SABADO Ť 4 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Persisten denuncias de hostigamiento a civiles
Ochoa Toledo: podría aumentar la presencia militar en Chiapas
Ť Se han instalado más retenes y se realizan vuelos rasantes
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis., 3 de agosto. Se acumulan las denuncias de hostigamiento militar en los municipios autónomos El Trabajo, Vicente Guerrero, Ricardo Flores Magón y Salto de Agua, en el norte de la selva Lacandona. En particular sobre las comunidades de Roberto Barrios y los ejidos Santa Cruz, Santa María y Victórico Grajales.
Simultáneamente, el general Alfredo Ochoa Toledo, legislador federal priísta y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de visita en Chiapas esta semana, negó que en la entidad exista militarización, aunque declaró a la prensa que las tropas desplegadas en la región no sólo "no pueden retirarse", sino que incluso "podrían incrementarse, si los problemas de carácter federal (como narco e indocumentados) se tornan más fuertes".
Por su parte, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos consideró que las incursiones de elementos del Ejército federal en esa y otras regiones del estado, que se han llevado a cabo desde junio, "afectan a las personas y rompen el desarrollo de la vida comunitaria". En la zona norte de la selva Lacandona se registra una creciente actividad de grupos señalados como paramilitares, vinculados a la organización Paz y Justicia.
La Red denunció que el Ejército federal instaló puestos de control en el entronque del ejido Chancalá Zapote, municipio de Palenque, para realizar revisiones minuciosas a todos los vehículos que transitan por el lugar e interrogan a las personas sobre su procedencia y destino. De esta manera controlan el acceso a Roberto Barrios, ya que, del mismo modo, el 20 de julio se instaló en el ejido Nuevo Samaritano un campamento militar permanente; esto es, a escasos kilómetros de Roberto Barrios.
Según denuncias de los defensores comunitarios de la zona norte, el Ejército federal mantiene puestos de revisión en el crucero que se encuentra a un kilómetro del ejido Santa María, del municipio Salto de Agua, y realiza incursiones en las comunidades América, Nuevo Mundo y Luis Echeverría. "Además, los soldados se contactaron con algunas personas, principalmente mujeres priístas, para ofrecer servicios como cortes de pelo, medicinas, técnicos para componer aparatos descompuestos, y anunciaron la construcción de una clínica en Nuevo Mundo, comunidad que es el principal centro de los paramilitares afiliados a Paz y Justicia".
La Red destacó que "mientras que a las comunidades con fuerte presencia paramilitar se les brindan apoyos del gobierno, a las comunidades zapatistas se les cerca con posiciones militares".
Esta situación también se sufre en el municipio autónomo Vicente Guerrero, desde que la noche del 14 de julio, en el tramo carretero de El Clavo, el Ejército federal instaló un retén con 40 elementos aproximadamente. "Estas acciones militares se complementaron con vuelos rasantes realizados el 20 de julio, por una avioneta y un helicóptero del Ejército sobre las comunidades de El Clavo, Berea, Nuevo Yajalón, Sinaí, Lázaro Cárdenas, Vista Hermosa y Victórico R. Grajales", refiere la Red.
A la media noche del 21 de julio, el Ejército incursionó en el ejido Victórico R. Grajales, "patrullando lentamente la comunidad". De acuerdo con reportes de la Red de Defensores Comunitarios, el mismo día, proveniente de Tenosique, Tabasco, otro destacamento militar entró a la comunidad de San José Usumacinta.
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos de la zona Salto de Agua Palenque reiteró sus denuncias de la presencia militar en las principales entradas de las comunidades de Roberto Barrios, y las incursiones de tropas federales en el ejido Santa Cruz del municipio autónomo El Trabajo: "bases de apoyo y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional manifestaron su inconformidad por la presencia del Ejército federal, que se ha introducido varias veces en el ejido con el pretexto de hacer labor social".
La tarde del 25 de julio, la autoridad ejidal de Santa Cruz convocó a una asamblea, "informando a los ejidatarios de la labor social que ofrece el Ejército, y los ejidatarios manifestaron su inconformidad porque ellos durante toda su vida nunca han visto que soldados haga" este servicio.
"En los últimos días se han visto muchas incursiones militares, para continuar la guerra de baja intensidad en estas comunidades, así como también para no cumplir la ley indígena, y metiéndole miedo a las familias, para dividir a la gente que está organizada", refieren los defensores comunitarios de Palenque y Salto de Agua.
En días pasados, los defensores de la Red solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos "que mantenga la visión presente en esta zona, ya que los habitantes de las comunidades se encuentran asustados por las constantes incursiones y vuelos rasantes que lleva a cabo el Ejército federal". Debido a que estas comunidades se encuentran incomunicadas, "temen que en cualquier momento se lleven a cabo violaciones a sus derechos humanos".
En el contexto de estas denuncias, llaman la atención las declaraciones hechas en la capital chiapaneca por el general Alfredo Ochoa Toledo, legislador federal priísta y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
Ochoa Toledo, general retirado, negó que la presencia del Ejército federal en la selva y la zona fronteriza represente una militarización, "ya que ese término significa colocar a los grupos bajo un régimen militar, lo cual no sucede ni se aplica en Chiapas".
En opinión del legislador priísta, los soldados no pueden retirarse del estado, pues hay problemas de carácter federal, como tráfico de drogas e indocumentados, e incluso consideró que los efectivos militares "podrían ser más si esos problemas se tornan graves". Hizo referencia a la "obligación moral y material de cuidar la selva y los bosques, que son patrimonio de la humanidad", y en suma, negó que en Chiapas exista alguna clase de militarización.