SABADO Ť 4 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Proyectan conformar subprocuraduría que atienda casos de delincuencia organizada
Propone PGR sistema de protección a personas
Ť Modificarían reglamentos sobre pago de recompensas e incluso cambio de identidad
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La Procuraduría General de la República (PGR) propuso a los procuradores del país la creación de un sistema nacional de protección de personas, que incluiría la cooperación internacional para la protección de testigos, reserva de actuaciones, pago de recompensas, apertura de cuentas encubiertas, cambio de identidad y establecimiento del "tiempo conveniente para la protección".
Lo anterior está contenido en la minuta firmada por los procuradores del país, de la cual obtuvo copia La Jornada.
Como parte de los trabajos de la primera Reunión Nacional de Combate a la Delincuencia Organizada, que se celebró en la residencia oficial de Los Pinos, se proyectó la creación de una subprocuraduría de asuntos relacionados con la delincuencia organizada, la cual conjuntaría a las fiscalías especializadas, la Policía Judicial Federal, el Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro) y la Interpol.
En la reunión también se acordó "remitir las actualizaciones al Banco de Datos de Secuestro, sin omitir a los servidores públicos involucrados en esta materia, así como las relaciones de los detenidos, procesados y sentenciados por el delito de secuestro", como uno de los trabajos interprocuradurías que permitirán combatir de manera eficiente a las bandas de plagiarios.
Las propuestas
Los procuradores del país decidieron "solicitar a la Comisión de Estatutos y Estudios Legislativos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que realice un estudio al marco jurídico vigente, en materia de Delincuencia Organizada, en los rubros de regulación de testigos protegidos, estatus, garantías, obligaciones y beneficios legales".
El tema de "reformas a la legislación sobre delincuencia organizada y su reglamento" fue expuesto por el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, Eduardo Ibarrola Nicolín.
De manera textual, la minuta de la reunión explica que las propuestas acerca de "dichas reformas versaron sobre la necesidad de reglamentar aspectos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como los testigos protegidos, contemplando en algunos casos el cambio de identidad y el tiempo conveniente para la protección, la colaboración recíproca entre las procuradurías del país, intervención de comunicaciones privadas y la facultad de atracción del Ministerio Público en los casos de delincuencia organizada.
"Decomiso de bienes, reserva de las actuaciones, ofrecimiento, evaluación y pago de recompensas, apertura de cuentas encubiertas y cooperación internacional. Para ello se realizó una invitación a las procuradurías a que aporten sus conocimientos y experiencias en la actualización y modernización de la legislación en la materia.
"Este modelo de regulación abarcaría lineamientos generales para el establecimiento de un sistema nacional de protección de personas y revisión conjunta de la regulación actual en materia de intervención de comunicaciones".
En lo que se refiere a los temas a regular dentro del reglamento de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, "se propusieron normas internas para la reserva de las actuaciones, los aspectos de cooperación internacional en materia de protección a testigos, normas para la evaluación de la reducción de sanciones, normas para el ofrecimiento, evaluación y pago de recompensas, normas para la apertura de cuentas encubiertas en el sistema financiero mexicano y normas de cooperación internacional".
Nuevo órgano de inteligencia
Al encuentro asistieron como invitados Alejandra Núñez Becerra, en representación del consejero en materia de seguridad nacional, Adolfo Aguilar Zinser, y el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Marina, vicealmirante Alberto Castro Rosas, en representación del titular del ramo, Marco Antonio Peyrot González.
Todos ellos atestiguaron la información que el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, director del Cendro, ofreció a los procuradores del país: la creación del Centro Nacional de Planeación e Información (Cenapi), "el cual tiene como principales objetivos coordinar, planear, evaluar e intercambiar información entre los tres niveles de gobierno para combatir las bandas delictuosas".
Las principales funciones de dicho organismo, según definió el encargado del Cendro, son: "consolidar y sistematizar la relativa composición de operaciones, actividades y métodos de las organizaciones delictivas; asegurar los canales adecuados para la eficiente y segura transmisión de la información entre el Cenapi y las distintas instancias de gobierno; promover el desarrollo de la más alta tecnología para la oportuna prevención de los ilícitos".
Pero no es el único proyecto que aglutinará información contra las organizaciones delictivas. La minuta menciona la creación del proyecto Orión, el cual ya está en marcha y "se encuentra equipado con las bases de datos de mandamientos judiciales, estadística criminal, personal en activo en los cuerpos policiacos", pero lo más relevante es que "dicho proyecto no tiene relación con los existentes en el Sistema Nacional de Seguridad Pública".
Entre los beneficios que se plantean para las procuradurías estatales están: contar con información actualizada sobre organizaciones delictivas y sobre los mandamientos judiciales de carácter federal y común. La información será manejada a través de un sistema de alta seguridad que la transfiere de manera encriptada (lenguaje sólo conocido por algunas personas) y posee un mecanismo que vigila quiénes lo consultan en tiempo real para identificar si se trata de alguien ajeno al sistema.