Ť Denuncia de ex integrante de la Liga 23 de Septiembre

La CNDH habría ocultado información desde julio de 91

Ť Nada se sabe de la declaración del jefe del Grupo Jaguar, quien participó en secuestros y desapariciones

JESUS ARANDA

El ocultamiento de información por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la llamada guerra sucia data de julio de 1991, cuando el mayor del Ejército Sergio Villanueva, comandante del Grupo Jaguar ?que participó en el secuestro y desaparición de al menos 15 personas?, rindió su declaración ante la CNDH, que encabezaba Jorge Carpizo. Ahí, el militar reconoció haber participado en los hechos.

Lo anterior forma parte de la denuncia penal interpuesta el pasado 24 de junio por Víctor David Cilia Olmos en contra de Carpizo McGregor ?además de otros personajes e instituciones?, en la que se le acusa de ser responsable de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, tipificados como desaparición forzada de personas. Asimismo se señala que, siendo presidente de la CNDH en 1991, Jorge Carpizo contrató a Carlos Fabián Reyes Domínguez, el Comandante Pato de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), para que participara en las indagatorias que hizo la comisión sobre desapariciones forzadas.

Cilia Olmos, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, refiere en su acusación ?documento en poder de La Jornada? que entre septiembre de 1990 y el 28 de enero de 1991, entregó información a la CNDH sobre la desaparición de 15 ciudadanos mexicanos secuestrados y desaparecidos a principios de los años 80, en la que constaban nombres, apellidos y cargos de funcionarios gubernamentales involucrados en los hechos.

En la denuncia, que ya fue remitida al procurador general de la República, y que señala además de Carpizo a Carlos Fabián Reyes Domínguez o Fabián Carlos Reyes Domínguez, mayor Sergio Villanueva, comandante Dámaso Tostado, Miguel Nazar Haro, integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, Grupo Jaguar, Ejército y Fuerza Aérea, se indica que con motivo de la querella fue visitado en prisión por Ignacio Cabrera, entonces coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, así como por Francisco Sainz Hernández, Carlos de la Concha, Leonard Tamés y Carlos Reyes Domínguez, ''como miembros de esa comisión gubernamental.''

Entre el 20 de febrero y marzo de 1991, estas personas visitaron a Cilia en el Reclusorio Preventivo Norte, donde les entregó ''datos relevantes para identificar a los participantes en el secuestro y desaparición de Jesús Manuel Arana Murillo, Miguel Angel Barraza García, Mauricio Miranda Gastélum, Rafael Ochoa Quintana, Román Barrón Gurrola, Eduardo Echeverría Valdés, Gonzalo Esquer Corral, Juan Mendivil, Armida Miranda y Teresa Gutiérrez Hernández, la mayoría de ellos ex integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Sin embargo, refiere Cilia, el Programa de Presuntos Desaparecidos ''no sólo no contestó a mi escrito y denuncia, sino que ha mantenido oculta la declaración del mayor Sergio Villanueva, quien sí reconoció haber participado en el secuestro-detención que derivó en la desaparición de Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdés.

Acusa también que la CNDH ''ha mantenido oculta'' la indagación que se hizo sobre el comandante Dámaso Tostado y todos los demás datos relevantes que le entregó ''de buena fe para indagar el paradero de mis compañeros desaparecidos, sin darme en absoluto ninguna respuesta ni informar a los familiares, quienes lejos de recibir apoyo de la CNDH fueron interrogados de manera policiaca, tratando de hacerlos testigos o responsables de los datos que yo les había proporcionado.''

Refiere que posteriormente se enteró que quien dijo llamarse Fabián Reyes Domínguez, que destacaba por ''dirigir'' las entrevistas que se le hacían, ''era un comandante de la DFS, apodado Comandante Pato'', quien había participado en numerosos actos de secuestro, tortura y desaparición de personas.

Incluso, Reyes Domínguez fue identificado posteriormente como uno de los participantes en el secuestro de tres familiares de Teresa Gutiérrez Hernández (su padre y sus hermanas), en 1981, y en el secuestro y desaparición de la misma Teresa.

Así las cosas, Cilia pretende fincar responsabilidad penal no sólo a los responsables de las desapariciones, sino también a quienes se encargaron de hacer las indagatorias. Concretamente, en el caso de Jorge Carpizo demanda que sea citado a declarar para que explique las razones por las que contrató ''como derechohumanista a un cruel y despiadado represor.''

Señala la denuncia que la guerra sucia que desató el gobierno mexicano se destaca por la ''desaparición forzada de personas, crimen artero que no admite prescripción, ni la amnistía ni el perdón para sus autores materiales e intelectuales'', porque con la aplicación de la ''Doctrina de Seguridad Nacional'' se crearon aparatos clandestinos de espionaje, se instalaron cárceles clandestinas, se armaron cuerpos irregulares con permiso para hacer ''lo que su bestialidad les aconsejara'', ejecutaron extrajudicialmente a seres humanos y mantienen a algunos de ellos en detención-desaparición''.

Son criminales de lesa humanidad y así deben ser tratados, concluye la denuncia.