los 63 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Hasta la tarde de hoy, los detenidos aún no rendían su declaración y sería hasta el lunes cuando se resuelva su situación jurídica.
DOMINGO Ť 29 Ť JULIO Ť 2001
Ť No puede el gobierno negar la justeza de nuestras demandas, dice
Denuncia líder campesino "excesos" en la incursión policiaca en municipio chiapaneco
ANGELES MARISCAL Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES
Tuxtla Gutierrez, Chis., 28 de julio. "El gobierno no puede negar la justeza de nuestras demandas y las condiciones de marginación y atraso en que vivimos", señaló uno de los dirigentes de los campesinos contra quienes se realizó el viernes una incursión policiaca para recuperar a seis funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) que mantenían retenidos desde el domingo anterior como medida de presión para exigir condiciones de desarrollo.
Manuel Hernández Olán, vocero del Movimiento Obrero, Campesino Regional Independiente (Mocri) denunció que "cientos de policías judiciales y de Seguridad Pública, reforzados por helicópteros, patrullas y armas de grueso calibre, llegaron a la comunidad San José, en Marqués de Comillas. Nuestros compañeros fueron fuertemente golpeados, como si fueran costales, se llevaron por igual a niños y ancianos que nada tenían que ver con la detención de los funcionarios".
Hernández Olán -entrevistado cuando se desplazaba por un municipio cercano a la capital del estado para saber del paradero de sus compañeros detenidos- dijo que 40 comunidades de la zona fronteriza de Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas quienes decidieron retener a los funcionarios para llamar la atención de las autoridades, a quienes les solicitan obras de electrificación, agua potable, pavimentación, una clínica y un centro de estudios tecnológicos agropecuarios.
Explicó que a los funcionarios "se les protegió físicamente, se les respetaron sus derechos, se les dio alimento y se trató de tener un diálogo con las autoridades.
"A pesar del peligro de ser detenidos, nos reunimos con los representantes del gobierno, ninguno tenía capacidad de decisión, y por eso nos retiramos, con la exigencia de que fuera el propio gobernador el que nos atendiera.
"Lo que queríamos eran hechos, no compromisos de papel. Cuando nosotros viéramos que los camiones de la Comisión Federal de Electricidad llegaban a nuestra región a poner un solo poste de luz, cuando viéramos verdadera voluntad, íbamos a soltar a los rehenes", subrayó.
"El gobernador no puede negar la justeza de nuestras demandas, desde el tiempo de Patrocinio González Garrido, venimos pidiendo lo mismo: caminos, escuelas, luz, agua potable. En esta parte de la selva vivimos con 20 años de atraso, esa es nuestra inconformidad.
"En vez de eso nos mandó a cientos de policías, llegaron en forma violenta, detuvieron a ancianos, a niños, los golpearon, los trataron como basura".
Según Hernández, desde horas antes del operativo, sus compañeros Javier Gómez Alvarez, David González Pérez y José Mendez desaparecieron presuntamente a manos de los policías que ya cercaban la zona de Zamora Pico de Oro.
Por su parte, la Procuraduría de Justicia del estado informó que los 63 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Hasta la tarde de hoy, los detenidos aún no rendían su declaración y sería hasta el lunes cuando se resuelva su situación jurídica.
La averiguación previa contra ellos se inició por el delito de privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y ataques de las vías generales de comunicación y se espera que aparte de los 63 detenidos, las seis personas rescatadas declaren también, dijo el procurador estatal Mariano Herrán Salvatti.
Los seis funcionarios, quienes reciben atención psicológica, arribaron a la dependencia para reconocer a quienes los privaron de su libertad.
Por su parte, las autoridades judiciales confirmaron que Noé Jiménez Pablo, uno de los cuatro hermanos presuntamente involucrados en el secuestro de los seis funcionarios de la Sedeso y en invasiones de predios en Tuxtla Gutiérrez, fue detenido por la Policía Judicial del estado y consignado ante el Ministerio Público.
Auditoria al Congreso local
El Congreso del estado acordó auditar las finanzas de la 60 Legislatura chiapaneca (correspondiente al 31 de diciembre de 1998 a junio de 2001) para conocer el destino de más de 300 millones de pesos que fueron manejados por cinco presidentes de la fracción legislativa priísta en los últimos dos años y medio. Los legisladores contrataron a un despacho externo para tal fin.
El diputado José Juan Ulloa Pérez, uno de los firmante del contrato, confirmó que el dictamen de la auditoría incluirá la asignación de recursos a cada diputado, el inventario de bienes muebles e inmuebles, la nómina de personal de apoyo de fracción parlamentaria, la plantilla de personal de base y confianza y el padrón de los 50 proveedores más importantes.