martes Ť 7 Ť agosto Ť 2001
Luis Hernández Navarro
El desgrane de la mazorca
Miles de campesinos se movilizarán este 8 de agosto en todo el país. El día 14 varias organizaciones tomarán el puente fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua. En Sinaloa se reanudaron las protestas de maiceros. Los piñeros de Veracruz y Oaxaca tiraron 20 toneladas de su producto en dos carreteras para demostrar su inconformidad en contra de las importaciones masivas de la fruta. La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC) promovió un amparo en contra del decreto presidencial que establece para el maíz un arancel de uno y 3 por ciento. Los cañeros acaban de desconocer a su dirigente cuando éste trató de levantar su plantón.
Muchos gobernadores, en su mayoría priístas, se han montado en la ola del descontento rural. Pretenden asumir la representación del movimiento campesino. Necesitan los recursos de los programas agrícolas para mantener el control político de sus entidades. Los agricultores sinaloenses han contado con la tolerancia y el discreto apoyo de Juan Millán. El 31 del mes pasado los mandatarios de los estados caferaleros se reunieron con el presidente Vicente Fox para analizar la problemática del aromático. Antes, el 27 de julio, varias organizaciones agrarias oaxaqueñas publicaron una Declaración del Sur -de la que rápidamente se deslindaron algunos de los firmantes-, patrocinada por José Murat.
Los funcionarios de Sagarpa -y hasta el mismo Presidente de la República- se han reunido con los inconformes. Han escuchado sus peticiones y propuestas, pero las han desestimado. Los encuentros no han modificado las políticas públicas. El presupuesto del sector -el más bajo en años- sigue sin ejercerse adecuadamente y la Secretaría de Agricultura se gobierna con decretos promulgados a través del Diario Oficial de la Federación. En las filas de los recién llegados hay bisoñería e incapacidad. Pero, según Javier Usabiaga, secretario de Agricultura, en el campo hay inconformidad, pero no crisis, y el malestar proviene tanto de la incapacidad empresarial de los campesinos como de la afectación de los intereses de sus líderes.
Las grandes empresas agroindustriales siguen disfrutando de los subsidios públicos que se otorgan al sector. Gracias a la pasada movilización campesina de Sinaloa, compañías como Cargill obtuvieron apoyos extras por 45 millones de dólares. El Estado se deshizo de las herramientas que le permitían regular la comercialización y los precios de los productos agrícolas. Ahora, las compañías agroalimentarias son las que están en posibilidad de establecer el coste de los productos agrícolas y de decidir si compran o no las cosechas.
Los dirigentes de las organizaciones campesinas tradicionales están molestos. Han perdido a cambio de nada los recursos económicos y la capacidad de interlocución que tenían con los gobiernos del PRI. No pueden dar respuesta a la presión de sus afiliados. Augusto Gómez Villanueva, el padre fundador de la Confederación Nacional Campesina (CNC) surgida del echeverrismo, resucitó como líder agrario. Heladio Ramírez busca relegirse al frente de la CNC, a costa de la unidad de la confederación.
El nuevo gobierno rompió el viejo y maltratado pacto entre el Estado y el movimiento campesino y no lo ha sustituido por otro. La nueva administración desmanteló una parte muy importante de los programas de soporte al campo sin contar con nuevas instituciones. Por ejemplo, el viejo mecanismo de apoyo a la comercialización canalizando los subsidios a través de los industriales, a los que se utilizaba como ventanilla y que, aunque de manera insuficiente, permitía a los cultivadores obtener un precio integrado y asegurar la venta de su cosecha, fue eliminado. En su lugar se estableció -recogiendo teóricamente la demanda de los agricultores- la entrega de apoyos directos a los productores. El resultado final ha sido que los campesinos tienen que absorber la incertidumbre de los precios en un mercado altamente concentrado y abierto a las importaciones. Dependen, sin cortapisas, de que los empresarios quieran comprarles su producto, al precio que quieran.
La mazorca de las relaciones entre Estado, mercado y campesinos se está desgranando. Al fracaso del gobierno de Fox para establecer un nuevo terreno de relación entre el Estado y los pueblos indígenas, habrá que sumarle el descalabro en la construcción de un nuevo puente con la sociedad rural. La desaceleración de la economía estadunidense amenaza con cerrar aún más las puertas de la migración, y con ello una de las pocas válvulas de escape del sector.
Los hilos que cosían el tejido agrario se están soltando. Las aguas del río están revueltas y son muchos los pescadores (líderes tradicionales y gobernadores, partidos y funcionarios) que pretenden cosechar en ellas. En la hora de la incertidumbre ha comenzado a emerger, en todas las regiones, un nuevo movimiento campesino. No ha confluido aún con el indígena, pero es probable que lo haga. De alguna manera vivimos, otra vez, el regreso de Emiliano Zapata.