VIERNES Ť 10 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Abrir debate sobre ley indígena, pide Sodi de la Tijera
Murat: agravio, el acuerdo dictado por el ministro Azuela, de la SCJN
VICTOR RUIZ ARRAZOLA, ELIO HENRIQUEZ Y LA JORNADA DE ORIENTE CORRESPONSALES
El gobernador de Oaxaca, José Murat Ca-sab, y el presidente del Congreso del estado, Aquiles López Sosa, dieron a conocer que el acuerdo dictado por el ministro Mariano Azuela, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional intentada por ellos y por el procurador de Justicia estatal, Sergio Santibáñez Franco, relacionada con la reforma constitucional en materia indígena, les "causa agravios como autoridades y representantes legítimos de los ciudadanos oaxaqueños".
Consideraron como "una falta de respeto que primeramente tuviéramos que enterarnos de dicho acuerdo a través de los medios de comunicación y no de una notificación oficial en el domicilio que señalamos para recibirlas en la ciudad de México, tal como lo ordena la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución; de hecho, la notificación fue realizada de manera posterior a la aparición de la noticia en los medios".
En un documento conjunto distribuido este jueves en la ciudad de Oaxaca, Murat Casab y López Sosa sostienen que si bien es cierto que en "nuestro sistema jurídico rige el principio de publicidad en las actuaciones judiciales, también lo es que hay ex-cepciones, entre ellas el acuerdo que, según el artículo 274 del Código Federal de Procedimientos Civiles que rige supletoriamente el procedimiento de controversias, deberá ser reservado".
Por su parte, decenas de comunidades y etnias, así como tres municipios de Chiapas, han solicitado al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas asesoría legal para interponer amparos contra las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas, aprobadas por el Congreso de la Unión a finales de abril pasado.
Al informar lo anterior, el abogado Juan López Villanueva explicó que dichos am-paros serán interpuestos ante el juzgado de distrito correspondiente, una vez que la ley sea promulgada por el presidente Vicente Fox Quesada.
Añadió que a partir de la promulgación de las reformas, las comunidades, las organizaciones y las personas en lo individual contarán con 30 días para interponer amparos, por lo que el organismo pondrá a disposición de todos aquellos que así lo deseen -tanto de Chiapas como de otros estados del país- los formatos y la asesoría legal para que se inconformen.
En Tlaxcala, el senador perredista Demetrio Sodi de la Tijera señaló que en virtud de que no existen los fundamentos legales para vetar y mucho menos para rechazar la promulgación de la ley indígena, Fox Quesada tiene la obligación de publicar a la brevedad posible las reformas a este precepto, pues de lo contrario los beneficios que de ella emanan a favor de estos grupos se aplazarían aún más.
Agregó que el único camino que existe ahora para garantizar el cumplimiento del espíritu de las reformas a la legislación es "abrir el debate en torno de la ley indígena para integrarle mayores conceptos que la enriquezcan y con ello garantizar el bienestar para los pueblos indios del país".
Por ello, consideró que tanto las acciones de inconstitucionalidad como las controversias constitucionales promovidas y que están por presentar algunos municipios, legislaturas locales y hasta ejecutivos estatales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Congreso de la Unión para evitar la entrada en vigor de la ley, en nada ayudarán a resarcir la situación que priva entre las etnias del país, por lo que el mandatario federal "está obligado y facultado para publicarla ya".
Dijo que los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación trabajan en la conformación de una propuesta alternativa para lograr la paz, que se integra, sustancialmente, en el aspecto legislativo de la llamada "reforma de la reforma indígena", por lo que en los próximos días se reiniciarán con una consulta con los pueblos indígenas y con diversos sectores sociales para presentar un nuevo proyecto de ley.