martes Ť 31 Ť julio Ť 2001
Luis Hernández Navarro
El campo en llamas
En el campo mexicano, el pasado alcanzó al futuro. A Vicente Fox, el presidente que presume ser hombre de origen y vocación rural, el empresario agroexportador que llegó a ser jefe del Ejecutivo, y a Javier Usabiaga, el secretario de Estado que ha hecho fama y fortuna de explotar a la tierra y a sus hombres, les reventó su segunda gran crisis social en menos de un año de gobierno, precisamente en el campo.
Se trata de una crisis compleja en la que confluyen viejos problemas del mundo rural con medidas del nuevo gobierno que los agravan: protestas campesinas legítimas y defensa de los intereses espurios de los líderes de organizaciones tradicionales; movilizaciones de resistencia desde ejidos y comunidades con la pretensión de los gobernadores del PRI de medir fuerzas con la administración de Fox.
Cuando menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid los gobiernos priístas impulsaron un conjunto de políticas con un fuerte sesgo antiagrícola. Desde 1982 la inversión pública destinada al campo disminuyó de manera sostenida. Se privilegió la importación de alimentos por sobre el estímulo a la producción nacional. Se abrieron las fronteras indiscriminadamente sin gradualidad, sin reconversión productiva, y casi sin compensaciones. Se concentraron los recursos en el apoyo a los grandes agricultores de exportación. Se intentó meter al mercado las tierras que se encuentran en manos del sector social. Se buscó, deliberadamente, drenar la población rural e impulsar una agricultura sin campesinos.
El resultado de estas políticas fue una caída generalizada en la rentabilidad del sector agropecuario, la disminución del ingreso campesino, el incremento de la pobreza rural y el aumento de la migración. Ante la disyuntiva de optar entre las ventajas comparativas y la soberanía alimentaria, el país se quedó sin las dos.
En lugar de modificar esta orientación, el gobierno de Vicente Fox la ratificó y profundizó. Una de las primeras medidas que tomó fue vetar la Ley de Desarrollo Rural, aprobada por la pasada Legislatura. Puso al frente del sector, en un claro ejemplo de conflicto de intereses, a un amigo dedicado a la producción y exportación de ajo y brócoli, y al directivo de una fundación privada que en su empeño por promover el desarrollo rural ha cosechado una larga lista de fracasos.
Al frente de la política agropecuaria se encuentran hoy los enemigos históricos de los campesinos; los adversarios de ejidos y comunidades. Durante décadas les han disputado la tierra, el territorio, los recursos naturales y los beneficios de las políticas públicas. Su pretensión de convertirlos -al margen de su opinión, deseo o viabilidad- en "empresarios" tiene un fin: desaparecerlos.
Los nuevos funcionarios se han propuesto, además, minar la fuerza de la nomenclatura agraria tradicional. Su ofensiva, empero, no ha distinguido a las organizaciones corporativas de las asociaciones autónomas y democráticas. El nuevo gobierno quiere acabar con las organizaciones campesinas del signo que sean. Y al hacerlo le ha dado un escobazo al avispero. Con un descontento profundo y legítimo de los campesinos y con los dirigentes en peligro de perder su interlocución han comenzado a brotar luchas en el campo en todos los rincones del país, al tiempo que se anuncian varias marchas y jornadas nacionales de protesta.
La explicación oficial de este descontento es que se trata del "pataleo de quienes siempre recibían y ahora han dejado de recibir". Ciertamente, muchas movilizaciones no son genuinamente campesinas, sino que son respuestas defensivas ante la amenaza de perder canonjías y privilegios, pero todas tienen como telón de fondo un profundo malestar rural.
El PRI ya comenzó a utilizar el ascenso en la lucha campesina como terreno de confrontación con el gobierno de Fox. Para ese partido es vital conservar su fuerza en el sector. Allí tiene su granero electoral y mantiene una presencia clave. La nueva administración pretende desarticular esa influencia quitándole a los gobernadores el manejo de programas agropecuarios y de combate a la pobreza, que tradicionalmente han sido instrumentos de control político. Y el PRI no puede darse el lujo de permitir que eso suceda. Ejemplo de ello es la reunión que los gobernadores de los estados cafetaleros sostendrán con el Presidente esta semana. Los mandatarios estatales quieren no sólo delinear un programa de acción para enfrentar la crisis del aromático, sino, sobre todo, pretenden que los recursos de Alianza para el Campo, hoy bajo control de la Secretaría de Agricultura, sean recuperados por los gobiernos de las entidades federativas.
La hierba seca del campo ha comenzado a arder. Pasado y futuro coinciden en el incendio. Si el nuevo gobierno de verdad cree que se trata solamente de la defensa de los intereses de viejos líderes se equivoca. Los campesinos luchan por su sobrevivencia. Sería bueno no olvidar que el Estado mexicano moderno nació de una revolución agraria.