Ex jefe del ejército uruguayo niega la existencia de la Operación Cóndor

STELLA CALLONI CORRESPONSAL/II Y ULTIMA

Buenos Aires, 29 de julio. El ex jefe del ejército uruguayo Julio Vadora asegura que no existió coordinación entre las dictaduras latinoamericanas los años 70 y 80, y que cada una actuó "a su manera y lo mejor posible". Achacó las atrocidades cometidas a la acción de la justicia, tratando de ignorar testimonios de sobrevivientes y pruebas que se acumulan, y el hecho de que ya existe un reconocimiento internacional sobre el tema.

Para refrescar su memoria bastaría mencionar cómo actuó la Operación Cóndor en la detención en Paraguay, en plena dictadura, de los uruguayos y argentinos Gustavo Edison Inzaurralde, Nelson Santana Escotto, José Luis Neill, Alejandro José Logoluso y Dora Marta Landi, lo que quedó registrado, día por día, en documentos oficiales de la dictadura paraguaya encontrados en 1992.

En documentos "secretos" enviados al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, se habla de los interrogatorios, y que incluso se constituyó en ese momento un grupo de trabajo con militares argentinos y uruguayos.

Si algo le faltara a Vadora para enterarse de los sucesos, bastaría seguir el caso del secuestro de los uruguayos Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, y sus dos hijos, en el sur de Brasil, donde actuaron comandos conjuntos de los ejércitos de ambos países.

Resulta asombroso que el hallazgo en Uruguay de la nieta del poeta Juan Gelman, en Montevideo, no haya preocupado a Vadora, bajo cuya responsabilidad estaban los grupos operativos del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas de Uruguay (OCOA), que actuaban en los centros clandestinos de detención argentinos y que llevaron a la madre de la niña a Uruguay desde uno de los más siniestros, como fue Automotores Orletti. Esta trágica historia revive en la desesperada búsqueda que realiza Sara Méndez, también secuestrada en Argentina con otros uruguayos y llevada a Orletti, donde fueron torturados, y luego trasladados a Uruguay.

Méndez busca hasta ahora a su hijo Simón Riquelo, que tenía 20 días de nacido cuando le fue arrebatado por sus secuestradores, entre los que estaba el coronel uruguayo José Nino Gavazzo, cuya detención ya solicitó el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, junto con otros participantes del Plan Cóndor: Jorge Silveira y Manuel Cordero, así como del policía Hugo Campos Hermida.

El canciller uruguayo Didier Opertti dijo en su momento, al confirmar la solicitud argentina, que en su país no está previsto el delito de desaparición forzada, y que la extradición sólo es posible que exista el mismo delito en ambos países.

Familiares de las víctimas informaron que durante el periodo en que Vadora comandó el ejército de su país, entre 1974 y 1978, desaparecieron unas 170 personas, de las cuales 130 fueron secuestradas en Argentina y 10 en Chile. ¿Podía no conocer el comandante los movimientos de sus colaboradores más cercanos a su comando en los distintos países y en tan siniestras misiones?

"Las medidas dispuestas por el juzgado encuadran los hechos como asociación ilícita entre jefes de varios Estados destinada a cometer múltiples delitos, entre ellos el de desaparición forzada de personas regido por la Convención Americana de 1994, tanto en lo relativo a la tipificación del delito como a las cláusulas de jurisdicción", señala el abogado Alberto Padroncini, quien representa a las querellantes en la causa del Cóndor.

Añade, en declaraciones a La Jornada, que los casos que se imputan son los que en todo, o en parte, se hayan cometido en territorio argentino -como el secuestro en Uruguay y desaparición en Argentina, o viceversa-. "Y puesto que lo que se juzga en esta querella por la Operación Cóndor son esencialmente crímenes de lesa humanidad perpetrados por jefes de varios Estados, la jurisdicción que se ejerce es, al mismo tiempo, territorial, regional y universal. Es esta triple vertiente la que permitirá llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si los Estados requeridos por los pedidos de extradición se niegan a otorgarla, puesto que están obligados a ello por los términos de la Convención de 1994", concluye el letrado.