sabado Ť 4 Ť agosto Ť 2001

Miguel Concha

Contra la cultura de la muerte

Providence, RI. En este país, en el que han sido ejecutados 683 seres humanos desde que fue restaurada en 1977 la pena de muerte, y en el que han sido sentenciados 3 mil 700 prisioneros hasta el 1Ɔ. de enero de este año, la mayoría de los cuales son jóvenes, sin recursos o pertenecientes a minorías étnicas, el Capítulo General de los dominicos prepara una declaración pública contra la aplicación de este castigo cruel e innecesario, pidiendo su abolición inmediata y en cualquier circunstancia a todos los Estados de la comunidad internacional o una moratoria sin tardanza a los que no la han abolido.

En la declaración se basan en la toma de posición que su orden ha hecho en estos días ante la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU, por medio de su delegado permanente. En ella recuerdan que la pena de muerte no únicamente destruye la vida de la persona a la que se le aplica, sino que también atenta contra la dignidad de los ciudadanos, a nombre de los cuales se pronuncia o se ejecuta, y que a menudo se aplica en forma discriminatoria, en perjuicio de los más débiles, generacional, étnica, cultural y socialmente hablando. Reiteran igualmente que no es disuasiva, y que por su carácter irreversible priva a la sociedad de todo medio de revisión en caso de error judicial. Impone entonces a los ciudadanos, en nombre de los cuales se dicta el veredicto, la responsabilidad de la muerte de un inocente. La pena de muerte además priva desde luego al condenado de toda posibilidad de enmendarse y de la capacidad de reparar el daño causado a la víctima, a sus familiares y a la sociedad.

En el pronunciamiento presentado en Ginebra, con la firma de 15 congregaciones religiosas dominicas de Estados Unidos, se establece que un estudio estadístico dirigido por la ONU en 1988, y actualizado en 1996, revela que no hay relación entre la aplicación de la pena de muerte y la reducción del crimen, y que por lo mismo no existe evidencia científica alguna que apoye su efecto disuasivo. La propia Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha concluido, incluso recientemente, que no hay aparente disuasión que pueda relacionarse con la amenaza o aplicación de la pena de muerte.

El pronunciamiento recuerda además que desde su reinstalación en Estados Unidos, únicamente 93 personas han sido rescatadas de ella en 22 de los 38 estados que la incluyen en sus leyes, y que un número significativo de prisioneros fue ya ejecutado, a pesar de que había serías dudas sobre su culpabilidad.

En el Capítulo General se prepara también otra declaración que llama a una revisión de las sanciones económicas que pesan sobre algunos Estados, como Irak o Cuba, por los efectos devastadores que ellas causan en la población civil, sin lograr ningún mejoramiento en las condiciones de seguridad de esas regiones, contribuyendo por el contrario en el mantenimiento de un clima de violencia dentro de la comunidad internacional. En el caso de Irak, la declaración subraya que la propia ONU reconoce que éstas violan el derecho internacional y atentan contra las poblaciones que tiene por misión proteger, y recuerda que según datos de la propia organización, 500 mil niños de menos de cinco años han muerto como consecuencia de su implementación, únicamente entre los años 1991 y 1995. La declaración pide a las partes que busquen otros medios no violentos para resolver sus conflictos, y a los responsables políticos de los países concernidos, así como a sus ciudadanos, que hagan todo lo posible para acabar con este tipo de sanciones indiscriminadas, que golpean tan gravemente a las poblaciones civiles.

En el Capítulo General se prepara además otra declaración pública a propósito de la lucha contra el sida en los países pobres. En ella se pide a Onusida que actúe por todos los medios ante las industrias farmacéuticas y los Estados, con el fin de establecer una política eficaz en la lucha contra el sida en esos países, activando el Fondo de Apoyo Terapéutico Internacional. A los gobiernos de los países más ricos les pide también que, en concertación con las mayores firmas farmacéuticas y la ONU, encuentren medios que permitan asegurar el acceso de los más desfavorecidos a los tratamientos médicos, y que concedan la cancelación total o parcial de la deuda de los países pobres, con la condición de emplear esos recursos en la lucha contra el sida.