Ť Visitador dijo que mintió sobre amenazas recibidas de funcionarios de Iztapalapa

Denuncia empresario al presidente de la CDHDF por difamación

Ť De la Barreda incurre en contradicciones en extrañamiento que hizo a la Procuraduría: Arceo

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Por difamación, el empresario Roberto Eloín Munguía presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía para Servidores Públicos de la PGJDF, en contra del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis de la Barreda Solórzano, y del primer visitador José Antonio Aguilar Valdés.

Lo anterior se desprende de la queja que presentó Eloín Munguía ante la CDHDF en contra de la delegación Iztapalapa por omisión de pagos por la renta de dos lanchas, en la pasada administración, que no le han sido devueltas. Asimismo, por las amenazas que recibió de ex funcionarios de la demarcación al reclamar el pago.

El empresario señaló que la CDHDF omitió información sobre las amenazas, que en su momento proporcionó para la integración del expediente. Dijo que Aguilar Valdés lo tachó de mentiroso al comentar que no había expuesto en su queja el amedrentamiento de que fue objeto, omisión determinante para que el ombudsman considerara improcedente la denuncia.

Aseguró que Eucario Ramírez, ex subdelegado administrativo de Iztapalapa, y Tito Fernández Torres, ex subdirector de Obras, le advirtieron que si continuaba con su demanda la delegación lo iba a acusar de fraude.

Sostuvo que el ombudsman usó dolosamente esa información para atacar a un partido político: "Si De la Barreda tiene algo en contra de algún partido no tenía por qué haber usado la información de mi queja para sus fines personales", aseveró.

Al dar a conocer su determinación sobre la queja, la CDHDF convocó a una conferencia de prensa en la que informó que aun cuando no había violación a los derechos del inconforme por los actos reclamados, las autoridades de la demarcación incurrieron en ilícitos de carácter electoral -ámbito en el que no tiene competencia-, al señalar que las lanchas rentadas fueron usadas con fines proselitistas por el PRD en el municipio de Meztitlán, Hidalgo, donde se les empleó para apoyar a la población afectada por las inundaciones de 1999.

Sobre dichas amenazas, Antonio Aguilar Valdés dijo que Roberto Eloín Munguía "está mintiendo abiertamente".

Caso Petlacalco

El subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF, Alvaro Arceo Corcuera, al hacer precisiones sobre un extrañamiento que la CDHDF hizo a la dependencia por declaraciones relacionadas con el linchamiento de un presunto delincuente en el poblado de Magdalena Petlacalco en la delegación Tlalpan, señala que el presidente del organismo, Luis de la Barreda, al constituirse una vez más "en falso cauce y juez implacable de la actuación del Ministerio Público" incurre en contradicciones e interpretaciones erróneas.

Además afirma que en el escrito que el ombudsman envió a la Procuraduría capitalina propone para la investigación correspondiente acciones que considera de "extremos represivos", pues sugiere a la dependencia el empleo de "la fuerza pública racional y necesaria prevista en la ley y holgadamente suficiente en número de efectivos para hacer cumplir las órdenes del Ministerio Público".

En un escrito dirigido al procurador Bernardo Bátiz, Arceo Corcuera asevera que la frase "no es necesario esperar a que haya acusaciones específicas" para que se inicie la investigación correspondiente por dicho homicidio "es una frase que el doctor (De la Barreda) me atribuye con desacierto, aunque ello no obsta para que esté apegada a derecho: en efecto, sí es necesario esperar a que haya acusaciones específicas y el hecho de que el homicidio sea perseguible de oficio no significa más que cualquier persona puede denunciarlo, a diferencia de lo que ocurre en los casos de querella necesaria". Por este hecho, recordó, los policías de la SSP que tomaron conocimiento fueron quienes denunciaron.

"No hay, ni veladamente ni expresamente ninguna justificación de mi parte respecto del linchamiento", por el hecho de sugerir no agraviar las creencias religiosas de la gente o que se hagan con cuidado las indagaciones; nada tiene que ver la cautela con la renuncia a investigar hechos delictivos cometidos al amparo de una discrepancia religiosa, puntualiza.