JUEVES Ť 9 Ť AGOSTO Ť 2001

Engaño y despojo a indígenas invidentes

Deambulan por las calles de Chimalhuacán tras fallo que les quitó su predio

RENE RAMON ALVARADO CORRESPONSAL

Chimalhuacan, Mex., 8 de agosto. Qué más muestra que las callosidades de sus manos. Durante cinco años lavaron ropa ajena para pagar la mensualidad de su terreno. Con claridad recuerdan que fue en 1989 cuando liquidaron 10 millones de viejos pesos. Doce años después, las hermanas indígenas Martina y Magdalena están como al principio, cuando llegaron de su natal Oaxaca: en la calle.

Este par de invidentes deambulan de oficina en oficina pública, de esquina en esquina, con la única pertenencia que les queda: la ropa que llevan encima, suplicando clemencia para ellas y los nueve integrantes de su familia -todos invidentes-, quienes llevan 19 días viviendo en las polvorientas calles de la parte baja de Chimalhuacán.

Sin embargo, para el Poder Judicial sus súplicas no son válidas. Tras un
juicio promovido en 1994 por la propia lotificadora Micaela Hernández Guzmán, el juzgado sexto, con sede en el penal estatal Neza Bordo, las consideró hace sólo un par de meses culpables del delito de despojo y dictaminó su desalojo, que se cumplió a principios de julio.

Desde entonces Martina, de 30 años de edad, y Magdalena Paz Fermín, de 48, han entregado diversos escritos, uno de ellos dirigido al presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román: "por nuestras condiciones de invidentes, humildes e ignorantes, Micaela Hernández, mañosamente, y en complicidad con algunas autoridades, mandó a hacer escrituras notariales -de nuestro predio- y de esa forma nos acusa de despojo".

Incluso han buscado un encuentro con Xóchitl Gálvez, titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero no han tenido suerte. Y es que en su tierra, San Miguel Ahuehuetitlán, Zilacayuapan, Oaxaca, no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir. De ello se valió quien les vendió el terreno. Incluso las propias autoridades, que las despojaron de su vivienda en el barrio Tlatelco, pero también de sus demás pertenencias, muebles y mercancía que en abonos vendían para subsistir.

La calle tiene dueño

''Ya no los queremos ver durmiendo en el camellón de la avenida del Peñón,
así que quiten sus tiliches y váyanse a otra parte", fue la respuesta
de algunos vecinos del barrio Xochiaca, quienes corrieron a la familia de
la vía pública, asegurando que daban mala imagen, luego de que durante cinco días pernoctaron en la esquina de esa arteria y la calle Peras.

Angelina Márquez Hernández, vecina del barrio Saraperos, al saber de la injusticia que cometieron los colonos, ha tratado de ayudar a los invidentes. Por un par de días les dio alojo, comida, baño y cama en su vivienda, "pero son muchos y la casa no es suficiente".

Ella cree que no hizo mucho y para no sentirse culpable se encarga de visitar cada uno de los juzgados civiles y penales de los reclusorios de Neza Bordo y Texcoco, buscando qué autoridad se quedó con las pertenencias de los indígenas.

A la familia en desgracia le regaló una sartén, una olla para café y unas cuantas tazas de plástico. En los trastos que recibieron guisan para ellas y sus nueve hijos, todos invidentes, que ahora duermen al aire libre sobre la calles del barrio Acuitlapilco, bajo un pedazo de hule y descansando encima de un trozo de cartón, pasando desapercibidos por los habitantes.

Autoridades corruptas

Las hermanas Paz Fermín pisaron ya en dos ocasiones la cárcel por este conflicto. La última cuando el juzgado sexto de lo penal, tras un estudio socioeconómico, encontró que no podían pagar la fianza. Como multa ordenó el pago de 227 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, "siendo así violados nuestros más elementales derechos como seres humanos".

Su pesar comenzó en 1994 con un proceso civil en su contra, bajo
la causa 817/94, donde Micaela Hernández, la misma persona que les vendió hace 12 años el terreno, lo reclama como suyo. Siguió la causa penal 227/99-1 por el delito de despojo y el acto se consumó hace 19 días, cuando policías de seguridad pública estatal y municipal realizaron el desalojo.

Las afectadas no fueron notificadas de las decisiones que tomó el juzgado; tampoco se les asignó un intérprete, a lo cual tenían derecho por ser indígenas mixtecas. Ahora son atendidas, pero porque intervino la Comisión de Derechos Humanos.

De las irregularidades, en las cuales también incurrieron la juez María Teresa Chávez y Gildardo Rayo Ramírez, abogado particular, señalaron que este último "sólo nos robó el poco dinero que teníamos para el juicio". Fue testigo Fernando Kuri Karam, presidente del Colegio de Abogados del Valle de México, quien notificó a Abel Villicaña Estrada, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de México, ''pero no pasó nada", añadieron.

Desde lo que consideran su casa provisional, en el deportivo las Flores,
las hermanas Paz Fermín, tras desayunar una tasa de café con un bolillo,
que calentaron en los tres trozos de ladrillo y dos pedazos de madera que
sirven de estufa, narran su pesar.

Sin casa, sin pertenencias y con el riesgo de ser echadas de nueva cuenta
de un espacio público, explican que no pueden trabajar, pues les quitaron los
fregaderos donde lavaban ropa ajena, también la mercancía de Avon que venden en abonos a los vecinos.

Nos les queda de otra; sus hijos Salvador y Eduardo, de 16 y 11 años, son los responsables del sustento.

Cantan en los camiones llamados chimecos, buscando una moneda de los pasajeros para poder llevar comida a lo que ahora tienen por casa.

Las hermanas Martina y Magdalena, por cierto dejadas por sus maridos desde hace tiempo, ya no pueden más y sueltan el llanto, lo mismo ocurre con los hombres de la familia. En su desesperación ya no hablan castellano, se expresan en su lengua.

Al final sólo piden que la autoridad competente revise su expediente, y le expresan a Vicente Fox Quesada: "Presidente, aquí en Chimalhuacán se vende justicia, se vende juez, se vende policía, hemos tocado puertas y es lo único que hemos recibido."