SABADO Ť 11 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Envían solicitud a la OIT y a relator de la ONU para que intervengan ante el gobierno

Rechazo de 100 ONG y particulares a la reforma

Ť Señalan que la legislación aprobada contraviene diversos instrumentos jurídicos globales

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Un centenar de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y 120 representantes de la sociedad civil pidieron ayer a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al relator especial de la ONU para pueblos indígenas su intervención para que recomienden al gobierno mexicano el cumplimiento de acuerdos internacionales en materia de derechos y cultura indígenas, pues consideran que la ley recientemente aprobada constituye "un grave retroceso".

En las misivas entregadas ayer al director general de la OIT, Juan Somavía, y al relator de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, aseguran que la ley contraviene instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Magdalena Gómez, especialista en derecho indígena, consideró que el presidente Vicente Fox tiene responsabilidad política en la aprobación de una ley que no ayuda a la paz en Chiapas y que demuestra las incongruencias de este gobierno.

Michel Maza, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló, en conferencia de prensa, que si el gobierno no acata eventuales recomendaciones de la OIT y del relator de la ONU esto le provocará un desprestigio internacional que tendrá un "alto costo político".

Las ONG pidieron a la OIT que exija al gobierno mexicano el cumplimiento efectivo de las disposiciones del Convenio 169, y que continúe con su labor de seguimiento de los procesos de paz y de reforma constitucional iniciados en San Andrés Larráinzar.

También solicitaron a este organismo que adopte una posición más decidida respecto al caso mexicano y que preste su asistencia técnica para que el convenio sea puesto en práctica a través de medidas legislativas y acomodos institucionales concretos.

En la segunda misiva, dirigida a Stavenhagen, hicieron un llamado para que recomiende al Estado mexicano que, en cumplimiento de sus compromisos internacionales, revise y modifique la reforma sobre derechos y cultura indígenas para que cumpla con lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT.

"La aprobación de este proyecto de reforma constitucional no es sino la última expresión de la falta de voluntad política por parte del Estado mexicano para dar cabida al reconocimiento de los pueblos indígenas", advirtieron a la OIT.

Las ONG señalaron que son tres los puntos de la ley que van en contra del convenio de la OIT: el primero es que no reconoce la personalidad jurídica de las comunidades y pueblos indígenas pues quedan relegados a meras entidades de interés público y no se les reconoce como pueblos.

El segundo, refirieron, afecta de manera negativa la protección de los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión, uso y disfrute de sus territorios, incluidos los recurso naturales. El tercer tema preocupante, dicen, es que el Estado mexicano no asume su responsabilidad en la protección de la integridad y de los derechos de estos pueblos, y se la deja a cada entidad federativa.

Entre los organismos internacionales que suscribieron esta petición se encuentran: Al Sur del Sur de España, el Comité Canadiense para Combatir los Crímenes contra la Humanidad, el Colectivo de Solidaridad con la Rebelión Zapatista de España y la Coordinadora por la Libertad de Emilio Alí de Argentina.

Las asociaciones mexicanas que respaldaron estos escritos incluyen al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Consejo de Pueblos Tlapanecos de la Montaña de Guerrero, Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, Frente Ciudadano Doctor Salvador Nava Martínez, Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.

Por parte de México se adhirieron a la petición distintas asociaciones indígenas, políticas y de defensa de los derechos humanos, así como políticos, académicos y representantes de organizaciones religiosas.