lunes Ť 6 Ť agosto Ť 2001

Iván Restrepo

Rosalía, una víctima más

Rosalía tiene cinco años y nació sin su bracito izquierdo. Es una víctima del uso irracional de los plaguicidas. Vive con sus padres en Tenancingo, municipio del estado de México que en unos cuantos años se convirtió en importante productor de flores, actividad a la que se dedican miles de personas. La fisonomía del valle y tierras aledañas también cambió: de estar llena de milpas y áreas forestales, hoy semeja un enorme tianguis por el plástico que cubre los invernaderos donde se cultivan dichas plantas.

Pero si los cambios económicos y de uso del suelo han sido notables, no menos son los registrados en la salud de la población: hay mayor incidencia de abortos, personas que nacen con malformaciones físicas y genéticas o que con el tiempo desarrollan cáncer. Todo indica que se debe a la aplicación irracional de sustancias químicas en los cultivos de flores para controlar las plagas o para que el producto final tenga una apariencia perfecta.

Lo que sucede a poco más de cien kilómetros de la sede de los poderes federales ejemplifica la violación de los derechos humanos y otros más consagrados en nuestra Constitución. Concretamente, el derecho a la salud, a disfrutar un ambiente sano y a laborar en condiciones que garanticen el bienestar de la fuerza laboral. Sirve para ilustrar la enorme brecha que existe entre el México real y lo que dice la ley y prometen los funcionarios. Allí es inocultable la impunidad con que actúan las grandes empresas trasnacionales dedicadas a la elaboración, venta y promoción de productos tóxicos y peligrosos, algunos de ellos prohibidos en sus países de origen y otros de uso restringido en el nuestro.

Alguien podría pensar que las instancias gubernamentales ignoran lo que ocurre en la vecina entidad y que por ello no actúan como marca la ley y el sentido común para evitar daños a la salud y al ambiente. Por el contrario, saben del problema, pero en vez de resolverlo, lo ocultan. Una pequeña muestra: en abril del año pasado, el señor Gilberto López Guerrero (quien conoce las entrañas del monstruo, pues durante años fue distribuidor de plaguicidas, actividad que dejó al comprobar el daño que ocasionaban) expuso al entonces presidente Ernesto Zedillo la situación en Tenancingo. Le pidió al hoy acaparador de chambas internacionales su intervención y de sus colaboradores a fin de garantizar el cumplimiento de las casi 50 normas legales referentes al transporte, comercialización y uso de agroquímicos, y al cuidado de la salud pública y el ambiente.

Su petición terminó en manos de la Comisión Nacional de Seguridad Agropecuaria, la cual en respuesta digna de Kafka descargó la responsabilidad de lo que sucede en otras instancias exigiéndole de paso al quejoso que presentara mayores evidencias de lo que era obvio. Entre otras cosas, que se transportan plaguicidas en camiones que llevan también alimentos; que mujeres y hombres desconocen los peligros que representan tales compuestos y los aplican sin los equipos de protección requeridos; que muchas familias viven en el mismo predio o contiguo a los campos florícolas, donde se aplican irracionalmente sustancias de reconocida peligrosidad; que eluden su responsabilidad las dependencias que deben evitar esas irregularidades: desde las secretarías de Salud y del Medio Ambiente, hasta las de Agricultura, Trabajo, Comunicaciones y Transportes, y Comercio. Por supuesto, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Rosalía no es la única niña víctima de la negligencia criminal de funcionarios y empresarios. Si hoy cito su nombre es porque, a diferencia de otros padres, los suyos tienen el valor de denunciar su drama, pues no quieren que se siga afectando la salud de la gente que, en diverso grado, está en contacto con los plaguicidas.

En estos tiempos de globalización, en Tenancingo no faltan quienes atribuyen la malformación o retraso mental de los niños, los abortos o diversos padecimientos graves a la voluntad divina, mientras otras personas se niegan a hablar del drama que los afecta por temor a perder su fuente de ingresos.

En un gobierno de verdadero cambio, como el que pregona el actual, no debe haber sitio para actos oficiales y privados que van contra la población y el medio ambiente. Rosalía y muchos otros niños de Tenancingo y otras zonas del país donde los plaguicidas causan estragos piden poco: que las leyes se cumplan.