JUEVES Ť 9 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Hoy, reunión entre Castañeda, Creel, Ashcroft y Powell para debatir propuestas en la materia
Cabildean empresarios, sindicatos y religiosos de EU en favor de migrantes
Ť Grupos que antes se oponían a cualquier iniciativa ahora apoyan ciertos planes de amnistía
Ť México inventó el término regularización con el propósito de propiciar la discusión, dice senador
JIM CASON Y DAVID BROOKS
Washington, 8 de agosto. El éxito o fracaso del intento mexicano de promover un cambio fundamental en la política migratoria bilateral con Estados Unidos dependerá más de la presión interna de sectores empresariales, laborales, religiosos, latinos y de la organización de los migrantes que del debate diplomático que realizan ambos países.
El canciller mexicano Jorge G. Castañeda y el titular de Gobernación, Santiago Creel, sostendrán este jueves su último intercambio cara a cara con los secretarios de Estado, Colin Powell, y de Justicia, John Ashcroft, sobre el tema, en una reunión previa al encuentro de los presidentes Vicente Fox y George W. Bush programado para principios de septiembre.
Pero los acuerdos que discutirán mañana estos funcionarios, y aun las propuestas finales que presentarán Fox y Bush en septiembre, marcarán el inicio del debate en Estados Unidos sobre la reforma de la política migratoria.
No será nada fácil
Cualquier cambio fundamental en la materia sólo puede realizarse con la aprobación del Congreso, por lo que toda iniciativa que presente Bush deberá ser convertida en ley y ratificada por las dos cámaras, y como advirtió el senador Joseph Lieberman en su reciente visita a México, eso no parece ser nada fácil.
No obstante, el clima en favor de un replanteamiento fundamental de la política migratoria ha cambiado en este país en los últimos años. "Es probablemente uno de los ambientes más favorables que haya visto para una reforma positiva de migración", comentó Theresa Cardinal Brown, representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, al diario Washington Post.
De hecho, no pocos de los grupos y sectores que se opusieron a cambios más liberales en la materia, a mediados de los 80 -y que hasta promovieron las restricciones más severas y antinmigrantes que se promulgaron en ley en 1996-, ahora han apoyado propuestas en favor de una reorientación de la política, incluyendo el respaldo de algún tipo de programa de amnistía o legalización para los mexicanos indocumentados que ya residen en Estados Unidos.
Entre estos sectores están los sindicatos nacionales y su central obrera AFL-CIO, y el liderazgo del Partido Demócrata, que hasta hace cuatro años se negaba a apoyar la demanda de amnistía para los indocumentados (o "legalización", que parece ser la palabra en clave para la misma cosa), y que ahora públicamente apoyan una reforma amplia, que incluya programas de legalización de indocumentados.
"Se amerita una forma comprensiva para abordar la migración", escribió una alianza de empresarios de las ramas hotelera, restaurantera y de salud en una carta enviada a Bush, y que también fue firmada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, las principales organizaciones nacionales latinas y varios grupos de defensa de los derechos de los migrantes. "La simple realidad es que hay indocumentados en la fuerza laboral estadunidense, y las industrias en las que trabajan no pueden funcionar sin ellos".
En las últimas semanas, estas agrupaciones empresariales, así como representantes nacionales de la Iglesia católica y de sindicatos, han sostenido reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca para cabildear en favor de una liberalización de la política migratoria estadunidense.
Aunque no todos hablan con la misma voz -los grupos empresariales subrayan los programas de trabajador huésped, mientras los sindicatos y el sector religioso destacan la legalización de los indocumentados-, lo más notable es que existe el consenso de que cualquier reforma, mínimo, debería considerar una combinación de programas. O sea, tanto un proyecto que aborde el flujo de nuevos migrantes como otro que se dedique a los indocumentados y sus familias. El impacto combinado de estos esfuerzos de cabildeo ha obligado a que el gobierno de Bush considere, al menos, un programa de legalización al que se oponen muchos dentro de su propio Partido Republicano.
Pero todo este debate público tendrá que aterrizar en el Congreso, y ahí las cosas siguen complicadas. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Tom Daschle, y su colega, el titular de la minoría demócrata de la Cámara baja, Richard Gephardt, han propuesto a Bush un programa de legalización no sólo para los mexicanos, que incluye un mecanismo de "ganar" la legitimación de migrantes de otros países.
Por otro lado, aunque muchos legisladores republicanos conservadores han declarado su oposición a un programa de legalización, el presidente del Comité Judicial de la Cámara -comisión que tendrá que aprobar cualquier cambio en las leyes de migración- afirmó esta semana que está dispuesto a considerar un cambio de la política si también incluye la restructuración del SIN.
En general, parece existir por lo menos la voluntad, aun entre los opositores a cualquier programa de amnistía, de "escuchar" los argumentos en favor de un cambio. El influyente senador Phil Gramm, de Texas, quien se opone a cualquier programa de indulto, ha estado hablando con funcionarios de la Casa Blanca sobre el tema. Larry Neal, vocero del senador texano, comentó hoy a La Jornada que aunque Gramm sigue opuesto a la amnistía, está dispuesto a escuchar las propuestas mexicanas sobre la regularización de la calidad legal de los inmigrantes de ese país.
"La regularización es un término inventado en México cuyo propósito principal fue permitir a la gente discutir. Nadie jamás ha definido qué es la regularización", comentó Neal a este diario. "No pretendemos saber qué significa. Si es una amnistía, nos oponemos". Pero, agregó, si se trata de algo diferente, el senador está preparado para escucharlo.
Sin precedente en EU, la negociación bilateral
Precisamente porque cualquier cambio fundamental de la política migratoria deberá ser aprobado por el Congreso, las decisiones para la propuesta de reforma que está elaborando la Casa Blanca se tomarán con base en un cálculo doméstico, y no por el resultado de la negociación con México. Al mismo tiempo, el hecho de que las propuestas estarán basadas en una negociación bilateral no tiene precedente en la historia estadunidense, afirman los expertos.
Y, reiteran políticos y analistas, el debate sobre una reforma de la política migratoria estadunidense fue, a fin de cuentas, detonado y llegó a estas dimensiones por la iniciativa mexicana. Sus resultados, sin embargo, estarán determinados por las fuerzas y corrientes políticas estadunidenses y el cálculo de los estrategas del gobierno de Bush, así como de los legisladores, sobre los costos y beneficios de estas iniciativas para sus propios futuros políticos.