Ť Descartan delegados estadunidenses moratoria a la pena de muerte

Demanda comité de la ONU a Estados Unidos evitar maltrato a indocumentados mexicanos

Ť Analizan expertos cumplimiento de la convención para eliminar la discriminación

KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL

Ginebra, 6 de agosto. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) pidió a las autoridades estadunidenses evitar el maltrato a indocumentados mexicanos, el acoso y la violencia por parte de los agentes fronterizos, así como por rancheros sureños.

Asimismo, eliminar la discriminación por raza y color en el acceso a la justicia, vivienda, educación y empleo para los inmigrantes y sus familiares.

El alto número de detenciones de hispanos y la alta concentración de presos de origen latino en las cárceles estadunidenses, así como las penas de muerte ejecutadas en mayor número contra minorías étnicas, fueron analizados por el CEDR ante la delegación de Estados Unidos, la cual presentó su primer informe sobre la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, de la que es integrante desde 1994.

Entre otras áreas en las que Estados Unidos debe velar por un mejor cumplimiento de la Convención, los 14 expertos del CEDR citaron la pena de muerte, la discordancia entre leyes federales y estatales, libertad de expresión ­que permite trasmitir mensajes racistas­ y el perfil de raza como mayor impedimento para hacer valer los derechos.

El CEDR concluyó tres sesiones dedicadas al informe que fuera presentado el pasado viernes 3 de agosto por Ralph F. Boyd Jr., asistente del procurador general para los Derechos Civiles, y dado a conocer por Michael E. Parmly, asistente principal del secretario para la Democracia, Derechos Humanos y Empleo de Estados Unidos. Las conclusiones y recomendaciones serán emitidas el 17 de agosto.

A pregunta expresa sobre la pena de muerte, que parece imponerse a mayor número de personas de minorías étnicas, Parmly respondió que "el gobierno no tiene planes de imponer una moratoria a la pena de muerte". Indicó, asimismo, que los sistemas federal y estatal monitorean que la pena de muerte no sea dictada por prejuicios racistas.

Según los expertos, indios americanos, negros, hispanos y asiáticos son objeto de discriminación racial en los rubros de acceso a la justicia, a la educación, a una vivienda adecuada y a un empleo digno.

El relator para Estados Unidos dentro del grupo de expertos del comité, Yuri A. Rechetov, recordó a la delegación que la convención otorga protección por igual a los derechos de los inmigrantes legales o indocumentados.

"El gobierno de Estados Unidos ha emprendido negociaciones históricas con México, a fin de asegurar que aquellos que cruzan nuestra frontera sureña en forma ilegal sean tratados con humanidad", expresó Boyd Jr. al comité.

Añadió que "los presidentes Bush y mexicano Vicente Fox han establecido un número de iniciativas importantes (para el trato humano a los indocumentados) y los miembros de los gabinetes de ambos gobiernos se están reuniendo regularmente para implementar nuevas políticas".
Parmly, por su parte, aseguró que "en forma clara y sin ambigüedades el gobierno de Estados Unidos está contundentemente opuesto al racismo en todas sus formas y manifestaciones", y añadió que su país "está totalmente comprometido en ser el líder mundial en la causa de los derechos humanos".

Sin embargo, el relator Rechetov encontró "difícil aceptar la afirmación subjetiva de que las políticas y las instituciones de Estados Unidos respetan plenamente las disposiciones de la convención". Sobre todo, dijo, cuando el gobierno tiene dudas respecto de artículos clave como el relacionado con la difusión de mensajes racistas, por ejemplo el del Ku Kux Klan, el cual plantea la superioridad de la raza blanca.

Así, el representante estadunidense se dijo en desacuerdo con esa opinión, porque la irrestricta libertad de opinión "forma parte intrínseca de nuestra democracia" y se acepta tanto como "un acto de fe" donde no hay espacio para la censura.

En respuesta a las preguntas sobre el trato a los indocumentados mexicanos, el representante norteamericano declaró que existe, tanto en la Constitución como en las legislaciones estatales, una amplia gama de previsiones que garantizan los derechos de todos los migrantes, cubriendo todas las áreas: laboral, residencia, educación, acceso médico y otras protecciones tanto para los migrantes legales como para los temporaleros que ingresan para trabajos en la agricultura o pesca.
También, indicó, existe un programa especial para detener la violencia y los tribunales encaran procesos a agentes fronterizos que han participado en actos de violencia, maltrato o abuso.