Emilio Pradilla Cobos

Deterioro del Centro Histórico

Al menos desde hace 30 años el Centro Histórico de la ciudad de México pierde notoriamente población residente, y con ella la vida urbana en días feriados y cuando cae la noche. Este hecho es resultado de la combinación de múltiples procesos. El factor más importante ha sido la continua sustitución de viviendas por oficinas públicas y privadas, comercios y bodegas, recintos culturales, restaurantes y sitios de turismo y recreación, cuya rentabilidad es mucho mayor y permite mantener abandonada parte de los inmuebles; además, la proliferación del contrabando y el comercio callejero, a partir de los años ochenta, ha acelerado la transformación en bodegas de un número creciente de inmuebles de vivienda, incluyendo los construidos por Renovación Habitacional Popular, luego de los sismos de 1985.

Otra causa ha sido el deterioro inmobiliario producido por el uso inadecuado, los incendios, las inclemencias climáticas, los asentamientos del suelo y los sismos, sobre todo los de 1985, sumados a la falta de mantenimiento de los inmuebles por los propietarios, que se ha justificado excesivamente por los decretos de rentas congeladas desde los años cuarenta. El uso de pisos altos para almacenamiento y maquila agudiza este deterioro.

Hay que añadir el alto grado de obsolescencia y menoscabo de infraestructura como la red hidráulica y la de drenaje, afectadas por los hundimientos del suelo, las instalaciones eléctricas y la vialidad, que atentan contra la conservación de los edificios y la calidad de vida de los habitantes.

La crisis económica de larga duración iniciada en la década de los ochenta y las políticas neoliberales, que empobrecen continuamente a los sectores populares, dieron lugar a la explosión de dos fenómenos que han degenerado el ambiente social de los residentes, afectan su vida cotidiana y llevan a la emigración, sobre todo de los de ingresos medios: la invasión del comercio callejero, principalmente los fines de año, que da alta rentabilidad a los lugares de almacenamiento; y el crecimiento de la delincuencia, en ocasiones facilitada por el ambulantaje o asociada a éste. En el mismo sentido influye el incremento de la población itinerante proveniente de otras entidades federales y del resto del Distrito Federal, que acude al Centro Histórico a trabajar formal o informalmente, comprar, a pasear o ejercer la delincuencia.

Hay que sumar el deterioro de los servicios públicos y sociales debido a la reducción del gasto público derivada de la política federal o de la crisis fiscal local. La saturación de la vialidad, la carencia de transporte público, la insuficiencia de lugares de estacionamiento y la contaminación atmosférica resultante son también factores de expulsión poblacional.

Los esfuerzos realizados por los gobiernos federales, sobre todo luego de los sismos, y por los del Distrito Federal desde 1997, han sido insuficientes para frenar o revertir la pérdida de viviendas y, por tanto, el despoblamiento; enfrentan la escasez de recursos públicos, la descoordinación entre instituciones y autoridades, la poca capacidad adquisitiva de los demandantes de vivienda popular, el tradicional alto costo del suelo, las restricciones derivadas del carácter patrimonial -nacional y mundial- de muchos inmuebles y los mayores costos de la restauración frente a la construcción nueva.

En muchos casos, sobre todo en la reconstrucción luego de los sismos, las viviendas producidas han sido de tan poca calidad que en corto tiempo empiezan a estropearse y son presa fácil del proceso de cambio del uso de suelo, en particular en bodegas para ambulantes o el contrabando. Planteadas como "soluciones", estas acciones habitacionales hoy son parte del problema.

La necesidad de reconstruir la estructura urbana e inmobiliaria del Centro Histórico, de retener a su población y recuperar parte de la perdida, ha sido reconocida por los gobiernos capitalinos desde hace más de una década. Se han aplicado diversos programas públicos de intervención y promoción con los agentes sociales y privados. Sin embargo, han sido limitados en su alcance, con instrumentos y recursos insuficientes y descoordinados; los factores estructurales antes señalados han anulado sus efectos reales significativos o han llevado a una exacerbación de la competencia entre los usos terciarios económicamente rentables y los habitacionales, que son, en cambio, gasto de ingresos, en detrimento de los últimos, que no pueden hacer frente al encarecimiento de las rentas o del precio del suelo.

Por tanto, cualquier programa que quiera tener viabilidad debería actuar simultánea y coordinadamente sobre todos esos factores determinantes; de lo contrario se pueden generar nuevos desequilibrios que agraven la situación de deterioro en lugar de resolverla.