MARTES Ť 7 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Descalifica Castro González el bloqueo de productores en Agricultura y Economía

Divide conflicto cañero a fuerzas que se disputan directiva de la UNPCA-CNC

Ť El grupo de Shattino y Lagunes asegura que dejará la protesta hasta que le paguen

MATILDE PEREZ U.

Las dos fuerzas que se disputan la directiva de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina muestran posturas encontradas en el conflicto de los cañeros con los propietarios de los ingenios. Para Francisco Castro González -cuya relección al frente de la organización está impugnada-, el pago de las preliquidaciones y liquidaciones es un asunto ya superado con la creación de los llamados Ficaña.

Luego de descalificar al movimiento de protesta que mantienen algunos cañeros frente a las secretarías de Agricultura y Economía, advirtió: "En su momento hemos de tomar las medidas que convengan para que sean desalojadas las personas que ilegalmente ocupan las oficinas de nuestra unión".

Para el grupo encabezado por Jorge Shattino y Miguel Angel Lagunes, la situación no ha variado significativamente a pesar de la "firma de acuerdos de papel" en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras, ya que de los 4 mil 500 millones de pesos que les deben los industriales "sólo han fluido 601 millones". Ayer, al cumplir 29 días de bloquear las secretarías de Agricultura y de Economía, los cañeros de ese grupo reiteraron: "No levantaremos nuestra protesta mientras no nos paguen".

En tanto, la Secretaría de Agricultura ha difundido la firma de los convenios entre la UNPCA-CNC bajo la dirección de Castro González, la Unión Nacional de Productores de Caña de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, con los grupos Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), Machado I, Grupo Azucarera Mexicana (GAM), Porres, Seoane, San José de Abajo, la Gloria e Independencia. Para su titular, Javier Usabiaga, "el conflicto ya está resuelto".

Y entre las mutuas descalificaciones de representatividad, los cañeros esperan en sus regiones la entrega de los recursos para sobrevivir y continuar con su actividad. A su vez, el gobierno federal tendrá que decidir qué acciones emprenderá ante la decisión de la Organización Mundial de Comercio para que México levante las cuotas arancelarias a las importaciones de alta fructuosa -sustituto del azúcar utilizado principalmente por la industria refresquera- e, incluso, restituya los montos impuestos a los empresarios perjudicados por esa acción "unilateral".

Los cañeros que mantienen su protesta en la ciudad de México aclararon que "en la medida en que nos paguen nos vamos a nuestras regiones". Pascual Alvarado Martínez, coordinador de uniones locales y comités de producción de caña, aclaró que si Castro González firmó los cuatro Ficaña -convenios entre productores e industriales para el pago de las preliquidaciones y liquidaciones- antes de su relección, podrían considerarlos válidos; en caso de acuerdos posteriores a su relección, no serán considerados legales por los productores.

"Para no entorpecer el pago que deben hacer los industriales, aceptaremos esos Ficaña firmados anteriormente al congreso en el que presuntamente fue electo Castro, y en ese rubro estarían los convenios con Caze, Machado I y Santos", dijo. No obstante, aclaró que "una cosa son los acuerdos en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras y otra que los recursos de Bancomext fluyan a través de Banrural".

Integrante del grupo que permaneció en las reuniones en dicha junta, Alvarado Martínez puntualizó los recursos pagados hasta ayer por los industriales: Caze (nueve ingenios); 421 millones de pesos; Porres (tres), 90 millones; ingenio La Gloria, 90 millones de pesos. En el caso del grupo Beta San Miguel, que debe 502 millones de pesos, está el acuerdo en la junta, pero no hay ningún Ficaña.

Comentó que el disgusto de los cañeros es porque "el secretario Usabiaga se está metiendo en los asuntos internos de la organización. Eso no lo aceptamos, ya estamos grandecitos para determinar a quién queremos". En el caso de "Pancho Castro sus derechos están suspendidos, y será la comisión de honor y justicia de la organización la que determine su situación; en tanto, no puede proceder a firmar ningún convenio o acuerdo con alguna institución o industriales. No puede adjudicarse una representación que no tiene", dijo Alvarado.

En todo caso, consideró, la directiva nacional de la CNC es la que podría firmar acuerdos entre la Sagarpa y la UNPCA-CNC.

A su vez, Francisco Castro González insistió en que su elección por tres años más al frente de la UNPCA fue legal y cumplió con los estatutos internos de la organización. Al congreso -realizado en Tuxtepec, Oaxaca, el 28 de julio- asistieron mil 175 delegados de los mil 344 del padrón, 12 mil cañeros y el diputado Jorge Esteban Sandoval avaló el acto en representación de Heladio Ramírez López, dirigente de la CNC.

"Los delegados asistentes llevaron la representación de 87 por ciento de los productores, el movimiento de protesta fuera de las secretarías de Agricultura, Economía y de Hacienda está encabezado por un pequeño grupo que desde hace tiempo ha intentado provocar la división de la UNPCA para arrogarse los logros que los auténticos representantes de los productores de caña habíamos alcanzado por la vía del diálogo con las autoridades del gobierno federal y con los industriales".

Manifestación, con fines políticos

En conferencia de prensa, Castro González mostró fotografías y estuvo acompañado por representantes de uniones locales. "El grupo de Miguel Angel Lagunes no tiene facultad para impedir ningún congreso ni para impugnar mi elección. No desconozco a nadie, no tengo odios ni rencores; mi mano está abierta para todo el que busque la unidad", agregó.

Pero descalificó el movimiento de protesta frente a las secretarías de Agricultura y Economía, "allí no hay productores, incluso Lagunes no tiene nada que ver con la producción de caña. El único fin que persigue ese grupo es político, no le preocupa el problema de productores". Afirmó que la protesta se inició "cuando ya estaba avanzado el acuerdo entre la Sagarpa y los industriales del azúcar, cuando ya habían mostrado voluntad de solucionar el conflicto. No estoy invitando a los cañeros de ese grupo a que retiren su bloqueo sino que ayuden a que se termine la intranquilidad en el campo cañero".

Respecto a los Ficaña, Castro González expuso: Caze tiene un crédito autorizado por 800 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 600 millones, y está por autorizarse un crédito puente de Banrural por 150 millones de pesos. Las bodegas de ese grupo siguen tomadas porque no tiene suficiente azúcar para garantizar el pago a los cañeros. En el caso del grupo Machado I obtuvo un crédito por 350 millones de pesos, han ejercido 152; el Grupo Santos logró 350 millones de pesos pero no ha ejercido ningún monto; el grupo GAM está tramitando un crédito por 180 millones de pesos, no lo ha logrado por el adeudo de 40 millones de dólares.

El grupo Porres tiene un crédito por 90 millones de pesos, de los cuales ha aplicado 40 millones; Seoane obtuvo 160 millones, de los que ya utilizó 40 millones; San José de Abajo está tramitando un crédito por 19 millones de pesos. Así, de los mil 700 millones de pesos de crédito autorizado a esos grupos, se han ejercido 832 millones.

De la actuación de Augusto Gómez Villanueva y Fidel Herrera Beltrán como intermediarios para la elección de la directiva de la UNPCA, Castro habló con menosprecio del trabajo del primero y alabó el de Fidel Herrera. Después aseguró que en su calidad de diputado e integrante de la Comisión de la Agroindustria Azucarera presentará una propuesta para restructurar dicha agroindustria. "Ese es el siguiente paso", concluyó.