Las comisiones de derechos humanos del país no están en su mejor momento. Cuestionadas por su parcialidad, inoperancia, inacción y hasta encubrimiento, están envueltas en una crisis de credibilidad a pesar de su corta existencia. Desde luego, hay honrosas excepciones, pero el colmo llegó cuando el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, Omar Ancona Capetillo, incapaz de contener sus fobias y prejuicios, se pronunció por el aislamiento y exterminio de las personas con sida, habiendo ya, en reiteradas ocasiones, descalificado el trabajo del Programa de sida de aquella entidad por promover el uso del condón como medida preventiva.

De suyo resulta grave que aún se discrimine y niegue el servicio en las instituciones públicas de salud a personas con VIH/sida, y resulta aún más grave que un ombudsperson, es decir, la persona encargada precisamente de proteger los derechos ciudadanos frente a los poderes públicos, se niegue, con base en sus prejuicios, a dar curso a las quejas presentadas contra esas instituciones y haga ese tipo de pronunciamientos.

Desafortunadamente, el caso de Yucatán no es único. En varios estados los enfermos con VIH/sida y sus familiares han tenido que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos debido a que en sus entidades se encontraron con ombudspersons insensibles a su situación. Resulta por ello necesario revisar los procedimientos de selección de los titulares de las comisiones de derechos humanos a fin de evitar que dichos cargos sean el resultado de imposiciones de gobernantes o intereses políticos y realmente respondan a las necesidades de la ciudadanía. La participación de la sociedad civil en el proceso de selección del ombudsperson contribuiría en mucho a construir la credibilidad de la que aún no goza la figura del defensor de los derechos humanos.