Ť Banamex, Bancrecer, Serfín y Bital concentran 80% del dinero de carteras Aa

Llega a $160 mil millones el monto de créditos irregulares de Fobaproa

Ť Suman 17 mil 815 los préstamos que no cumplieron con los criterios establecidos por la ley

Ť Las operaciones delictuosas se ubican en Banco Unión, Confía y Banpaís, con $6 mil millones

ISRAEL RODRIGUEZ J.

El universo de las operaciones reportables o irregulares que no cumplieron con los criterios establecidos por la ley y por el extinto Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (Fobaproa) es de 17 mil 815 créditos, que abarcan un monto de 73 mil 775 millones 400 mil pesos a precios de 1994, pero a precios actualizados asciende a 160 mil millones de pesos, revela el Informe Mackey dado a conocer por los diputados el miércoles pasado.

El Programa para la evaluación integral de las operaciones del Fobaproa en el saneamiento de las instituciones financieras de México (1995-1998) detalla que Bancrecer, Banamex, Serfin y Bital concentran más de 80 por ciento del total en pesos de las compras de cartera que no cumplieron con los requisitos establecidos por el Fobaproa, catalogados como créditos Aa.

Del total de las operaciones, 97 por ciento, es decir, 17 mil 352 créditos, se refieren al grupo clasificado como Aa, que son operaciones del Programa de Compra de Cartera que no cumplieron con los criterios establecidos por el propio Fobaproa y cuyo monto es de 24 mil 778 millones de pesos.

En este grupo destacan el otrora Banco Nacional de México (Banamex) con 7 mil 358 créditos por un importe de 4 mil 70.1 millones de pesos; le sigue Banco Internacional (Bital) con 5 mil 735 créditos por 3 mil 64.3 millones de pesos; Atlántico, con mil 503 créditos y un monto de mil 201.9 millones de pesos; Promex, con mil 355 créditos por mil 141.5 millones de pesos; Serfin, con 937 créditos por un monto de 3 mil 401.7 millones; Bancrecer, con 329 y 9 mil 572.8 millones de pesos; Bancomer, con 128 créditos y mil 807.2 millones; Banco Bilbao Vizcaya, con cinco y un monto de 483.4 millones de pesos, y Banorte con dos por 35.4 millones de pesos.

Por lo que respecta a las operaciones relacionadas conocidas como B, es decir, créditos que fueron otorgados entre los mismos accionistas de los bancos, a pesar de haber sido identificadas sólo 378 operaciones, involucran 57 por ciento del total de las operaciones reportables y están concentradas en Banco Unión, Inverlat y Confía, que detentan 75 por ciento de los créditos relacionados.

Banco Unión tiene en este apartado 64 créditos por 13 mil 63.3 millones de pesos, seguido por Inverlat con 71 operaciones por 10 mil 96.8 millones de pesos; Confia, con uno por un monto de 8 mil 176.3 millones de pesos; Bancen, con 32 créditos por una cantidad de mil 261.3 millones de pesos, entre otros.

Las operaciones ilegales, clasificadas como C, es decir, las que violaron alguna ley y están consideradas como delitos, ascienden a 6 mil millones de pesos y se encuentran en Banco Unión, Confía y Banpaís. Banco Unión detenta 24 créditos por un monto de 3 mil 956.8 millones de pesos; Confia, con 11 por 890.1 millones de pesos; Banpaís con siete y un importe de 950.5 millones de pesos; Interestatal con 18 créditos por 143.5 millones de pesos, entre otras operaciones ilegales.

El listado entregado por los diputados el miércoles no presenta la desagregación de 16 mil créditos por 13 mil 116.5 millones de pesos, por lo que hasta el momento no es posible conocer el nombre o razón social de las personas físicas o morales que fueron involucradas en este tipo de operaciones, y que representan más de 90 por ciento de las operaciones y más de 50 por ciento de los recursos fiscales involucrados

Sentencia cumplida: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio por cumplida ''en todos sus actos'' la sentencia por la cual obligó al Poder Ejecutivo federal a entregar a la Cámara de Diputados toda la información del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), relacionada con los fideicomisos de Banco Unión.

El máximo tribunal del país dio a conocer otra resolución en la que declara inconstitucionales las reformas por las que se modificó la Ley del Impuesto Sobre la Renta en 1999, que afectaron el Régimen de Consolidación Fiscal de las empresas en ese año.

El dirigente del PAN en el Distrito Federal, José Luis Luege Tamargo, señaló que el hecho de Diego Fernández de Cevallos haya aparecido en la lista del Fobaproa, así como el nombre de ''otros miles de personas'', no constituye ilegalidad.

Al menos 14 empresarios de Coahuila (entre ellos el hermano del ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy y el alcalde de Piedras Negras, Urbano Santos Benavides) aparecen en la lista de ''transacciones reportables'' del Fobaproa, de acuerdo con datos difundidos en Internet por el PRD.

Jesús María Montemayor Seguy, ex alcalde de Sabinas, introdujo al Fobaproa tres créditos contratados con el Banco del Atlántico: uno personal por un millón 798 mil 392 pesos, y otros dos por un total de 11.7 millones de pesos a nombre de las empresas Llantas de Coahuila, S.A. de C. V. y Automotriz de Sabinas, S.A. de C.V., propiedad de él y de miembros de su familia, entre otras empresas con créditos transferidos al Fobaproa, sin cubrir los requisitos técnicos.

Los banqueros y amigos de éstos que obtuvieron autopréstamos y créditos irregulares que luego fueron absorbidos por el extinto Fobaproa han querido ''abusar del erario de la Nación y, por lo tanto, exigimos que el gobierno federal tome las medidas necesarias para que se recuperen esos 73 mil millones de pesos que no se justifica que estén en ese paquete'', sostuvo la dirigente nacional del PRD, Amalia García. GUSTAVO CASTILLO Y BERTHA TERESA RAMIREZ, LA JORNADA DE ORIENTE Y ANTONIO PÉREZ CARDONA, CORRESPONSAL