JUEVES Ť 2 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Se entregará el martes la información del Fobaproa

Se busca reducir el costo del rescate bancario, señala García Cervantes

Ť Los contribuyentes no tienen por qué pagar créditos reportables

KARINA AVILES, ANTONIO CASTELLANOS Y RENATO DAVALOS

La información sobre el Fobaproa será entregada a los coordinadores parlamentarios y las comisiones de Presupuesto y de Vigilancia el próximo martes 7. El objetivo central será reducir el costo fiscal del rescate bancario, porque los contribuyentes no tienen por qué pagar los créditos reportables y que además, legalmente, puedan regresarse a los bancos. Con base en esta información se aprobará el presupuesto del próximo año.

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo García Cervantes, hizo el anuncio por la noche en conferencia de prensa y subrayó que una de las facultades del Congreso es la aprobación del presupuesto: ordenar, reconocer y pagar la deuda interna y externa que gravita sobre los recursos fiscales. La revisión de esta información y la obligación que tiene el Congreso de aprobar el presupuesto para el próximo año son concurrentes.

El legislador panista hizo notar que en esta acción no debe haber una actitud revanchista y descartó que el disco compacto que entregará el próximo martes pudiera estar rasurado. El mismo se encuentra en un sobre sellado con la firma de los diputados que lo recibieron. Enseguida, lo mostró a los reporteros. También consideró que la Comisión de Presupuesto se abocará a evaluar lo que podría recuperarse en un ejercicio técnico con apego a la verdad y sin orientación política.

Por otra parte, en entrevista, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Martí Batres, afirmó que el que existan créditos no sólo ilegales sino hasta delictivos, cuya acción penal haya prescrito, significa que hubo omisiones de quienes dejaron correr los tiempos para que dichos ilícitos prescribieran. Por lo anterior, ''el asunto no está muerto desde el punto de vista penal'', y por otra parte también existen otro tipo de responsabilidades de tipo político, penal y civil que abren el camino del juicio político.

Estimó que la apertura del listado podría generar una recuperación de 200 mil millones de pesos de créditos ilegales que se hicieron al amparo del rescate bancario. Será decisión -dijo- de los coordinadores parlamentarios facilitar las acciones judiciales para la recuperación de bienes, como es el caso de Banco Unión, donde el PRI tendría que devolver recursos.

García Cervantes enfatizó que los créditos ilegales no deben gravitar sobre los precarios recursos fiscales. La revisión debe estar orientada a revisar y no autorizar el pago de cantidades indebidas, pero la Cámara no puede excederse en sus facultades. No puede ir más allá, porque no es Ministerio Público.

Serán las autoridades competentes, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el propio Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), las que finquen responsabilidades de tipo administrativo o financiero. Deberán decidir las eventuales responsabilidades de carácter penal, porque éstas no corresponden al Poder Legislativo.

El presidente de la Cámara de Diputados dijo a los reporteros, sin embargo, que la Comisión de Vigilancia sí puede dar seguimiento al fincamiento de responsabilidades que otras autoridades hagan o dejen de hacer, pero no pudo precisar si el inicio de este nuevo proceso en torno al rescate bancario, que pagan los contribuyentes, pudiera dar lugar al juicio político a los funcionarios que hayan incurrido en irregularidades.

El diputado perredista destacó que lo más importante de la apertura de la información será lo que hagan después instancias como la PGR, los jueces, la Auditoría Superior de Fiscalización, la Cámara de Diputados y el IPAB. Sobre este último afirmó que ''no ha recuperado ni un centavo''.

Al concretarse la publicación de la información, agregó Batres, se dará un hecho de enorme relevancia, porque institucionalmente la Cámara nunca quiso abrir el disco. Además, significará un punto de referencia pública para lo que haga el IPAB en términos de la recuperación de los recursos y lo que realicen las autoridades judiciales respecto del fincamiento de responsabilidades, añadió. Indicó que el auditor superior de Fiscalización ha señalado que los créditos de tipo B son los que en su mayoría han prescrito.