DOMINGO Ť 29 Ť JULIO Ť 2001
Ť Convertiría al sureste en un corredor maquilador al servicio de trasnacionales de EU
Con el Plan Puebla-Panamá, el istmo de Tehuantepec, imán para la superexplotación
Ť Fox responde al perfil de los country managers; no niega su posición de clase Ť Fórmula renovada de concentración y transferencia de la riqueza hacia el imperio y las elites locales
CARLOS FAZIO /I
Columna vertebral del Plan Puebla-Panamá, el istmo de Tehuantepec será el "imán" para que todo el sureste mexicano se convierta en un gran corredor maquilador en función de una economía de enclave al servicio de las compañías trasnacionales con casa matriz en Estados Unidos.
De consumarse, la iniciativa -que cuenta con el aval del Departamento del Tesoro estadunidense y los organismos financieros del capitalismo global (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo)- acentuará la extranjerización de la economía mexicana y profundizará la tradicional relación asimétrica, dependiente y subordinada de México respecto de la superpotencia militar mundial.
Vicente Fox encarna a la perfección el nuevo tipo de gobernantes latinoamericanos que el ex presidente de Costa Rica Rodrigo Carazo ha definido como country managers (administradores de países). Autoproclamado adalid del "libre mercado", el Presidente de México ha definido su administración como un gobierno de los empresarios para los empresarios. En el papel de administrar el país como si fuera una empresa, Fox no ha negado su posición de clase. Consecuente, ha repetido que dotará de garantías jurídicas y de seguridad a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, para que traigan sus capitales y repatrien sus remesas sin ningún tipo de restricción. Asimismo, y según mandan los cánones de ese modelo de acumulación exógenamente determinado, las empresas que respondan al llamado del Plan Puebla-Panamá gozarán de un régimen libre de regulaciones fiscales, laborales y sociales, con la ventaja comparativa de una mano de obra barata. Se trata de una fórmula renovada de concentración y transferencia de la riqueza hacia el imperio y las elites locales. México, como Estado cliente, seguirá cediendo sectores estratégicos de su economía y ofrecerá las oportunidades más lucrativas al capital estadunidense, relegando a las empresas mexicanas a la condición de meras pro-veedoras de materias primas y productos agropecuarios no manufacturados.
La idea de convertir al sur-sureste en un emporio de "las fábricas de sudor" (maquiladoras), agroindustrias e invernaderos de cultivos para la exportación no es nueva ni de Fox. El presidente de turno simplemente recoge la posta de su antecesor. Si no hay oposición organizada, a él le tocará impulsar el viejo proyecto del istmo de Tehuantepec y nuevos planes de pacificación para Chiapas (dentro del marco contrainsurgente), con grandes obras de infraestructura (carreteras, represas) y la reactivación de las industrias petroquímica, gasera y de generación eléctrica.
Empresa privada sin fronteras
El Plan Puebla-Panamá responde al paradigma en boga de que la empresa privada ya no admite fronteras. Se inserta en un mundo donde el grueso de la producción se encuentra trasnacionalizada y en el cual la acumulación de capital la deciden poderosos actores exógenos. Más allá de la retórica, el PPP no toma en cuenta la preservación de la autonomía interna ni el interés y el desarrollo nacionales. Va a contracorriente de un proceso endógeno de acumulación de capital y enriquecimiento del tejido productivo; carece de la capacidad pública y privada para movilizar el potencial interno disponible para asociarlo de manera equitativa, simétrica, no subordinada, al orden mundial.
Al iniciarse el cuarto gobierno de los regímenes de ajuste estructural, el país ha perdido gran parte de su capacidad de conducir su política y la organización de sus recursos para generar desarrollo y progreso social. Y lo peor es que tales políticas se presentan desde el poder como las "mejores", además de "inevitables" e "irreversibles".
En otro orden, la génesis del renovado plan de conquista y saqueo de los recursos naturales del sureste mexicano tiene que ver con viejas aspiraciones expansionistas e imperialistas de Estados Unidos. En su fase actual, está vinculada con la larga serie de presiones políticas y diplomáticas de la Casa Blanca, el Capitolio y el Departamento de Estado y las políticas económico-financieras condicionadas del Tesoro estadunidense, la banca acreedora de Wall Street y sus organismos subordinados: Banco Mundial, FMI y BID.
