Balance de una década
Retenidos y repatriados
Juan Carlos Miranda Arroyo
El Programa para Retener en México y Repatriar a los Investigadores Mexicanos (conocido en el medio académico como programa de Repatriación), surgió en 1990-91 con el propósito de mantener en el país los recursos humanos calificados en ciencia y tecnología, y buscar el retorno de todos aquellos científicos que trabajaran en laboratorios, centros o institutos de investigación y desarrollo de otras naciones, y "reincorporarlos a las instituciones mexicanas de investigación científica y de educación superior".
Hace diez años el programa constituyó una solución viable y original para frenar la llamada "fuga de cerebros", aunque también un objetivo adicional fue "incrementar y reforzar el desarrollo de la actividad científica del país y la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología dentro del nivel de posgrado".
Durante el proceso de diseño y operación inicial del programa el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC), integrado por destacados científicos y científicas mexicanos, jugó un papel relevante para hacer realidad esta iniciativa, debido a las diversas gestiones efectuadas para echar a andar el proyecto a través de la canalización de recursos públicos. Posteriormente, el programa se fortaleció mediante la contratación de créditos internacionales con organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. (Cabe señalar que el proyecto "fue creado dentro del Programa General de Apoyo a la Ciencia en México (Pacime), por lo que también fue evaluado desde el exterior en sus aspectos administrativos, financieros y de impacto social).
Para ser candidatos a la retención o repatriación, los investigadores e investigadoras deben de manifestar interés de regresar a México o cambiar de residencia (descentralizarse), para vivir en territorio nacional (sobre todo fuera del DF) y contribuir desde aquí al desarrollo de la investigación en los distintos campos del conocimiento. Las ins- tituciones receptoras de científicos eventualmente "repatriados" reciben un complemento económico para cubrir gastos diversos durante un año, al término del cual la misma institución se compromete a incorporarlos a su plantilla regular de personal académico.
Es interesante resaltar que, en su mayoría, los repatriados provienen de seis países: Estados Unidos (40 por ciento), Francia (15 por ciento), Gran Bretaña (13 por ciento), España (9 por ciento), Canadá (5 por ciento) y Alemania (5 por ciento), entre los más destacados. También, que una parte considerable de los investigadores(as) que regresan al país, se integran a instituciones de amplia trayectoria en los campos de la docencia y la investigación, tales como Cinvestav, UNAM, UAM, Centros del sistema SEP-Conacyt, institutos de salud, universidades públicas estatales, entre otras. Es claro, por lo anterior, que existe una concentración de esos recursos humanos en aquellas entidades federativas que cuentan con una infraestructura adecuada para recibir a los investigadores: el DF en primer lugar, y entidades como Guanajuato, San Luis Potosí, Morelos, y Yucatán, entre las más importantes. Aunque esa tendencia ha cambiado ligeramente durante los últimos dos años. Cabe señalar, a propósito, que durante el periodo 1991-1999 el programa logró retener y/o repatriar a mil 859 investigadores, lo que representa casi la tercera parte de la membresía total del Sistema Nacional de Investigadores.
Todo parece indicar que después de una década, la evaluación general del programa de Repatriación arroja conclusiones positivas, en el sentido de que las instituciones académicas y la comunidad científica en particular, se han visto fortalecidas con ese singular esfuerzo del Estado; sin embargo, existen algunas cuestiones que habrán de ser reconsideradas hoy y en el futuro cercano para que esa iniciativa siga rindiendo frutos y no se convierta en un problema. Más allá de los datos fríos que nos muestra de manera oficial el Conacyt, preocupa específicamente la manera en que se administra el programa, los recursos que se destinan a éste y las implicaciones que tienen, tanto su diseño como su operación, en el esquema de políticas nacionales que ha diseñado el gobierno federal para el desarrollo científico y tecnológico.
En tal dirección, un capítulo de especial trascendencia se refiere a la urgente necesidad de revisar las normas y los procedimientos que se han utilizado hasta el momento, a efecto de que este programa opere realmente a favor de las labores de docencia e investigación y no, como suele suceder en algunas universidades autónomas de los estados, anteponer el criterio administrativo al interés académico.
El autor es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional (Unidad Querétaro) y colaborador de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad Tecnológica de Querétaro
