MARTES Ť 31 Ť JULIO Ť 2001
Ť Fue rendido en 1979 por el procurador Flores Sánchez
En 1992, la CNDH rechazó informe de la PGR sobre la guerra sucia
Ť Contiene mentiras; habla de muertos sin dar pruebas, dijo
VICTOR BALLINAS
En 1979, el entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, rindió el único informe que el gobierno ha dado sobre los años de la guerra sucia. Sobre ese informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó en 1992 que contiene ''mentiras e imprecisiones, además de que asegura que hubo muertos entre soldados y guerrilleros, sin dar pruebas de dónde fueron enterrados sus cuerpos''.
Incluso, en el Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero, del que La Jornada tiene una copia, hay por lo menos nueve casos de "desapariciones forzadas", a quienes Flores Sánchez dio por muertos, y resulta que estaban vivos en esos años.
En el informe de la CNDH de 1992, sobre la guerra sucia en Guerrero, se señala que entre los diversos obstáculos que encontraron los investigadores de la CNDH y la PGR para verificar los datos, testimonios y conocer lo que realmente ocurrió en los enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad, fue precisamente la actitud del Ejército y de los diferentes cuerpos policiacos participantes en los hechos, pues ''no hubo declaraciones oficiales que permitieran verificar lo sucedido, menos aún las bajas reales de la fuerza pública y sus nombres, mucho menos la identificación de los muertos del otro bando".
Incluso, en los resultados de esa investigación se subraya que ''varias dependencias públicas no aceptaron dar explicaciones y proporcionaron sólo informes incompletos, contradictorios o datos generales que de poco han servido para la identificación de los desaparecidos".
Otra circunstancia que imposibilitó poder identificar a los muertos, indica el informe, es que ''podemos afirmar que hubo excesos por parte de cuerpos pertenecientes a diversas corporaciones policiacas, como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, y los cadáveres eran desaparecidos a través de la incineración, arrojándolos de aviones o helicópteros al mar".
Una muestra de las mentiras del informe oficial son las siguientes:
''El 25 de junio de 1972, un grupo de diez elementos, encabezados por Lucio Cabañas y Enrique atacaron a una partida militar en el paraje denominado Arroyo de las Piñas, en las cercanías de San Andrés, resultando diez muertos y dos heridos (información contenida en casetes que Luis Suárez entregó a la CNDH, y que reconoce que el ex presidente Luis Echeverría Alvarez se la proporcionó para elaborar el libro que tituló Lucio Cabañas, el guerrillero sin esperanza).
La Secretaría de la Defensa informó: ''Un grupo de maleantes en la región de la Costa Grande disparó contra el chofer de un vehículo militar que transportaba medicina y víveres a San Vicente de Benítez, lo que ocasionó que el transporte se precipitara a la barranca, falleciendo un oficial y dos soldados. Asimismo hubo dos soldados graves", se asienta en el informe elaborado por la CNDH desde 1992.
El informe de la PGR de 1979 señala que ''se identificó a Isaías Castro Vázquez como muerto en un enfrentamiento efectuado el 27 de agosto de 1972. Cabe señalar -precisa el documento- que ninguna otra fuente menciona ese enfrentamiento. ''Rosa Castro Velázquez ha declarado que su hermano Isaías Castro Velázquez fue detenido el 27 de agosto de 1972 en San Vicente de Benítez; al ir a visitar a un familiar lo aprehendieron elementos del Ejército. Testimonio de Rosa Castro ante la CNDH y el Ministerio Público Federal en San Vicente de Beníez, Atoyac, Gro".
El entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, en el único informe oficial sobre los desaparecidos de la guerra sucia en Guerrero señala que ''Abundio y Santiago Onofre murieron el primero de septiembre de 1972 al atacar a las fuerzas públicas cerca de Atoyac de Alvarez. Los investigadores de la CNDH localizaron a María Campos Iturio Viuda de Onofre, madre de Juan Santiago y Abundio, quienes fueron detenidos por la fuerza pública en 1974, y que estuvieron desaparecidos hasta 1976. Abundio regresó por sus propio medios a su domicilio en Atoyac, dijo a su madre que durante el tiempo que estuvo desaparecido recibió un tiro en el rostro, que fue atendido por las fuerzas públicas, y una vez que sanó su herida fue puesto en libertad, desde entonces vive en Atoyac, y lleva una vida normal. Algo parecido le sucedió a Santiago Onofre Campos u Ocampo, quien fue detenido por la fuerza pública dos años y medio y después fue puesto en libertad en 1977. Desde entonces lleva una vida normal. Sobre Juan Onofre Campos u Ocampo, su madre dijo que lo volvió a ver a los tres meses después de su desaparición detenido en una escuela del poblado San Juan de las Flores, desde esa vez no ha tenido noticias de su paradero", se apunta en los resultados de la investigación de la CNDH.
Otros testimonios rendidos ante el Ministerio Público Federal y los investigadores de la CNDH: Maximiliano Nava Martínez ha declarado: ''Por el mes de agosto de 1974, vinieron los soldados acá al Porvenir, y me aprehendieron a mí y nos llevaron al cuartel de San Vicente, donde estuvimos una noche y un día, y luego de ahí nos trasladaron al cuartel de Atoyac, en donde estuvimos hasta septiembre detenidos. Ahí estaban también presos Austrebertro García Pintor, alias Miguel, y Pablo Loza Patiño, quienes permanecieron detenidos día y medio con nosotros. En la noche los sacaron, y los soldados comentaron que los tiburones se iban a dar un buen banquete con ellos. Después nada se supo de ellos".
En el informe de la CNDH de 1992 se destaca que "investigadores de ese organismo se entrevistaron con el director del Centro Regional de Readaptación Social quien emitió una constancia escrita a los investigadores de la CNDH, que señala que en los archivos de dicho centro sólo se encontró un oficio firmado por el agente del Ministerio Público Federal de fecha 5 de septiembre de 1972, mediante el cual se solicitaba al director municipal de cárceles que dejara internado en ese reclusorio a Pablo Loza Patiño. No se pudo tener evidencia de cuánto tiempo estuvo detenido Pablo Loza Patiño, ni de cuál fue el proceso penal por el que fue acusado. Tampoco se supo cuándo salió del penal''.
La investigación de dicho órgano, que se elaboró entre 1990-1992, y de la que La Jornada tiene copia -proporcionada por la Fundación 23 de Septiembre-, y que consta de 198 páginas, resalta que como ejemplos representativos de la diversidad de opiniones y la insuficiencia de información, se tuvo problemas para el esclarecimiento de los hechos en los enfrentamientos armados más significativos:
''El del 24 o 25 de junio de 1972, en San Andrés de la Cruz, en Atoyac de Alvarez; el del 23 de agosto de 1972 en los Llanos de Santiago, cerca del poblado Los Tirincheros, a los márgenes del arroyo de Ixtla; el del 23 de agosto de 1973 en Zacoalpan, municipio de Atoyac de Alvarez, y el del 20 de noviembre de 1973, del cual no se logró saber el lugar donde ocurrió.''
Arturo Gallegos, ex militante de las FAR y uno de los participantes en la investigación de la CNDH de 1992, y quien rindió ante el Ministerio Público denuncia por la desaparición de tres de sus familiares para la investigación, cuestiona:
''Participamos de buena fe en la investigación, nos interesa como en ese entonces nos interesaba saber la verdad, qué pasó con nuestros familiares desaparecidos, para eso se investigó. Sólo quiero preguntarle a la CNDH si va a llegar al fondo, o se va a perder nuevamente el documento. Ahí está una investigación, que nos digan si van a ir al fondo o no. Que nos digan si le van a entrar a las responsabilidades de los que decidieron las muertes. No queremos indemnización. šQueremos la verdad!''