JUEVES Ť 2 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Es insuficiente para que los culpables sean castigados, afirma

Nimiedad, dar a conocer la lista del Fobaproa: Ramírez Cuéllar

Ť Critica la determinación legislativa de publicar los créditos reportables

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La determinación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de hacer pública la lista de créditos reportables que fueron incluidos en el rescate bancario es insuficiente para que los responsables del quebranto, que costará a los contribuyentes mexicanos cerca de 80 mil millones de dólares, sean castigados.

''Es una nimiedad'' el anuncio de que la lista de créditos reportables será hecha pública, afirmó Alfonso Ramírez Cuéllar, quien en la legislatura pasada presidió la comisión de la Cámara de Diputados encargada de la auditoría del rescate bancario emprendido por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, después de la crisis financiera de 1995.

La decisión de publicar la lista fue presentada como un paso adelante en la búsqueda de hacer transparente el rescate bancario, aunque la relación de créditos reportables no presenta novedad alguna.

El año pasado, la comisión legislativa integrada para investigar el rescate que realizó el extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) dio a conocer ya el listado de los créditos reportables encontrados por el auditor Michael Mackey. El reporte completo, incluso, está disponible en Internet, en la dirección http://prdleg.diputados.gob.mx.

Oculta, la verdadera intención

Ramírez Cuéllar consideró que la decisión de hacer pública una lista que desde hace un año está disponible al público en general oculta la verdadera intención de fondo, que es permitir la impunidad de quienes desde el sector público y el bancario cometieron ''el mayor fraude contra la nación. Los delitos que se cometieron al amparo del rescate bancario ya prescribieron legalmente, por lo que nada puede abonar a favor de la transparencia publicar una lista que ya es conocida".

El listado con 22 mil créditos reportables -un término que significa que hubo irregularidades en el otorgamiento del préstamo y por tanto no debieron formar parte del rescate bancario- alcanza una suma de 73 mil 775 millones de pesos, a precios de 1994. En esa relación, sólo dos mil créditos están identificados con el nombre del usuario que recibió los recursos y no pagó al banco, por lo que el pasivo fue trasladado al Fobaproa. Los otros 20 mil créditos siguen encapsulados, es decir, se conoce el monto y la institución que realizó la operación, pero no el nombre del acreditado.

''El disco compacto con la lista de créditos reportables que decidió hacer público la Cámara de Diputados es el mismo. En el disco original elaborado por Mackey esos 20 mil créditos ya venían encapsulados'', aseguró Ramírez Cuéllar.

Incluso, dijo que la veracidad de la relación publicada hace un año en Internet fue validada por el propio despacho de Mackey.

''Sería un error que el PRD se conformara con la publicación de la lista como un paso para hacer transparente la operación del Fobaproa. Lo importante es castigar a los involucrados. Pero, como los delitos ya prescribieron legalmente, lo que se requiere es un mandato especial acordado por la Cámara de Diputados para que, sin violar la Constitución, se cree un órgano encargado de impedir que los defraudadores se amparen en la prescripción del delito para evitar el castigo por el quebranto''.

Hasta ahora, ni uno solo de los personajes del sector público y privado involucrados en el costoso rescate bancario ha sido castigado. El propio presidente de los banqueros, Héctor Rangel Domene, declaró que la publicación de la lista de créditos reportables no daría ninguna sorpresa, dado que esa información ya es conocida.

En su momento, los encargados por la parte gubernamental del rescate bancario fueron: Guillermo Ortiz, ex secretario de Hacienda y actual gobernador del Banco de México; Javier Arrigunaga, ex director del Fobaproa y hoy representante de México ante la OCDE; Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Martín Werner, ex subsecretario de Hacienda y actualmente directivo de la firma financiera Goldman Sachs; Miguel Mancera, ex gobernador del banco central, y Pedro Zamora, ex vicepresidente jurídico de la Comisión Bancaria.

Por el lado de los ex banqueros, Carlos Cabal Peniche, preso en Australia, sólo enfrenta procesos por lavado de dinero y, en los casos de presuntos fraudes cometidos en Banco Unión, ya obtuvo amparos de la justicia federal. Los amparos fueron obtenidos a partir de que la Comisión Bancaria presentó a destiempo las querellas y de que el ex procurador fiscal Ismael Gómez Gordillo no acreditó su personalidad jurídica.

Jorge Lankenau Rocha, ex presidente de Banca Confía, enfrenta procesos por asociación delictuosa y no por quebranto en contra de la institución financiera. Finalmente, Angel Isidoro Rodríguez está libre, con amparos a su favor por todos los procesos relacionados con la quiebra de Banpaís.

''No hay una sola persona que esté siendo castigada o procesada por el quebranto del Fobaproa'', concluyó Ramírez Cuéllar.