antes de la campaña, adujo. Dennos otra ley y valoraremos otros hechos, pidió. No se pida a la autoridad que investigue lo que la ley no sanciona, ni prohíbe ni condena.
VIERNES Ť 10 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Siete de los nueve consejeros desecharon las quejas presentadas por PRD y PRI
Fondos de campaña de Fox, caso cerrado en el IFE
Ť "Se tiene aún el recurso del tribunal electoral", señala José Woldenberg
RENATO DAVALOS
Escudados en apelaciones jurídicas y "vacíos en la ley", siete de los nueve consejeros electorales del IFE desecharon las quejas priísta y perredista para investigar los recursos que empresas extranjeras canalizaron a la campaña de Vicente Fox. Se rechazó además la vía de la controversia constitucional o que el instituto solicitara al propio Presidente la información que Hacienda negó insistentemente.
Ante ello, el sendero jurídico que seguirá el caso se ventilará en el tribunal electoral. El consejero Jaime Cárdenas remitió una misiva a Fox en la que, "como ciudadano y como consejero", le solicita que instruya a quien corresponda en la administración pública y a sus colaboradores de precampaña y campaña para que entreguen la información que requiere el IFE para cumplir con su función.
No sigamos rindiéndole culto a la opacidad de los actos políticos, a la desinformación pública y a la elusión de las normas constitucionales, le dice Cárdenas al Presidente en la misiva.
Voces que rebotaron en el salón de sesiones, recriminaciones y un consejero, Alonso Lujambio, responsable de elaborar el dictamen que aprobaron siete de los nueve consejeros que integran el consejo general, haciendo malabares verbales para defender el documento y argumentar que las quejas se refieren a las "precampañas", asunto que no está regulado por el código electoral en vigor.
"No se avanza en este caso porque hay un 'montón de intereses'. No quisiéramos hacer más a los rumores de radio pasillo aquí en el IFE", dijo el perredista Pablo Gómez al cuestionar el voto de los siete consejeros en contra de avanzar en el caso.
En rechazo a los dictámenes y la controversia constitucional o solicitar la información a Vicente Fox votaron José Woldenberg, el propio Lujambio, Gastón Luken, Jacqueline Peschard, José Barragán, Mauricio Merino y Virgilio Rivera. En contra sufragaron Jaime Cárdenas y Jesús Cantú.
El representante priísta Ranulfo Gómez hizo eco de una exclamación soslayada por los siete consejeros: "no le den carpetazo". Parece que hubo una "estrategia preconfigurada" a la hora de votar, dijo.
La consigna
Parece, apreció el también priísta Rafael Ortiz, que aquí la consigna es que "no se debe, no se puede o no se quiere". ƑLínea? ƑDefinición en equipo? Se apela a la intemporalidad porque la denuncia alude a recursos manejados en la precampaña. Pero ello no existe cuando se trata de los dineros del exterior, prohibidos a cualquier partido en cualquier momento.
Ortiz se refirió además a las insuficiencias de la indagatoria que encabezó Lujambio. La investigación a las empresas K Beta, Grupo Alta Tecnología en Impresos y ST and K de México se circunscribió a Puebla.
Tampoco se indagó en Monterrey y León, ciudades mencionadas en la denuncia. La pregunta al Instituto Internacional de Finanzas, encabezado por Miguel Hakim -hoy subsecretario de la cancillería-, fue dirigida. No se vio el caso del Bank of the West en El Paso, ni a Lino Korrodi o al Grupo Flexi. Se cerró antes de tiempo el caso de Banamex.
No se fue más allá, añadió, cuando no se encontró la sede de los Amigos de Fox, encabezada por Antonio Fernández, hoy director de Progresa. Ni al PAN ni al PVEM. En tres de siete meses la Comisión de Fiscalización no giró oficio alguno.
Lujambio hizo una defensa estoica del dictamen. Siempre plegado a que la comisión no podía recurrir a algo no legislado. Sí se comprobó que Carlota Robinson hizo pagos a Tv Azteca, pero fueron en tiempos antes de la campaña, adujo. Dennos otra ley y valoraremos otros hechos, pidió. No se pida a la autoridad que investigue lo que la ley no sanciona, ni prohíbe ni condena.
"El problema está en los vacíos legales y en la imposibilidad del IFE para promover controversias constitucionales y hacer valer sus atribuciones. Estamos en la mejor disposición de contribuir a la discusión de una reforma que enfrente esos desafíos."
No estamos en el momento para atender a las "plañideras" de una nueva ley, acusó ya entrada la noche Pablo Gómez. Hay erogaciones de partidos que no se investigaron. Hasta siete meses después de presentada la denuncia fue cuando la comisión solicitó la información a Hacienda.
La denuncia priísta se hizo con los abusos del poder, planteó. Por medios ilegales, de espionaje. Si hubiera cristalizado la investigación, "se hubieran matado dos pájaros de un tiro", estableció.
