sabado Ť 4 Ť agosto Ť 2001
Alberto J. Olvera
Los movimientos campesinos en la transición política
La crisis generalizada del agro mexicano ha creado las condiciones necesarias para una reanimación de los movimientos sociales en el campo. Las protestas se multiplican de norte a sur y de este a oeste del país. Esta nueva onda expansiva campesina coincide con las protestas que empiezan a surcar el territorio nacional a raíz de la aprobación de las insuficientes reformas constitucionales en materia de derechos indígenas. La paradoja del momento es que, a falta de una dirección nacional propia y de capacidades organizativas y recursos económicos, buena parte de los grupos campesinos activados pueden ser dirigidos y/o aprovechados por organizaciones corporativas y algunos gobernadores priístas ambiciosos. El reto de los nuevos movimientos indígena y campesino es evadir el riesgo de la instrumentalización política y constituir un verdadero polo autónomo de poder social.
Diez años de una política neoliberal a ultranza impulsada por los gobiernos de Salinas y de Zedillo han dejado una secuela de inviabilidad económica y miseria generalizada en el mundo rural. El gobierno de Fox ha heredado esta crisis, acentuada este año debido a la brutal sobrevaluación del peso y a la ausencia en el nuevo gobierno federal de ideas, programas y recursos para enfrentar la emergencia generalizada. Al mismo tiempo, el gobierno ha suspendido el financiamiento oficial que recibían casi todas las organizaciones campesinas del país, oficiales e independientes. Esta dependencia económica había ayudado a los gobiernos de Salinas y de Zedillo a mantener bajo control a los grupos organizados, muchos de los cuales habían actuado como termómetros de la crisis, ayudando a apagar fuegos regionales y locales, pero sin tener la capacidad de modificar las políticas públicas del sector. Esta ruptura dejó al gobierno foxista sin antenas y sin mediaciones confiables para atender con rapidez los conflictos críticos entre los campesinos. El espacio político abierto en el campo es por ello enorme y alguien tiene que llenarlo.
Mientras tanto, el pésimo manejo político de la reforma constitucional en materia de derechos indígenas ha abierto otro espacio político en el mundo rural, de igual o mayor urgencia y centralidad que el anterior. Una reforma incompleta, una abierta división política en el PRI respecto a cómo enfrentar este problema, una semejante disputa en el gobierno federal, un EZLN encerrado políticamente, grupos armados ultraizquierdistas en espera de su oportunidad, un movimiento indígena nacional aún incipiente en la mayor parte del país, son factores que constituyen un coctel explosivo para el cual no existen hoy dispositivos políticos efectivos.
En este contexto hay que ubicar la Declaración del Sur, iniciativa de organizaciones campesinas de Oaxaca, que han llamado a crear una articulación nacional campesina e indígena, y que han invitado a una gran movilización nacional. Diversos intereses confluyen en esta iniciativa, pero la magnitud de los recursos invertidos en desplegados y en la creación y activación de redes habla de un fuerte apoyo económico del gobierno estatal de Oaxaca. Este mismo gobierno, tanto en su rama ejecutiva como en la legislativa, ha tomado la iniciativa legal para plantear una controversia constitucional contra la legislatura federal en materia de derechos indígenas. El gobernador José Murat y el líder legislativo Ulises Ruiz, un madracista de primera línea, son personajes que están aprovechando los espacios políticos disponibles para fortalecer su propia posición dentro de un PRI dividido y carente de dirección política.
La activación del mundo rural puede posibilitar una alianza entre sectores del PRI y del PRD que quieren colocar al gobierno de Fox bajo un sitio político total con miras a su rápida deslegitimación, sin preocuparse demasiado por el carácter incompleto de la transición política. El problema aquí es que dada la actual correlación de fuerzas, la probabilidad de una restauración del poder priísta en su vertiente populista es mayor a la del fortalecimiento del PRD, dada la mayor extensión de las redes clientelares del PRI y su enorme poder económico al gobernar aún 18 estados y la mayoría de los municipios.
Sin embargo, desde la perspectiva de los movimientos campesinos regionales, la coyuntura es favorable y única. Un apoyo para crear redes nacionales y articular las luchas hoy dispersas es indispensable para avanzar. El reto es mantener su autonomía, acercarse al movimiento indígena, y crear un polo social capaz de impulsar una transición política no elitista, es decir, un régimen político en el que los intereses populares se expresen en leyes, compromisos sociales y políticas públicas que permitan resolver los gigantescos déficits en materia de justicia social y de participación ciudadana en la vida pública. Pronto veremos si los nuevos líderes campesinos pueden hacer valer su voz por encima de la de los políticos tradicionales.