JUEVES Ť 2 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Se basó en el criterio emitido por la Corte, dicen
Decisión histórica, abrir archivos del fondo, opinan ministros
JESUS ARANDA
La decisión ''histórica'' de la Cámara de Diputados de abrir el archivo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), se basó en el criterio que emitió la Suprema Corte en su momento, en el sentido de que el secreto bancario no opera cuando se trata de un asunto de deuda pública, como tampoco en la revisión de la cuenta pública, comentaron ministros del máximo tribunal.
El anuncio hecho el martes por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que determinó entregar a las fracciones parlamentarias el contenido de la cartera vencida adquirida por el Fobaproa, fue recibido con satisfacción por ministros de la Corte, quienes destacaron que esa acción de los legisladores tuvo su origen en la resolución de la SCJN del año pasado, en la que ordenó al entonces presidente Ernesto Zedillo entregarle a la Cámara de Diputados toda la información requerida sobre los fideicomisos de Banco Unión.
Lo importante es que con aquel dictamen de la Corte, comentaron, quedó establecido que el secreto bancario no opera cuando esté en juego un interés supremo de la nación, como lo es la revisión de la cuenta pública o un asunto de deuda pública, porque ''Ƒcómo es posible que el Congreso asuma una deuda y no se le permita conocer las condiciones de la misma so pretexto del secreto bancario?''.
Por otra parte, trascendió que el pasado 20 de julio, el presidente de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel, recibió la notificación oficial del presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo García Cervantes, donde se informaba que el presidente Vicente Fox ya había cumplido en todos sus términos con la entrega de la información requerida, precisamente de la controversia constitucional relacionada con los fideicomisos de Banco Unión.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados se había quejado hace unas semanas ante la Corte, en el sentido de que el Ejecutivo no había cumplido con la entrega de toda la información, lo que orilló al máximo tribunal a emplazar al mandatario para que cumpliera, porque de lo contrario habría iniciado un procedimiento que podría haber culminado incluso con la destitución del Presidente.