JUEVES Ť 2 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Presenta la Procuraduría programa anticorrupción

Decidirá la PGR en 30 días si procesa a Larrieta Carrasco

Ť Uso ilegal de información, el delito más común dentro de la dependencia: Vega Memije

GUSTAVO CASITILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) dará a conocer en un plazo máximo de 30 días si ejerce acción penal contra los ex titulares de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) y de la Dirección General de Servicios Periciales, José Trinidad Larrieta Carrasco y Eduardo González Mata, informó el visitador general de la institución, Carlos Vega Memije.

En conferencia de prensa, en la cual dio a conocer el Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la PGR, aseguró que la primera situación jurídica que resolverá el Ministerio Público Federal será la de Larrieta Carrasco, quien aparece como indiciado en la averiguación previa que se inició con motivo de la fuga del ex subdelegado de Chihuahua, José Manuel Díaz Pérez, de una casa en la cual estaba bajo arraigo.

Vega Memije reveló que la integración de las averiguaciones previas contra los dos ex funcionarios las tiene bajo su responsabilidad el fiscal Miguel Angel Campos, quien en los próximos 15 días podría dar a conocer el resultado de la indagatoria contra el ex titular de la UEDO, a quien la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó de violar las garantías de los empleados del penal federal de Puente Grande implicados en la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

En tanto, dijo, unos días después se dará a conocer lo relativo a Eduardo González Mata, quien ha sido acusado de alterar firmas y pruebas periciales para favorecer al ex banquero Jorge Lankenau Rocha, ex presidente del Consejo de Administración de Banco Confía, y afectar las investigaciones que la PGR realizaba para fincarle cargos por defraudación.

Por otra parte, Vega Memije aseguró que es competencia de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) dar a conocer el resultado de la auditoría practicada a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Salud (Feads), y en la que supuestamente se detectaron irregularidades cometidas durante la gestión de Mariano Herrán Salvatti, actual procurador de Justicia de Chiapas.

El visitador de la PGR informó que una de las principales áreas investigadas por irregularidades en la dependencia es la Policía Judicial Federal. Además, agregó, un total de 512 averiguaciones previas iniciadas desde la administración pasada y que estaban "congeladas" ya se han analizado. De éstas, 397 son contra igual número de servidores públicos y 56 personas han sido consignadas.

En cuanto al programa y resultado del análisis de la institución, informó que las conductas de mayor incidencia y gravedad ligadas a actos de corrupción en la PGR son: "uso ilícito de información, ejercicio indebido de la función pública, desvío del patrimonio federal, integración deficiente de averiguaciones previas y encubrimiento de conductas ilícitas".

Precisó que en lo que va de la gestión del general Rafael Macedo de la Concha al frente de la PGR, se ha realizado un diagnóstico institucional mediante el cual se detectó que 12 de 17 unidades responsables (subprocuradurías, fiscalías y unidades especializadas, entre otras) presentan áreas vulnerables o susceptibles de que se cometan actos de corrupción.

Expresó que de un total de 317 áreas en que se encuentra dividida la PGR, 82 son consideradas como "críticas" por su proclividad a la comisión de actos violatorios de la ley.

Respecto de las conductas irregulares que se han detectado en la PGR, informó que se identificaron un total de 143 formas, pero de ellas 16 son las de mayor presencia y cinco son "las que más incidencia tienen".

A este respecto, dijo, el 20.28 por ciento de las conductas irregulares detectadas corresponden a uso ilícito de la información; 16.08 por ciento a ejercicio indebido de la función pública; 11.19 por ciento a desvío del patrimonio federal; 9.79 por ciento a integración deficiente de la averiguación previa y 6.99 por ciento a encubrimiento de conductas ilícitas.

El visitador de la PGR indicó que la dependencia ha integrado un total de 199 averiguaciones previas por 298 actos de corrupción, que involucran a servidores públicos. En estos casi ocho meses de gestión, apuntó, 56 empleados han sido consignados ante jueces federales.

Luego del diagnóstico realizado, dijo, se ha propuesto desarrollar un total de 27 acciones para erradicar la corrupción en la PGR. Entre éstas destacan: la selección rigurosa de personal calificado y honesto, eliminación de la discrecionalidad en el nombramiento de delegados y toma de decisiones. También, restructuración de la dependencia, fortalecimiento e intensificación de las funciones de supervisión, evaluación y control, y estandarización de procesos en la integración de averiguaciones previas para transparentar la función del Ministerio Público Federal.

Asimismo aseguró que el programa anticorrupción tiene una visión de largo plazo y busca construir una nueva cultura en la que predominen los valores de transparencia y honestidad.

Para lograr este objetivo, reconoció Vega Memije, "se necesita de una estructura adecuada y operante, la descentralización de servicios, la contratación de ministerios públicos, agentes y peritos en cantidad y calidad, capacitación del personal, abatimiento de la discrecionalidad en la toma de decisiones y la implementación de sistemas de prevención, evaluación y control".