MARTES Ť 31 Ť JULIO Ť 2001
Ť Resurge pugna entre el gobierno de Chihuahua y la delegada Ortuño Gurza
Sedeso asigna recursos a grupos de ultraderecha y soslaya a ONG femenil
Ť La secretaría asignará 167 mil pesos para equipamiento y operación de clínica antiaborto
MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL
Chihuahua, Chih., 30 de julio. El enfrentamiento entre el gobierno del estado y la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), María Teresa Ortuño Gurza, resurgió luego que la funcionaria apoyó la asignación de recursos de la dependencia a organismos de ultraderecha, que recibirán apoyos para un proyecto en el que plantea brindar capacitación y asesoría a mujeres embarazadas que piensan abortar.
En cambio, la Sedeso rechazó otorgar apoyos a la agrupación Mujeres por México, cuyas integrantes solicitaron recursos para un programa encaminado a la prevención de agresiones sexuales a menores de edad, en el que proponen trabajar directamente con niños y adolescentes en las escuelas brindándoles información y apoyo sobre ese tipo de delitos y conseguir, a largo plazo, la creación de redes de protección.
Concepción Landa, integrante de Mujeres por México, consideró un error rechazar un proyecto de esa naturaleza, dada la importancia de prevenir esas conductas que en los últimos años han aumentado alarmantemente en escuelas y guarderías, y a cambio se haya decidido sufragar gastos a organizaciones que ya tienen otras fuentes de financiamiento o no están enfocadas a la atención de problemas prioritarios.
Irma Campos Madrigal, dirigente del Grupo 8 de Marzo, calificó a su vez como "un insulto" la asignación de 167 mil pesos del Instituto de Desarrollo Social (IDS) de la Sedeso a organismo de ultraderecha para el equipamiento y operación de la clínica La Salle, en Nuevo Casas Grandes, donde se plantea financiar partos a madres solteras de escasos recursos económicos, brindarles apoyo y capacitación para que no recurran al aborto.
La jefa de prensa de la delegación de Sedeso, María Elena Ayala, aclaró que en el Programa de Coinversión Social 2001 se destinaron 4 millones 576 mil pesos a 27 proyectos presentados por organizaciones no gubernamentales, mismos que fueron concursados y elegidos por medio de un consejo donde participan funcionarios de la delegación e instituciones académicas del estado.
Indicó que de 57 proyectos se eligió a 27 para otorgarles financiamiento, y por la falta de participación del gobierno del estado de Chihuahua -que anteriormente aportaba 25 por ciento de fondos-, se dejó de apoyar los otros 17.
De parte del gobierno del estado, el secretario de Planeación y Evaluación, Kamel Athie, confirmó que un millón 600 mil pesos que aportaría la administración que preside Patricio Martínez García al fondo de coinversión social se usará para apoyar proyectos de organizaciones rechazadas por Sedeso.
Polémica gestión
El enfrentamiento entre Sedeso y el gobierno del estado surgió el mismo día que tomó posesión la delegada María Teresa Ortuño -identificada con el ala ultraconservadora del panismo local-, pues habría asumido el cargo sin la complacencia del gobernador, quien en ese momento convalecía del atentado que sufrió en enero pasado.
Ambos mantienen diferencias irreconciliables por el control de los programas sociales en la entidad para los que se tienen presupuestados 235 millones de pesos, destinados en su mayor parte a los sectores marginados del estado. En esa lucha quedaron bloqueados algunos programas cuya operación no inició a tiempo por los criterios encontrados entre ambos funcionarios.
Por ejemplo, al programa de vivienda Sedeso presupuestó 160 millones de pesos para el presente ejercicio fiscal; sin embargo, los recursos no se han entregado al Instituto de la Vivienda, organismo descentralizado del gobierno estatal, porque el director del mismo, Ramiro Arroyo, no entrega la documentación que da por concluido el programa de 2000.
María Teresa Ortuño ha reconocido que existen atorones en algunos de los programas, pero insiste en que el grueso de los programas están trabajando con normalidad.
Días antes de la elección del primero de julio, Martínez García arremetió contra la titular federal de Sedeso, Josefina Vázquez Mota, y la delegada María Teresa Ortuño, a quienes acusó de imprimir un sesgo político al manejo de los recursos federales en la coyuntura electoral.
La pugna inició a principios de junio, cuando la delegada puso en marcha el comité de transparencia para el manejo de los fondos asignados a la dependencia. Se acrecentó el 27 de junio con la apertura -por parte de Sedeso- de mesas receptoras de quejas para captar denuncias sobre manejo irregular de los programas con fines electorales. Y llegó al clímax el sábado 14 de julio cuando el gobernador desconoció a la delegación y a su titular.
"Para mí no hay delegación de Sedeso; no existe. El gobierno del estado no tiene interlocución con ninguna delegación en Chihuahua porque no existe", señaló.
"No voy a calificar las declaraciones del gobernador, estamos trabajando ordenadamente y permanente. Que el gobernador reclame lo que quiera... estamos trabajando. No hay retraso en el flujo de los recursos", respondió por su parte la funcionaria federal.
A esos jaloneos entre los funcionarios de origen priísta, y los federales de Sedeso, se sumaron hoy los diputados panistas que representan a Chihuahua en la Cámara federal de Diputados, quienes acudieron con el secretario de Gobierno Víctor Anchondo a pedir cuentas sobre el flujo de recursos federales a la entidad y la aplicación de los mismos por parte de las instancias estatales.
Los legisladores David Torres, Luis Villegas, Manuel Narváez y Francisco Jurado pidieron por escrito una explicación detallada sobre los dineros asignados.