LUNES Ť 6 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Certificará el gobierno políticas de equidad en empresas
A supervisión, el respeto a los derechos laborales de la mujer
Ť Urgente, un giro en oportunidades ocupacionales: Frenk Mora
CAROLINA GOMEZ MENA
El Instituto Nacional de la Mujer comenzará a partir del año 2002 una campaña de certificación de empresas con la finalidad de promover entre éstas el respeto a los derechos laborales de las mujeres, informó Patricia Espinosa Torres, directora general del citado organismo.
En entrevista, luego de participar en el foro Violencia sobre la salud de las mujeres, la funcionaria explicó que la campaña de certificación incluirá evaluaciones respecto a la no exigencia de los exámenes de embarazo, así como al establecimiento de políticas equitativas en montos salariales y en la extensión de las jornadas laborales.
Añadió que por instrucción de la Presidencia de la República y con apoyo de las contralorías se llevará a cabo una estricta y minuciosa vigilancia en todas las dependencias federales, pues el gobierno debe ser ejemplo en cuanto al combate a la discriminación hacia el sexo femenino.
Respecto a esto último Julio Frenk Mora, secretario de la Salud, reconoció que debe darse un giro en cuanto a las oportunidades ocupacionales en el ámbito de salud y manifestó que aunque "crecientemente los prestadores de los servicios de salud son mujeres", tal es el caso de las enfermeras y las doctoras, "los estudios demuestran que la igualdad de oportunidades educativas no se traducen en igualdad de oportunidades ocupacionales", pues las mujeres están subrepresentadas en puestos de decisión, en ciertas subespecialidades, lo que evidencia que hay una estratificación por género en las profesiones médicas.
Lo anterior -dijo- contrasta con el hecho de que "hoy la mayoría de los estudiantes de medicina sean mujeres". De ahí, también la importancia de que en las instituciones públicas de salud, en principio, se le valore de manera equitativa.
Por su parte, Espinosa Torres detalló que se prevé tomar como modelo de certificación de empresas desarrollado en España, por lo que el primer paso será comenzar negociaciones con las cámaras empresariales con la finalidad de concientizarlas para que se adhieran al programa.
El primer paso -explicó la funcionaria- será elaborar un diagnóstico a nivel nacional de la situación de la mujer en el trabajo, y el costo que para las industrias tiene su contratación, pues -expuso- en contra de lo que piensan los patrones, la experiencia internacional ha demostrado que contratar mujeres representa para las empresas "30 por ciento de ahorro", pues aunque éstas son susceptibles de pedir licencias maternas, su rendimiento y sobre todo responsabilidad, que se traduce en menos ausencias, genera importantes disminuciones de gastos.
La intención es que a cada empresa se le certifique con un "sello de equidad", siempre y cuando se verifique que la empresa en cuestión cumpla con una política de pago justo de salarios y la imposición de un horario de la misma extensión en horas entre hombres y mujeres.
Aunado a lo anterior se promoverá un sistema de denuncia para monitorear y sancionar a funcionarios que no respeten a las mujeres en cualquiera de los ámbitos, así como que éstas cuenten con mecanismos que les den garantía de que no serán víctimas de discriminación.
Cabe mencionar que la mayor parte de las mujeres laboran en el mercado informal, en el cual su participación ha tenido un incremento desde 1970 a la fecha de 17 a 38 por ciento y en lo que concierne en ocupaciones en organizaciones políticas, sindicales o asociaciones civiles la proporción de mujeres es también inequitativa, ya que sólo 13.6 por ciento de éstas áreas son presididas por mujeres. En lo que concierne a la situación laboral en las maquiladoras, en algunas, además de los bajos sueldos, las féminas son sometidas a degradantes prácticas para conservar sus empleos, tales como las pruebas mensuales de no gravidez o bien la de la toalla sanitaria.
También, Espinosa Torres comentó que para contribuir al combate de la desinformación en la sociedad y promover la denuncia de delitos contra las mujeres, el instituto que dirige iniciará la segunda fase del Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar, por lo que está en formación una red nacional de salud de las mujeres en el que participan además de la Ssa, organizaciones no gubernamentales.
La intención es desarrollar trabajos de investigación, sensibilización y capacitación que tiendan a disminuir el ejercicio de prácticas violentas. En este marco el Consejo Nacional de Salud realiza actividades para la difusión de la norma oficial mexicana: prestación de los servicios y criterios para la atención de la violencia intrafamiliar. Así, en cada estado se emprenderán campañas de prensa, radio y televisión para promoverla, y se impartirán cursos de capacitación para el personal de salud.