Luis Javier Garrido

©El acuerdo

El acuerdo político que el gobierno de Vicente Fox busca nerviosamente con los partidos, y que en las últimas semanas se ha estado discutiendo en la Secretaría de Gobernación, no constituye de ninguna manera un pacto que refleje los intereses de la sociedad para construir un régimen político democrático, sino que es un simple arreglo cupular para establecer las bases de la futura repartición del poder y la forma como se pueden alcanzar consensos en las cámaras, lo que desde los años del salinismo se ha dado en llamar "la gobernabilidad". Por lo mismo, no es un acuerdo en favor sino en contra de los intereses de los mexicanos.

1. El problema fundamental que afronta el país con la consolidación de Vicente Fox en la Presidencia de la República no está en el hecho de que en un afán de hacerse propaganda esté ejerciendo el cargo de manera indecorosa y de que, obsesionado con lo que le es redituable en el aspecto propagandístico, no esté enfrentando los graves problemas nacionales, dejando la responsabilidad de ello a los intereses trasnacionales. O de que no tenga más proyecto político que el de terminar con los restos del PRI, a fin de poder alcanzar una mayoría absoluta en el Congreso en el 2003, sino en algo que caracterizó también a los gobiernos priístas de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, a los que la administración foxista se parece tanto: el hacerse el "legalista", pero pretender situarse con un ánimo patrimonial por encima de la legalidad constitucional del país.

2. El gobierno de Fox se ha caracterizado desde su inicio no por una imaginaria vocación democrática, que resulta evidente que no tiene, sino precisamente por su desprecio al orden constitucional de México, pues ante la imposibilidad de modificarlo como quisiera intenta, como sus predecesores, ignorarlo y gobernar por la vía de los hechos: por decreto, por reglamento o por acuerdo, y sobre todo por arreglos con las otras fuerzas políticas y sociales al más puro estilo salinista. De ahí que la prioridad de Fox en sus primeros meses de gobierno haya sido negociar con los partidos el respaldo a sus iniciativas.

3. El gobierno ha pasado de la ambición de alcanzar un imaginario "pacto de transición a la democracia", que debería haber sustentado según sus panegiristas una nueva legalidad constitucional, a la más moderada pretensión de arreglarse en lo oscurito con las fuerzas políticas "de oposición" (que no son otras que PRI y PRD), para llegar a lo que las voces del régimen llaman un "acuerdo de gobernabilidad", el que no debería tener más que un objetivo: permitirle a Fox seguir imponiendo su voluntad al Congreso.

4. El riesgo fundamental que prevalece hoy en día en México es, por lo mismo, que más allá de la retórica oficial sobre el cambio estemos pasando de un régimen consensual a otro régimen político de arreglos a espaldas y en contra de los mexicanos. Y, lo que es todavía más grave, que sea como el anterior: un régimen al margen del estado de derecho.

5. La cultura de la ilegalidad prevalece entre los nuevos gobernantes y en los grupos dominantes, y por ello a nadie parece extrañarle que Fox ofrezca en Washington modificaciones a la Constitución mexicana sin tener atribuciones para ello o que busque desconocer acuerdos y tratados internacionales con la lógica de que los intereses de las empresas pueden prevalecer en México sobre los derechos de las comunidades y de los individuos. Y no hay quien se sorprenda tampoco, porque dándole una interpretación sesgada al marco constitucional sobre la Guardia Nacional la Sedena impulse la creación de nuevos grupos paramilitares en el país (Milenio, 1 de agosto).

6. La violación a la legalidad constitucional es posible por la tolerancia de la sociedad civil, aun en los casos que parezcan insignificantes, como acontece en la reforma por decreto que pretende hacer Fox de la administración pública, sintiéndose acaso en la época de las monarquías absolutistas, y que la prensa ha avalado siguiéndolo en la ilegalidad. Desde el inicio de su gestión, y tratando de imitar al sistema estadunidense, Fox otorgó a varios de sus asesores (Sojo, Aguilar Zinser, Sarukhán, Elizondo) pomposos nombramientos y poder jerárquico de hecho sobre diversos secretarios de Estado, lo que les hizo a varios asumirse como verdaderos "vicepresidentes de la República", aun en el plano internacional, siendo que no son más que simples ayudantes del Ejecutivo, sin función legal alguna que sólo el Congreso puede conferirles. Xóchitl Gálvez, por ejemplo, quien no es nadie en la administración pública, se atrevió incluso a presentarse ante los legisladores como responsable de una oficina que no existe legalmente y usurpando funciones que no le corresponden, para tratar de confundir aún más sobre la paz en Chiapas y en el país.

7. El desdén del nuevo gobierno por la legalidad lejos de declinar va en aumento, y no resulta por ello sorprendente que con un desbordado espíritu patrimonialista Fox pretenda ahora que su esposa, Martha Sahagún, ejerza funciones de gobierno sin tener facultades para ello, pues tras una amplia campaña propagandística, presentándola como una Evita mexicana, ella anunció su intención de inmiscuirse en las responsabilidades de varias dependencias de Estado, lo cual sería violatorio del marco legal del país, pues no tendría facultad alguna para ello.

8. El hecho de que la única modificación constitucional impulsada por Fox en estos meses, que es en materia de derechos y cultura indígenas, sea contraria a los ordenamientos internacionales y en vez de garantizar el derecho de los pueblos indios de México a la autonomía busque coartárselo, constituye un ejemplo claro de lo que es el nuevo gobierno.

9. Fox pudo haber sido un buen vendedor de Coca Cola y un regular candidato presidencial, pero está resultando un pésimo gobernante, y la única manera de evitar que siga destruyendo al Estado, desmantelando a la nación y entregando el patrimonio al exterior es la de que todos asuman sus responsabilidades.

10. Los partidos políticos no parecen tener mucha claridad de lo que está pasando en el país, pero muchos sectores de la sociedad civil sí la tienen y ese es el desafío para el futuro inmediato.
 
 

Este artículo está dedicado en recuerdo de Rosa María Solórzano