jueves Ť 2 Ť agosto Ť 2001
Miguel Angel de los Santos Cruz
La señal de los presos zapatistas
Desde hace una semana los cuatro presos zapatistas que se encuentran en las cárceles de Chiapas llevan a cabo un ayuno como muestra de rechazo: a la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión, contra la militarización en las comunidades indígenas chiapanecas y por la liberación de todos los presos zapatistas que aún se encuentran en prisiones de Chiapas, Tabasco y Querétaro. Al ayuno se unieron cerca de 80 presos de diferentes cárceles de Chiapas, quienes también se reivindican como presos injustamente detenidos y por ello se sienten merecedores de la libertad.
El gobierno federal asumió un compromiso: cumplir las tres señales mínimas que le demandó el EZLN para iniciar contactos con el representante del gobierno; sin embargo, las señales reclamadas no pueden entenderse hasta ahora como cumplidas a cabalidad por el gobierno federal.
La señal relacionada con la Ley de Derechos y Cultura Indígenas no se considera cumplida puesto que, aunque fue aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, no recoge los acuerdos firmados en San Andrés. Respecto al retiro de las posiciones militares, si bien el Ejército Mexicano se retiró de las siete posiciones reclamadas, esto no se tradujo en la disminución del número de tropas; es más, hoy día las comunidades indígenas han venido denunciando la instalación de nuevos campamentos militares y el aumento de los patrullajes y hostigamiento hacia las mismas.
La señal de los presos sólo fue cumplida en el ámbito estatal y únicamente fueron liberados quienes ya sostenían procesos o fueron sentenciados por delitos del fuero común.
De los presos del fuero federal sólo fueron liberados unos pocos durante los días en que el EZLN se encontraba en la ciudad de México y era claro que el gobierno federal buscaba un acercamiento con la comandancia. Otros de ellos fueron alcanzando su libertad como consecuencia de haber agotado sus procesos penales y haber demostrado su inocencia. Queda claro que el gobierno federal está castigando a los zapatistas porque no establecieron contacto con el representante del gobierno, después de la traición de la ley indígena.
El aumento de tropas y del hostigamiento hacia las comunidades indígenas empezó desde el día mismo en que el EZLN declaró su total rechazo a esa ley. Es claro que los nueve presos que permanecen en prisión, lo están porque el gobierno federal decidió no liberarlos como respuesta a ese rechazo.
De hecho, algunos de los presos zapatistas siguen tras las rejas, a pesar de que han alcanzado el beneficio de libertad anticipada, lo que refleja el carácter político de la permanencia en prisión. Este es el caso de Rafael López Santiz, quien, según el Instituto Nacional Indigenista, fue considerado para ser liberado desde noviembre de 2000. En marzo de este año, representantes del mismo instituto se reunieron con funcionarios de la Dirección de Prevención y Readaptación Social y nuevamente Rafael estuvo a punto de ser liberado, sólo se esperaba el estudio técnico por parte de las autoridades de la cárcel de San Cristóbal de las Casas, donde se encuentra preso.
Estas circunstancias reflejan el aprovechamiento político que el gobierno federal hace del caso, pues no obstante que Rafael merece su libertad desde tiempo atrás, no será liberado en tanto el gobierno no encuentre el momento político conveniente.
Los casos de Gustavo Estrada Gómez y Alejandro Méndez Díaz, presos en Cerro Hueco, se encuentran en similar situación, porque su liberación depende de trámites administrativos realizados por autoridades penitenciarias.
En lo que respecta a Salvador López Díaz, indígena tzotzil acusado de delito contra la salud, su libertad depende de que la Procuraduría General de la República (PGR) se desista de la acción penal o simplemente de que presente conclusiones no acusatorias para que el juez lo declare libre. Más aún, la PGR ha manifestado que no acusará a Salvador; sin embargo, continúa privado de la libertad.
Estos cuatro casos evidencian que la liberación de los presos se encuentra en el ámbito de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo federal. Reflejan asimismo que los presos zapatistas se han ganado su libertad; lo único pendiente es la voluntad del gobierno federal para reconocerlo así.
El gobierno debe respetar su compromiso de cumplir las tres señales mínimas para allanar el camino hacia la negociación y la reconciliación. Pero, aunque decida no hacerlo, no debe castigar más a estos zapatistas injustamente encarcelados. Deben ser liberados de inmediato.