MARTES Ť 7 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Es un logro nada despreciable, dicen; insta Felipe Arizmendi a continuar el diálogo
Piden obispos a zapatistas que reconozcan la ley indígena
AP
San Cristóbal de las Casas, 6 de agosto. Obispos católicos de la región sur del país pidieron a la guerrilla zapatista reconozca la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, aprobada en abril por el Congreso de la Unión.
En un despacho de prensa emitido el domingo, los prelados exhortaron a los grupos inconformes con la polémica ley indígena, a evitar inducir a la desestabilización política y social con declaraciones y acciones alarmistas.
Para los obispos, el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) reconocieron que el Congreso sería el órgano oficial que emitiría dicha la ley, que aún no ha sido promulgada.
Los zapatistas rechazaron la ley porque no cumple con las demandas de los pueblos indígenas.
Consideran los jerarcas católicos que la reforma constitucional en materia indígena "es un logro no despreciable en el camino del diálogo y la legalidad".
Dijeron que es honesto reconocer los avances que aporta la ley como la prohibición de la discriminación a las etnias y el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación.
Pero también hicieron un llamado al Congreso para que se tomen en cuenta los temas que provocaron el rechazo del EZLN, como son la autonomía, usos y costumbres y territorialidad, entre otros.
"Consideramos urgente redoblar esfuerzos por fomentar los valores culturales indígenas, el respeto y el aprecio a la pluralidad cultural, eliminar toda discriminación e intolerancia con ellos", exigieron los prelados.
El obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, exhortó a zapatistas, al gobierno y a la Cocopa, a que sigan buscando caminos de diálogo. "Si se cerró una posibilidad, hay mil más, no podemos encerrarnos en una sola", exclamó.
Arizmendi Esquivel descartó que la promulgación de la ley indígena provoque un estallido social en Chiapas, o en el país, porque México no quiere volver al uso de la fuerza como camino para resolver el conflicto.