SABADO Ť 28 Ť JULIO Ť 2001

Ť Entiendo su dolor, dice Soberanes en foro; promete resultados de investigación en octubre

Critican papel de la CNDH ante desapariciones

Ť Familiares demandan que se considere delito de lesa humanidad y que no prescriba

GEORGINA SALDIERNA

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigará hasta sus últimas consecuencias las denuncias sobre desaparecidos políticos, haya o no comisión de la verdad, y en octubre próximo dará a conocer los resultados de su trabajo, señaló ayer el presidente de este organismo, José Luis Soberanes Fernández.

Las declaraciones del directivo de la CNDH se registraron en el marco del segundo Foro Nacional por una Legislación contra la Desaparición Forzada de Personas y la Comisión de la Verdad, en donde familiares de desaparecidos políticos y organizaciones no gubernamentales consideraron que es insuficiente la legislación actual en la materia.

De entrada, demandaron que la desaparición forzada se considere un delito de lesa humanidad y que no prescriba, pues siguen sin aparecer aquellos que fueron detenidos en la década de los 70, en medio de la guerra sucia en contra de la guerrilla.

Exigieron además que se abran los archivos del Cisen, que se permita que sean consultados por las ONG y que se cree la comisión de la verdad. También criticaron a la CNDH por carecer de métodos y procedimientos idóneos e imparciales para cumplir con la función para la que fue creada.

Al responder a las críticas, Soberanes Fernández dijo que no tomaba dichos señalamientos como una recriminación. "Estas personas tienen un dolor muy profundo, yo me solidarizo con todos ellos y les digo que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para tratar de descubrir la verdad. Espero darles, a ellos y a la sociedad mexicana, buenas cuentas, porque estamos haciendo un trabajo muy serio y muy profesional al respecto", puntualizó.

Sobre la negativa gubernamental a integrar una comisión de la verdad, señaló que una cosa es la conformación de dicha instancia, y otra que debe investigarse.

En ese sentido, reiteró que la CNDH realiza las averiguaciones del caso, presentará su informe y posteriormente, a través de las instancias gubernamentales, se concluirá la investigación. Enfatizó que la comisión presentará denuncias ante el Ministerio Público para que ejerza las acciones legales que correspondan.

Las autoridades serán las que determinen si se debe sancionar a secretarios de Estado o al Presidente, dijo. Por otra parte, destacó que es necesario realizar cambios legislativos que sean técnicamente viables, ya que en México no hay condiciones para hacer una ley de punto final o de borrón y cuenta nueva.

En el foro, Norma Lorena Santos, esposa del profesor detenido Gregorio Alvarado, criticó a los ex presidentes de la CNDH. De Jorge Madrazo Cuéllar dijo que sabía del hostigamiento a su familia y del secuestro de su marido, pero no hizo nada; Mireille Roccatti se dedicó a ser una turista más en el extranjero con gastos pagados por el erario público, y sólo pudo decir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la familia no había agotado los recursos internos necesarios, y del actual dirigente, José Luis Soberanes, señaló que se ha destacado por su incoherencia, pues para él el Cisen no tiene información sobresaliente que pudiera esclarecer la situación sobre los desaparecidos.

José Luis Moreno, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, refirió que es necesario conocer la verdad sobre los desaparecidos de la década de los 70 para que ese episodio de la historia mexicana no se repita. A su vez, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México confirmó que ha presentado 120 denuncias en contra del general Mario Acosta Chaparro, pero que la Procuraduría General de la República no ha dado ninguna respuesta a sus quejas.

La organización informó que de no encontrar solución a sus denuncias recurrirán al exterior, a la CIDH e incluso buscarán una entrevista con el juez español Baltasar Garzón.