Si no puede ser frenado por la resistencia popular en ciernes y proyectos de desarrollo alternativo que tomen como centro al hombre y no al capital, será el último eslabón de una larga cadena de concesiones de los últimos cuatro gobiernos entreguistas (De la Madrid-Salinas-Zedillo-Fox), con apoyo congresional mayoritario de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. Se trata de un proceso que arranca con el endeudamiento externo, los cambios a la ley sobre inversiones extranjeras y la apertura comercial, pasando por el TLC, las reformas salinistas al 27 constitucional y las privatizaciones, hasta la ley indígena que viene siendo discutida en los congresos locales. Un proceso muchas veces sin aparentes conexiones, pero que articulado sienta las bases, hoy, para hacer de México, por la vía rápida, "un país en el que cada vez haya más pobres", según el resbalón fallido que encerró la frase del presidente Fox ante los trabajadores de México el pasado 1o. de mayo.
Los nodos, la línea y el polígono
En torno al istmo de Tehuantepec se articulan varias nociones que tienen que ver con el concepto de región como espacio de arraigo de los pueblos. Lo que remite a comunidad, identidad cultural, formas de tenencia de la tierra, territorios, recursos naturales. Sin embargo, los economistas neoliberales consideran región como sinónimo de espacio productivo, destinado a la generación y consumo de bienes. Lo que se combina, por supuesto, con rentabilidad y acumulación de capital.
El carácter geoestratégico de un istmo deviene de su capacidad de comunicar y/o articular dos espacios o masas de agua. Como explica el antropólogo social Hipólito Rodríguez, subdirector del Ciesas-Golfo, para entender el tipo de "desarrollo" que pretende impulsar el Plan Puebla-Panamá en la zona del istmo de Tehuantepec hay que tomar en cuenta tres nociones básicas: los "puntos" (nodos), la "línea" (frontera) y el "polígono" (espacio físico interno). En el caso referido, los nodos que enlazan las dos masas de agua (océanos Atlántico y Pacífico) son los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. La línea o vínculo de comunicación interoceánica, que tendrá la función de "imán", puede ser un canal seco o de agua (como en Panamá) o una vía férrea, complementada con una supercarretera.
El espacio interno, ocupado en buena parte del sur-sureste por comunidades indígenas, es a la vez asiento de grandes recursos naturales (minerales, petróleo, gas natural, biodiversidad, pesquerías y una gran potencialidad de recursos hídricos), algunos de ellos de carácter geoestratégico dada su importancia como materia prima para industrias de punta como la aeroespacial y la ingeniería genética. Un dato clave es que en el "polígono" (espacio físico) que comprende la parte mexicana del PPP actúan al menos cuatro grupos armados (EZLN, EPR, ERPI y FRAP). Por lo que el megaproyecto tiene implicaciones contrainsurgentes; forma parte de una pinza para liquidar la rebeldía antineoliberal que estalló en 1994 en Chiapas, y que se extendió a Guerrero y Oaxaca después de la matanza de Aguas Blancas.
Variaciones sobre la pobreza
Según tres de los ideólogos del Plan Puebla-Panamá, vinculados el sexenio pasado con la Subsecretaría de Egresos de Hacienda: Enrique Dávila, Georgina Kessel y Santiago Levy, autores del estudio El sur también existe, el atraso social y económico del sureste mexicano se debe, en buena parte, a que la exclusividad del Estado en actividades estratégicas (industrias de hidrocarburos, petroquímica e hidroeléctrica, por ejemplo), sumado a malas políticas estatales (déficit de inversión pública en infraestructura de transporte y red de comunicaciones) y los derechos de propiedad de la tierra (restricciones derivadas del artículo 27 constitucional, vigentes hasta 1994, de poseer o arrendar grandes extensiones de tierra), desalentaron el desarrollo en esa zona del país. De acuerdo con los autores, el reparto agrario quitó incentivos al desarrollo agrícola en una zona apta para monocultivos de plantación (café, azúcar, plátano, palma africana), tipo de agricultura que requiere de grandes extensiones.
El proceso de "desruralización" en curso previsto en el PPP -que supone la integración de las poblaciones expulsadas al mercado de trabajo- encierra además una nueva contrarreforma agraria, ya que busca redefinir los sistemas de propiedad de la tierra, entendido esto como la remoción de los obstáculos para su privatización, en beneficio de los terratenientes y las agroindustrias; lo que a su vez supone, como paso previo, el desmantelamiento y la ruptura de la estructura comunitaria y los derechos de propiedad ejidal y comunal. En forma paralela, los empresarios y el gobierno -bajo presión del presidente George W. Bush- vienen impulsando modificaciones sobre la gestión de los recursos bajo control estatal (petróleo, petroquímica, gas natural, agua, minerales, la biodiversidad agrícola y silvestre en áreas protegidas), lo que explica el renovado énfasis privatizador de Fox en materia energética, incluida su reforma eléctrica de contrabando.