LUNES Ť 6 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Se convirtió en instrumento clientelar y de control político
El quebranto de la banca de desarrollo refleja un muladar financiero: El Barzón
ISRAEL RODRIGUEZ
El quebranto de la banca de desarrollo por más de 100 mil millones de pesos refleja ''un verdadero muladar financiero, dado que estas instituciones se convirtieron en un instrumento clientelar y de control político, de apoyo a los amigos del régimen y en fuente financiera para apuntalar económicamente las campañas presidenciales'', denunció el presidente del Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Convocó a la ciudadanía a la movilización nacional del 30 de agosto para exigir la instalación de la Comisión de la Verdad que se encargue de esclarecer y castigar los grandes desfalcos financieros del país.
En entrevista, recordó que el 29 de enero de 1998 los dirigentes de El Barzón presentaron una denuncia ante la PGR, contra los responsables del quebranto de Nafin y se integró la Averiguación Previa 838/FESPLE/98. En su carácter de diputados federales, Alfonso Ramírez, Elba Capuccino y Liliana Flores, secretaria general de El Barzón, luego de tres años de indagatorias recibieron como respuesta de Francisco J. Amezquita Ramírez, titular de la mesa XVI-FESPLE de la PGR, la información contundente: los delitos han prescrito y la averiguación se encuentra ya en archivo.
Los asuntos más relevantes que tiene en su poder el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones de Crédito (Fideliq), que representa el Fobaproa de la Banca de Desarrollo, son los de Banrural, Nafin, BNCI, Banjército, Bancomext, Fina, Banpesca y Anagsa. El Fideliq, al igual que el Fobaproa, recibió bancos e instituciones liquidadas e intervenidas y compró cartera de pésima calidad.
Los bancos de desarrollo sufrieron quebrantos a partir de que funcionaron y operaron con las siguientes características: otorgaron decenas de miles de créditos sin garantías; inyectaron recursos para proyectos que no tenían viabilidad; financiaron proyectos inexistentes; se carecía de vigilancia y supervisión de las autoridades de la SHCP y la CNBV hacia instituciones bancarias e intermediarios.
Además, se otorgaron créditos para proyectos fuera del objeto de las instituciones; los expedientes se integraban incompletos y los procesos judiciales eran abandonados; se utilizaban los créditos para canalizar recursos económicos a las campañas del PRI o se financiaba a los intermediarios financieros como negocios de familias de los funcionarios gubernamentales.
Todas estas irregularidades y anomalías provocaron que 80 por ciento de los créditos otorgados se concentrara en cuatro intermediarios financieros no bancarios y en el 5 por ciento de los proyectos financiados, es decir, en grandes deudores.