DOMINGO Ť 29 Ť JULIO Ť 2001
Ť Estrecha la justicia argentina el cerco en torno a ex dictadores del Cono Sur
Viajaría juez a Brasil a interrogar a Stroessner
Ť Canicoba Corral acusa al ex general paraguayo de participación en la Operación Cóndor
STELLA CALLONI CORRESPONSAL/I
Buenos Aires, 28 de julio. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral estudia la posibilidad de viajar a Brasil para interrogar al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, al que se se-ñala como integrante de la asociación ilícita para cometer delitos no prescriptibles en el marco de la Operación o Plan Cóndor, una coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur entre los años 70 y 80, de acuerdo a abundante documentación de pruebas.
El magistrado ya pidió en abril pasado a Brasil, donde se encuentra asilado Stroessner, su detención para extraditarlo, así co-mo la de otros ex dictadores, pero el estado de salud del general paraguayo impediría toda movilización.
Desde Estados Unidos el abogado y educador Martín Almada, descubridor de los Archivos de Paraguay, en 1992, que impulsaron las investigaciones sobre la Operación Cóndor, dirigió una carta al procurador general Nicolás Becerra, en la que le solicita la colaboración para investigar la desaparición de 120 paraguayos en Argentina, entre 1976 y 1983.
Almada especifica que a la luz de los archivos secretos de la policía política de Stroessner, "fue muy activa la cooperación entre las fuerzas militares, policiales, parapoliciales y de seguridad de Argentina y Paraguay en el siniestro operativo Cóndor".
Dice Almada que compartió prisión en Paraguay con "argentinos torturados brutalmente que luego fueron entregados a Argentina bajo la responsabilidad del representante de Cóndor en Paraguay, general retirado Alejandro Fretes Dávalos, quien continúa impune en Asunción".
También especifica que aunque se han mencionado 60 paraguayos desaparecidos en Argentina, las cifras de organismos de derechos humanos en ese país indican que serían alrededor de 120 e invoca también la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada por el gobierno paraguayo el 13 de agosto de 1996, que sostiene que "dichos delitos se-rán considerados como continuados o permanentes mientras no se establezca el destino o el paradero de la víctima".
Almada añade en su presentación que en los archivos existen pruebas sobre el intercambio de prisioneros e información entre Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y, en la etapa final, Ecuador.
Aunque el tema Cóndor se reactivó aquí a partir de la querella iniciada por familiares de víctimas de este operativo siniestro, en noviembre de 1999, en estos días se ad-virtieron algunas maniobras tendientes a impedir avances en la justicia.
El 20 de julio Canicoba Corral, quien lleva adelante el primer juicio contra la Operación Cóndor, ordenó la detención con vista a extradición de los generales retirados Augusto Pinochet, de Chile, y Julio Vadora, de Uruguay, éste último comandante en jefe del ejército de la dictadura de ese país que gobernó entre 1973 y 1985.
Antes había solicitado lo mismo para el general retirado Manuel Contreras, jefe de la policía política de Pinochet, para Stroessner y el ex dictador argentino Jorge Ra-fael Videla, quien ya fue detenido en esta causa, así como Contreras en Chile.
Y hay otras acciones de la justicia chilena que muestran disposición a apoyar las solicitudes de sus colegas argentinos: el pasado 26 de julio la Corte Suprema confirmó que entregará a la justicia argentina, en este caso a la jueza María Servini de Cubría, que actúa en el caso del asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía en septiembre de 1974 en Buenos Aires, información sobre Juan Hernán Morales Salgado, involucrado en este hecho.
Servini de Cubría pidió también información sobre la unidad Grupo de Operaciones Especiales, que funcionó en Chile entre 1974 y 1977, y la identificación completa de sus integrantes.
En Uruguay las cosas son muy distintas. El general retirado Vadora, amparado por la negativa del gobierno de ese país a dar curso a estas demandas, ironizó sobre la existencia de la Operación Cóndor y sostuvo que cada país actuó en forma independiente en la represión en aquellos años.
Sin embargo, una hojeada al expediente, de aquí y los que estuvieron y están en curso en otros países, indica claramente que le será muy difícil eludir la verdad.
En 1993 ya se habían abierto juicios en Paraguay en los que se citaban a militares argentinos y uruguayos que figuraban en los documentos de la dictadura de Stroessner, descubiertos en diciembre de 1992.
Allí están los nombres y los datos. En 1993, el general retirado Benito Guanes Se-rrano (ya fallecido), ex jefe militar paraguayo y claramente participante en la Operación Cóndor, admitió la existencia de ésta.
Documentos encontrados en Paraguay dirigidos de Cóndor Uno a Cóndor Dos, así como otros en Bolivia que solicitan me-diante el sistema Cóndor datos sobre ciudadanos de ese país a las autoridades militares argentinas, son pruebas específicas.
Asimismo, está el telegrama enviado por el ex coronel del FBI Roberto Scherrer al Departamento de Estado estadunidense, que explica las características y los alcances de Cóndor en 1976, después del asesinato, en Washington, de Orlando Letelier, quien fuera ministro de varias carteras en el go-bierno de Salvador Allende, derrocado por Pinochet el 11 de septiembre de 1973. '