SABADO Ť 28 Ť JULIO Ť 2001
Ť Tan sólo en el DF laboran 14 mil menores, indica
Lagunas jurídicas impiden evitar el trabajo infantil: investigador
En las últimas dos décadas el trabajo infantil en México creció debido a la agudización de la pobreza, sin que hasta ahora se hayan aplicado medidas adecuadas para erradicar esa situación, consideró el catedrático de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carlos Avila Romero.
De acuerdo con estadísticas del Gobierno del Distrito Federal -las únicas disponibles respecto del trabajo infantil-, los menores que deben laborar son 14 mil (3 mil incluso viven en la calle).
"De esta actividad se ha descubierto sólo una parte mínima, porque sólo se exhibe el aspecto más evidente: el trabajo infantil en las calles y en las centrales de abasto. En las primeras, niños de 2 a 15 años laboran en los cruceros de limpiaparabrisas, actores o vendedores de golosinas".
En las segundas, menores desde 7 años se alquilan en las centrales de abasto y los mercados para trabajar como cargadores o diableros, pero también hay infantes que laboran en casas habitación como sirvientes, y adolescentes que se desempeñan como empacadores de mercancía, conocidos como cerillos, en supermercados.
"No se tiene ninguna estadística oficial o cifra global sobre el número de infantes que trabajan", reveló el académico.
Añadió que el trabajo infantil, al ser ilegal es "subterráneo", pero "se sabe que en diversos estados de la República un número importante trabaja en maquiladoras, la industria de la costura y en ladrilleras".
Generalmente laboran en condiciones de explotación, mal remunerados, sin seguridad social y ningún tipo de protección, pues no están cubiertos los requisitos que exige la legislación laboral.
El sociólogo subrayó que la mayoría de los menores provienen de familias de escasos recursos económicos, incluidas en los 40 millones de ciudadanos que se encuentran en la pobreza extrema; sin embargo, insistió en que se debe analizar la problemática desde dos visiones: la sociológica-sicológica y la jurídica.
Dentro de las dos primeras "es evidente" el maltrato del menor por su familia y la sociedad. En la segunda, las lagunas legales que impiden luchar contra este fenómeno.