MARTES Ť 7 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Del exterior del penal les lanzan pelotas "rellenas"

Crece 90% cifra de reos de La Mesa a quienes la heroína "les cae del cielo"

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 6 de agosto. De 1999 a la fecha se incrementó 90 por ciento la cifra de internos de la penitenciaría del estado en esta ciudad a quienes la droga les cae del cielo. Frecuentemente los guardias detectan bolsas de plástico y pelotas de tenis rellenas de estupefacientes arrojadas a los reos desde el exterior del penal, ubicado en populosa zona de la delegación municipal de La Mesa.

Según estimaciones oficiales, son adictos a drogas como la heroína y el crystal al menos 70 por ciento de los más de 6 mil 400 reclusos del lugar, que comparten su prisión con unas 116 familias que incluyen una cifra indeterminada de menores, hijos de los internos.

Los problemas de drogadicción y tráfico de sustancias prohibidas en el llamado Pueblito La Mesa es grave. Según las autoridades, de no existir el comercio de sustancias prohibidas podría ocurrir un motín en la prisión construida en 1957 para mil 800 internos.

Pese a la situación, los directivos del penal afirman que no existe tolerancia en cuanto al acceso al sitio. Indicaron que se revisa a todos los visitantes, que en un día festivo pueden ser más de 2 mil, además que semanalmente se practican revisiones de barracas por secciones en busca de mercancía prohibida.

Sin embargo, es muy difícil controlar el acceso de sustancias prohibidas por las características del Pueblito La Mesa. Los estupefacientes llegan arrojados del exterior o en los genitales de algunas mujeres que los entregan durante las llamadas visitas conyugales.

"Este escenario convierte en aberrante la presencia de menores de edad dentro del penal", aseveró en entrevista el procurador de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, Raúl Ramírez Baena. Para el ombudsman estatal, es inaceptable la presencia de familias en un ambiente "de corrupción y perversión".

Durante años, las distintas administraciones públicas han prometido remover a las familias que allí viven, sin que ello suceda hasta la fecha bajo el argumento de no hay lugar para enviarlas. Pero advierten, además, que retirar a los familiares provocaría malestar entre los reos y detonaría un conflicto similar al de cuando autoridades de la penitenciaría estatal han pretendido evitar que ingresen al sitio bebidas alcohólicas y estupefacientes.