SABADO Ť 28 Ť JULIO Ť 2001
Ť Anuncian una mesa de diálogo con el gobierno a principios de agosto
Mejorar la educación superior, piden sindicatos
Ť Líderes de 74 agrupaciones demandarán a secretarios de Estado y rectores un proyecto congruente para ese nivel de estudios Ť Cuestionan el auge de tecnológicos en el país
JOSE GALAN
Líderes de 74 sindicatos de 42 universidades públicas advirtieron que harán "lo que sea necesario" en defensa de la educación superior pública del país, y exigieron a la Secretaría del Trabajo la instalación de una mesa de diálogo con las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, las paraestatales IMSS e ISSSTE y cinco rectores de universidades públicas afiliadas a la ANUIES, a fin de tratar la recuperación política y financiera de sus instituciones.
De acuerdo con la versión de los dirigentes, agrupados en la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) -que congrega a más de 100 mil empleados de instituciones de enseñanza superior-, Carlos Abascal Carranza aceptó en principio la instalación de esa mesa, la que tendrá lugar en 10 días.
Los líderes sindicales propusieron, aparte, efectuar un diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de alcanzar para el 2006 8 por ciento del PIB en el gasto educativo.
Agustín Rodríguez, del STUNAM; Patricia Chapa, del SITUAM; Enrique Levet, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Veracruzana; Guillermo Carvajal, del Sitcolmex, y León Gutiérrez Nava, secretario general de la Contu, coincidieron en que los trabajadores universitarios "no conocemos" el proyecto de educación superior del actual gobierno, y expresaron su preocupación por el auge de institutos tecnológicos "que están destinados sólo a preparar mano de obra para la maquila", por lo que rechazaron que ese nivel "sea tratado como una mercancía a disposición de las leyes del mercado".
Saludaron la creación de la Universidad de la Ciudad de México, porque, dijo Agustín Rodríguez, se requieren más universidades públicas.
"Desde hace por lo menos 14 años que no se lanzaba una nueva universidad pública -sin contar los tecnológicos- en el país". Pero indicó: "de planes de estudio y contratación de trabajadores aún no sabemos qué política seguirán. Eso está pendiente".
Los líderes sindicales presentaron un documento acordado que servirá de base para la discusión en la mesa de diálogo intersecretarial y sectorial solicitada a Carlos Abascal la semana pasada. En él, los trabajadores critican la reducción de presupuestos desde 1994 a la universidad pública, rechazan la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo Federal y subrayan la importancia de que los sindicatos universitarios establezcan un compromiso con la sociedad mexicana para mantener la educación pública superior "de alta calidad".
"En el marco de la universidad pública nacional, la autonomía es el principio rector que permite a los universitarios gobernarse, ejercer la libertad de cátedra e investigación, el libre examen y discusión de las ideas, la administración de su patrimonio con respeto absoluto a las leyes", afirma el documento.
"Por ello, el Estado debe cumplir el precepto del artículo tercero constitucional, por lo que demandamos financiar oportuna y suficientemente a las instituciones de educación superior, para su fortalecimiento, para que puedan atender con eficiencia y eficacia sus funciones y responsabilidad sustantivas".
Según los trabajadores universitarios, la propuesta de educación superior del programa del sector educativo para el ciclo 2001-2006, incluida dentro del Plan Nacional de Desarrollo, "no es la adecuada para alcanzar el desarrollo y la excelencia académica y administrativa que requiere la universidad pública".
En el terreno laboral, los trabajadores indicaron que el deterioro salarial de 1994 a la fecha es de 30 por ciento tanto para trabajadores administrativos como para académicos, mientras ''los rezagos y la deshomologación de los tabuladores varían del 5 al 40 por ciento en casos extremos".
Acusaron a la SEP de mantener un contubernio con las administraciones universitarias y los gobiernos federal y estatales para "dictar sus políticas salariales y laborales".