Lujambio había argumentado que no se puede requerir a Hacienda la información vía Fox, porque no se puede pretender la sanción al secretario del ramo como lo marca el artículo electoral que sustentaba la propuesta de Gómez. Además, hay un conflicto de leyes -el Código Fiscal que invocó Hacienda para no dar la información y el código electoral- que no puede resolver el Ejecutivo, apoyó Jacqueline Peschard.
Si no aceptan que se solicite la información al "superior jerárquico" (Vicente Fox) ante la negativa, dijo Gómez en su propuesta, entonces por qué requirieron la información a Hacienda en enero; "no tenía sentido, consejero Lujambio".
Molesto, Woldenberg interrumpió a Gómez para "atajar adjetivaciones". No sé a qué plañideras se refiere. Tenemos que señalar que hay lagunas en la ley. Se tiene todavía el recurso del tribunal electoral, "que nos ha enmendado la plana y no hemos chistado". Pero las precampañas no están reguladas y no está prohibida la aportación de terceros. Si hay lagunas, indicó, los legisladores tienen que cubrir esos vacíos.
El consejero Cárdenas propuso la controversia constitucional como vía jurisdiccional ante la negativa de Hacienda. Antes del rechazo por la votación prefigurada de 7-2 que prevaleció en las seis horas de discusión -excepto en la demanda perredista en la que Jesús Cantú se abstuvo-, los panistas Armando Salinas y César Jáuregi hicieron frente común con los consejeros que desecharon las demandas.
No hay normas para fiscalizar el gasto a particulares, dijo Salinas Torre. Ni tampoco facultad del IFE para iniciar una controversia constitucional, porque no lo contempla la ley. Una postura que secundó Woldenberg.
No valieron los argumentos del petista Ricardo Cantú o de Gómez, que recurrió a la controversia que se promovió en la Cámara de Diputados para ver el caso del Fobaproa; que decida la Corte si hay competencia o no del IFE, dijo.
Hay un apresuramiento extraño, aportó el priísta Ranulfo Gómez. Quedará la duda sobre la legitimidad de Fox, el estigma de duda. Pido que se regrese el dictamen, añadió al igual que Rafael Ortiz, su correligionario.
El senador panista César Jáuregi desestimó el hecho de que un municipio haya promovido una controversia aunque no estuviese contemplado en la Constitución. Mientras, el consejero Mauricio Merino se recargaba en los "vacíos de la ley".
Cantú esgrimía en vano que el IFE recurriera a todos los medios a su alcance para agotar la investigación. Nos lo ha dicho el tribunal electoral en tres casos, sostuvo. Nadie puede preguntar a alguien acerca de la legalidad, intervino Salinas.
Flaco favor le hacen a Fox al no esclarecer los recursos extranjeros que fluyeron a su campaña, expresó Ranulfo Gómez.
El mismo tono prevaleció entre los siete consejeros a la hora de votar la propuesta de Gómez para que se solicitara directamente la información a Fox. No se puede pretender sancionar a un funcionario como dice el artículo al que se apela, intentó defender Lujambio. Es incompetente para dar información por el conflicto de leyes.
La queja no procedería, independientemente de la información, secundó José Woldenberg.
Simplemente se declara que no se puede avanzar ni saber si hubo lavado de dinero o no, indicó Gómez. ƑQué le impide al IFE establecer el criterio de erogaciones partidistas si fueron en precampaña o campaña?
Hemos ganado la mayoría de los recursos que han ido al tribunal electoral, ufanó Lujambio. No pudo argumentar tampoco el asunto de la intemporalidad que le había señalado Ortiz.
Gastón Luken señalaba que se desechó la demanda porque el PRI "presentó copias". Pero la mayor parte de la información estaba probada, le respondió Rafael Ortiz.
La empresa fantasma Vegetales Frescos y la participación de Juan Pablo Fox en ella para canalizar recursos a la campaña foxista, planteados por los perredistas en la queja, también fueron desechados. Se esperaba la misma votación, aunque en este caso con la abstención de Cantú.
Dos horas de discusión previa para las sanciones a los partidos -de 9 millones de pesos- precedieron al debate sobre la campaña de Fox. Tres de esos millones fueron aplicados al PRD.
Aquí los partidos sí se unieron contra el dictamen también elaborado por Lujambio. El panista Salinas criticó que pese a la presentación de la documentación por el PAN y por el Verde Ecologista se aplicaron las sanciones por presuntas "irregularidades" en el ofrecimiento de comprobantes de viáticos.
El PRD, en voz de Pablo Gómez, objetó el dictamen que les rechazó firmas no de diputados perredistas, sino por otras personas, aunque se haya presentado otra documentación.
Woldenberg también se molestó cuando le rechazaron su propuesta de lineamientos generales para el presupuesto del IFE en el 2002, porque los partidos argumentaron que no habían analizado el documento. Al fin, el consejero presidente admitió el planteamiento y citó para una sesión extraordinaria el 31 de agosto.