MARTES Ť 7 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Inadmisible, la petición sobre el caso del general Prats
Rechaza la Corte Suprema de Chile extraditar a Argentina a Pinochet
ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL
Santiago, 6 de agosto. La Corte Suprema de Chille rechazó extraditar a Argentina al ex dictador Augusto Pinochet y a otros seis de sus colaboradores, vinculados al asesinato, en Buenos Aires, del ex jefe del ejército chileno, general Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert, en septiembre de 1974.
La segunda sala de la Corte declaró "inadmisible" la petición argentina en una resolución acordada por tres votos contra dos, sobre la base de que no existe un proceso formal abierto en Argentina contra Pinochet y los otros acusados, miembros de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (Dina).
Así, el máximo tribunal dictaminó que antes de revisar una eventual extradición del ex dictador a Argentina, la justicia de ese país debe acreditar que está sometido a proceso.
"Esto nos dificulta y nos retrasa en el tiempo la posibilidad de hacer justicia en un caso en el que existen todos los elementos de prueba", señaló la abogada Pamela Pereira, representante de las hijas del matrimonio Prats, aunque adelantó que la Cámara Federal de Buenos Aires cumplirá el requisito de abrir un proceso formal para insistir en la extradición del ex dictador chileno y sus colaboradores.
La jueza argentina María Servini de Cubría envió su exhorto al justicia chilena después de que en marzo pasado encausó a Pinochet como responsable del atentado en el que intervinieron agentes de la Dina, la policía secreta del régimen militar chileno que gobernó de 1973 a 1990, de acuerdo con las investigaciones realizadas en Buenos Aires.
Uno de esos agentes, Enrique Arancibia Clavel, fue condenado a prisión perpetua en la capital argentina, al concluir un juicio en el tribunal federal el 20 de noviembre de 2000. Los otros involucrados en el proceso, además de Pinochet y Clavel, son el fundador de la Dina, Manuel Contreras, y sus subalternos Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga Neumann, José Zara, todos ellos militares, asi como María Callejas y Jorge Iturriaga Neumann, agentes civiles.
Mientras tanto, grupos de derechos humanos solicitaron a la Corte Suprema de Chile que anule el fallo que sobreseyó temporalmente el proceso contra el presidente de facto en el caso de los 75 asesinatos y secuestros de la Caravana de la muerte.
Los abogados querellantes, acompañados por un grupo de siquiatras, en reunión con la prensa señalaron que la defensa de Pinochet actuó de forma ilegal al enviar un informe elaborado por el médico siquiatra Claudio Molina Fraga, horas antes del fallo de la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que resolvió finalmente el sobreseimiento por problemas de salud
Los abogados acusadores denunciaron que ese siquiatra tiene "oscuras" vinculaciones en el caso de violación de derechos humanos, ya que está involucrado en el depósito de 15 cadáveres en la fosa común de Lonquén, el 14 de septiembre de 1979.