo pacto", en el que gobierno federal, partidos políticos, militares y miembros de la sociedad civil definan el marco legal que regirá a los soldados -la inmensa mayoría de la legislación castrense data de los años 30, e incluso en leyes vigentes se habla todavía de la Secretaría de Guerra y Marina-, así como el que se subordinen éstos a las autoridades civiles y se acostumbren a rendirle cuentas a la sociedad en su conjunto.

Después de que se hiciera pública la intención del general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, de impulsar una ambiciosa reforma a las leyes militares -sobre la cual no se han conocido mayores detalles-, Piñeyro y Garduño plantean que la transición hacia el cambio prometida por el presidente Vicente Fox debe traducirse en hechos, y un acto concreto sería establecer una nueva relación entre el Ejército y el poder civil (concretamente el Congreso de la Unión), para que los soldados también le rindan cuenta de su actuación a los representantes populares y haya un mayor control de sus acciones, incluido el ejercicio presupuestal, adquisición de armamento y capacitación de sus elementos.

Por su parte, el general de la Fuerza Aérea de Venezuela y catedrático de diversos institutos académicos militares de Estados Unidos, Boris Saavedra, señaló en entrevista con La Jornada que aun cuando se pueden dar casos aislados de corrupción, como es el de los generales presos, esto "no deja de afectar a la institución, ya que son parte de su liderazgo y cumplen funciones de gran responsabilidad, de manera que esto daña la imagen y el prestigio del Ejército dentro y fuera del país."

Saavedra comentó que el Ejército no está capacitado para cumplir labores de policía, porque "la función, educación y entrenamiento del militar es para la defensa armada de la nación y no para combatir al crimen".

Cabe anotar que cuando Oscar Espinosa Villarreal fue regente capitalino tuvo como secretario de Seguridad Pública al general Tomás Salgado Cordero (1996-1997), cuando ocurrieron los hechos en la colonia Buenos Aires, que tuvieron un saldo de seis jóvenes asesinados.

El general Saavedra enumera también otras consecuencias negativas que tiene para el Ejército el que participe en funciones policiacas y antidrogas:

-Desviación de las funciones tradicionales del Ejército en la defensa de la soberanía nacional.

-Al no existir delimitación de funciones entre policías y soldados, se generan roces y enfrentamientos entre ambos.

-Se impone la voluntad militar sobre el poder civil en materia de seguridad interna.

-Se pierde la capacidad y el entrenamiento del militar en la función que tiene encomendada, "creando una falsa impresión en los cuadros jóvenes de oficiales que ven a las fuerzas armadas como una institución para hacer dinero de manera fácil y obtener prebendas.

-Se crea en el liderazgo político un concepto erróneo de la utilización de las fuerzas armadas, "ya que en la medida que fallan las instituciones civiles en sus funciones, utilizan a las fuerzas armadas como auxiliadoras en casos de emergencia, pero que con el tiempo pasan a ser permanentes, lo que trae como consecuencia un mayor involucramiento de los militares en labores civiles, y puede dar lugar a la militarización de la sociedad".

Sobre el particular, dentro de la Procuraduría General de la República hay más de 200 militares, encabezados por el general Rafael Macedo de la Concha, lo que según Piñeyro nos habla de una "militarización cualitativa más que cuantitativa."

"Lo peor de todo es después, cómo lograr que los militares vuelvan a sus actividades típicas y naturales, cuando han permanecido tanto tiempo en funciones civiles y policiales, pero sobre todo cuando se les ha dado poder político y dinero fácil". En otras palabras, concluye el general Boris Saavedra, "¿cómo vamos a recoger un vaso de agua después que lo derramamos en el agua?"