viernes Ť 10 Ť agosto Ť 2001
Jaime Martínez Veloz
Ley indígena y pelotones rurales
La inminente promulgación de la ley indígena por el Poder Ejecutivo y el anuncio de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) sobre la creación de los pelotones rurales son dos actos del Estado que en su autoritarismo e ilegalidad ponen en riesgo la paz de la nación.
El reporte de la 12 Zona Militar de San Luis Potosí (31 de julio, Milenio Diario) sobre el acto en el que el teniente coronel Arturo Trejo Sánchez y el presidente municipal de Soledad de Graciano acordaron (en ausencia del procurador de Justicia del estado) crear "pelotones rurales" tiene gran trascendencia, pues de llevarse a efecto en regiones en conflicto esta política significaría la autorización de los grupos paramilitares que asuelan las poblaciones indígenas.
El teniente coronel afirmó que la Sedena autorizó armar, entrenar y acreditar a ejidatarios para participar en la lucha contra el "crimen organizado". Y lo que pareciera ser una ocurrencia aislada se confirmó días después, cuando el presidente Vicente Fox anunció que promulgará la ley indígena, y el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, dijo sobre estos anuncios de armar y entrenar campesinos por los militares que "la ley orgánica del Ejército Mexicano establece estos organismos de defensa civil, pero no es una legislación nueva, ya tiene bastante tiempo. Lo importante es que la ley se cumpla".
Sorprende que no hayan sido más voces (como la de Carlos Marín, de Milenio) las que alertaran sobre la incongruencia legal de dichas aseveraciones, por lo que la cita de dos artículos de la Constitución no puede ser más oportuna: "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho" (17) y "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que está bajo su autoridad y mando inmediato".
La coordinación de estas declaraciones no ofrece sino inquietud que, aunada a la negativa contra los "chantajes" (como ve Diego Fernández de Cevallos las controversias constitucionales promovidas por los gobiernos de Oaxaca y Chiapas) y la nueva propuesta de paz que elabora la Cocopa en una secuencia que es difícil relacionar con alguna eficacia, nos dan un panorama que podría ilustrarse con las palabras con que Marcos dio la bienvenida al gobierno del presidente Ernesto Zedillo: una pesadilla.
Si la promulgación es un hecho, también lo son las leyes reglamentarias que autorizan el desalojo mediante la fuerza pública de los municipios autónomos. Por eso, el pretexto que se aduce en San Luis Potosí de incorporar a los campesinos a la lucha contra el "crimen organizado", en la arena política donde la revolución indígena tiene sus fuentes -Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero- significa dar paso a la violencia en cientos de comunidades que han sido armadas por la diversidad de los grupos en pugna racial o étnica, religiosa, política y territorial y que en gran parte no responden ni a los zapatistas ni al gobierno.
Cuando varias voces advierten del peligro de "estallamientos sociales", entre ellas la del director del Instituto Nacional Indigenista, Marcos Matías Alonso, y las de los dirigentes de diversas organizaciones indígenas y campesinas, no se trata, como podría parecerle a Fernández de Cevallos, de chantajes, sino de conciencias responsables que en su contacto con la realidad de las regiones saben que la promulgación de la ley es un portazo al diálogo.
Se daría por un hecho que en México existen dos pisos jurídicos, dos condiciones sociales, dos habitaciones históricas: la de los ciudadanos de "derecho público" y la de los de "interés social".
Esto no quiere entenderse, a pesar de que se haya expresado políticamente en la marcha de la dignidad de los zapatistas realizada en marzo; ni tampoco que existen numerosos grupos armados, autodenominados ejércitos clandestinos, que encuentran la mejor de sus plataformas en esta exclusión, en el rechazo a una carta de civilidad reconocida por los tratados internacionales que ha firmado México, pero que se niega a aplicar en la hora de los hechos, en los quince minutos de la solución foxista al reclamo de los indígenas, que pasarán a ser tan memorables como la advertencia lopezportillista de defender el peso "como un perro".