JUEVES Ť 9 Ť AGOSTO Ť 2001
Orlando Delgado Selley
Las operaciones reportables del Fobaproa
En julio de 1999, el auditor M. Mackey entregó a la Cámara de Diputados los resultados de la auditoría practicada al Fobaproa. El informe presentado incluía un análisis sobre el desempeño bancario de la década, el ambiente en el que se desarrolló la operación bancaria después de la privatización y, por supuesto, detallaba la operación del Fobaproa y calificaba la calidad de la cartera que los bancos cedieron. En esta última parte se incluyó la lista detallada de las operaciones crediticias que el auditor consideró irregulares y que denominó "operaciones reportables"; el informe levantó una polémica importante que llevó a que se formalizase que el IPAB debía regresar los créditos reportables a los bancos cedentes, aceptando que pudiesen ser cambiados por créditos recuperables.
Esta información se entregó a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y ésta la turnó en ese momento al IPAB, para que pudiese cumplir con lo que señala el artículo V transitorio de su estructura legal; a los cinco grupos parlamentarios se les entregó una clave que solamente utilizada en conjunto permitía accesar al disco compacto que contenía el listado. De esa manera, Mackey obligó a los grupos parlamentarios a tener un acuerdo unánime para poder conocer el contenido del disco; por supuesto, el acuerdo no era posible dada la actitud de las bancadas del PRI y del PAN.
En el curso de la campaña electoral, luego de que se contaba ya con las claves de cuatro de los cinco grupos, en uno de los debates entre los candidatos Fox entregó a Ricardo Rocha la clave del PAN con lo que la famosa información sobre las operaciones reportables podía ser conocida. La clave entregada resultó falsa, de modo que el misterio permaneció. El IPAB, mientras tanto, poseedor de la información y con una responsabilidad perfectamente establecida, se mantuvo a la expectativa; las operaciones reportables no fueron regresadas a los bancos, por lo que permanecieron como cartera que genera intereses que los causantes pagamos, sin que hubiese la menor explicación por parte de los vocales ni del secretario ejecutivo del IPAB.
La venta de Banamex logró que el rescate bancario se convirtiera nuevamente en un tema que obligaba a todos los actores políticos a definir con claridad su posición, en un contexto en el que el PRI ha perdido el gobierno, lo que hace más cuestionable la administración zedillista, al tiempo que el nuevo gobierno puede plantearse la revisión de un rescate bancario que resultó extraordinariamente costoso. Además, en el IPAB se abrieron contradicciones fundamentales entre los vocales y el procurador fiscal, quien cuestionó abiertamente su desempeño dado el conflicto de intereses existentes por sus actividades en bancos que cedieron cartera al Fobaproa o que fueron beneficiados por alguna operación del propio IPAB.
Así las cosas, por fin, dos años después, la información se ha entregado a los grupos parlamentarios, los que bajo su responsabilidad podrían hacerla pública. Los panistas que instrumentaron la creación del IPAB, tratando de enterrar al Fobaproa, han advertido que publicar la lista de operaciones reportables puede ser injusto con quienes ni siquiera saben que estaban en las entrañas del Fobaproa; olvidan que se trata de las operaciones reportables, créditos que, según el análisis realizado por Mackey, eran irregulares, por lo que correspondía al IPAB la responsabilidad de eliminarlos de su cartera y regresarlos a los bancos.
Esta obligación no la ha cumplido el IPAB, violando flagrantemente su normatividad, con el conocimiento pleno de esos legisladores de Acción Nacional, quienes han permanecido en silencio; esto, por supuesto, no les parece injusto, pese a que hemos venido pagando intereses por créditos ilegales e ilegítimos. Están tranquilos, ya que las obligaciones legales, en su opinión, han prescrito, en la medida en que fueron créditos contratados en 1993 o 1994; legalmente es discutible esta interpretación que considera prescritas operaciones que siguen causando un costo al erario público, lo que hace útil la información y pudiera permitir acciones para recuperar los recursos públicos gastados. Pudiera, también, evidenciar los créditos otorgados a empresas fantasmas para financiar las campañas políticas de Zedillo y Roberto Madrazo; por ello, resulta revelador que los panistas hayan accedido a abrir el Fobaproa justo dos días después de las elecciones en Tabasco.