sabado Ť 11 Ť agosto Ť 2001

Angel Zapata

El Fobaproa y la estrategia del marrano blanco

Hace algunos años, cuando el PRI contrató al estratega estadunidense Paul Begala, éste les aconsejó que siguieran contra sus adversarios la política del marrano blanco: cuando se ensucia en el lodo, le sobresalen las manchas negras y se le notan más que al de color pardo.

Es el estigma que ha ocurrido con el Fobaproa, y posteriormente heredado al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), existiendo una percepción general de que todo lo que ahí se encuentra es producto de manejos ilícitos. Debemos, por tanto, reconocer en principio que no es así. Sin embargo, tengo la convicción que existió en muchos casos un aprovechamiento indebido. En ocasiones se llegó a especular lo inconveniente de abrir el Fobaproa, bajo la advertencia de salpicar a todos.

Algunos, a sabiendas de esa posición, impulsaron una lucha de clases, descalificando todo lo que estuviera dentro del Fobaproa, haciendo aparecer a los deudores como defraudadores y personas sin escrúpulos que han lucrado con los impuestos de la gente. Lo anterior tuvo dos efectos: el temor al descrédito de quienes se encuentran en esas listas por no poder pagar sus adeudos, y por la otra continuar en la clandestinidad de aquellos cuyas operaciones no eran susceptibles para obtener un aprovechamiento del rescate financiero de la banca.

Así pues, en principio podemos hablar de dos clases de deudores: aquellos que no pudieron liquidar sus créditos, en virtud esencialmente proveniente de la crisis financiera, y por otro lado, una serie de operaciones irregulares, sin soporte técnico, que las cargan al erario público. Son dos cuestiones completamente diferentes; sin embargo, el tratamiento hacia la opinión pública ha sido completamente el mismo, es decir, la descalificación y el sometimiento al escarnio.

Este asunto en principio fue a dar a la Cámara de Diputados, toda vez que para su atención requería de partidas presupuestales provenientes del erario a efecto de que el país se viera lo menos afectado posible. Lo curioso del asunto resulta cuando los miembros de esa legisladora carecían de la información particular para conocer los detalles del problema que se había presentado. Regularmente eran prácticas comunes, en las que sólo se daban a conocer la parte crítica y se ocultaban datos específicos, que en múltiples ocasiones comprometían a personas ligadas con el sistema.

En esas condiciones se ha aprobado la utilización de recursos públicos para cubrir el costo fiscal comprometido dentro del rescate bancario. Lo curioso del caso es que la información se encontraba completamente vetada en términos generales. Ni siquiera los diputados en la Cámara respectiva del Congreso de la Unión tenían acceso a la misma, situación que por elemental sentido común resulta contraria a sus facultades como legisladores.

Hace unos días, la junta de coordinación de la Cámara de Diputados tomó un acuerdo que refleja un sentimiento histórico, no exclusivamente por el asunto coyuntural del Fobaproa, sino como un precedente que debe aplicarse como constante: la apertura del disco compacto que contiene la información de las operaciones clasificadas como reportables por el auditor Michael Mackey. Cabe apreciar que entre las consideraciones que sustentan la decisión se encuentra el reconocer las facultades constitucionales que tienen los diputados ante el Congreso. En efecto, dos de las principales funciones son la fiscalización y la presupuestaria.

En ambos casos se tiene una íntima relación con el asunto del Fobaproa y el IPAB, puesto que su rescate proviene de recursos del fisco y son los diputados los encargados por disposición constitucional de hacer anualmente el presupuesto y determinar las partidas que deben destinarse a estos conceptos. También la de verificar que efectivamente sean necesarias en beneficio del país. Este segundo punto nos conduce al análisis de las mismas operaciones frente a los compromisos adquiridos con anterioridad. En consecuencia, podemos calificar de absurdo el que ni siquiera se podían conocer las características de los créditos descontados en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

Prácticamente todo, como ha ocurrido de manera cotidiana en este país, se centra en la especulación, en el amarillismo, en la nota roja. Sustentado en un sentimiento de impotencia e impunidad. Las denuncias regularmente provenían del terreno de la rumorología, al carecer de mayores elementos de conocimiento y por lo tanto en no pocas ocasiones imposibles de acreditar, aunque con soportes sociales que otorgaban buenas dosis de credibilidad. Ahora la esperanza ciudadana tiene su fundamento en la certidumbre.

En esa base, la Cámara de Diputados, como institución, atiende las necesidades ciudadanas que exigen transparencia y a los diputados en lo individual, para que cumplan su labor con responsabilidad. Entiende que difícilmente pueden hacer propuestas serias, señalamientos e inclusive debatir, intercambiar puntos de vista o hasta prejuzgar, sin el acceso a los elementos indispensables para su estudio y análisis. La decisión es positiva, en tanto que la transparencia otorga confianza y credibilidad, pero por sí sola no se arriba a los demás objetivos. De la propia transparencia pueden partir versiones diferentes, que en no pocas ocasiones distorsionan la verdad real, en consecuencia, en un elemento que no constituye una situación definitoria. En cambio, de la información que de ahí se desprende, pueden existir elementos que permitan conducir al conocimiento de operaciones, actos o algunos otros hechos que nos lleven a presumir ser contrarios a la ley.

Tampoco ir a buscar culpables o responsables simplemente por hacerlo, sino contar con las herramientas necesarias para determinar si las operaciones estuvieron dentro del marco legal. No se trata de ninguna manera de un afán persecutorio; sin embargo, bajo la circunstancia de encontrar anomalías resulta menester una reacción, a efecto de que se apliquen los correctivos que correspondan. Es obvio el interés de que todos nos sometamos al imperio de la ley, por regla general y, cuando por excepción se transgreda, exigir la intervención de los órganos del Estado para su cumplimiento. Logrando esta parte estaremos revirtiendo un gran lastre que aún sigue lacerando a la gran mayoría de mexicanos, que en pequeñas o menores medidas, todos prácticamente utilizamos la estrategia del marrano blanco, cuando lo importante es quitar lo sucio del pardo.