VIERNES Ť 27 Ť JULIO Ť 2001
Ť Descarta diputada que pretendan una cacería de curas o personas
Denuncia el PRD a servidores panistas por el uso de imágenes religiosas en sitios públicos
GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Dirigentes y diputados locales y federales del PRD interpusieron ante la Contraloría capitalina una denuncia contra funcionarios de la delegación Benito Juárez por utilizar recursos y espacios públicos para promover actividades de tipo religioso.
Tras puntualizar que la denuncia tiene como sustento legal los artículos 8 y 108 de la Constitución; 47, 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 37, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el legislador perredista Gilberto Ensástiga explicó que se solicitó a la Contraloría iniciar el procedimiento administrativo correspondiente con el objetivo de deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos en los actos arriba mencionados.
"En caso de que se encuentre que algún o algunos servidores tienen responsabilidades y son acreedores a alguna sanción, la Contraloría debe realizar los trámites que correspondan de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos", apuntó.
En la denuncia el PRD explica que el pasado 2 de mayo los directores, subdirectores, coordinadores, jefes de unidad y secretarios particulares de la demarcación territorial de Benito Juárez recibieron una circular en la que se les informaba de la celebración de una misa con motivo del Día de las Madres, por lo que solicitaban su colaboración para invitar a todas "las madres trabajadoras a su cargo a dicha ceremonia".
La circular llevaba los logotipos del GDF y de la delegación Benito Juárez, además de la firma del director general de administración, Germán de la Garza, con copia para el jefe delegacional, José Espina.
Aunado a lo anterior, y con base en un reportaje periodístico, los denunciantes señalaron que en diversas oficinas de la mencionada demarcación se han colocado crucifijos y otras imágenes religiosas.
Ensástiga Santiago aclaró que su partido no cuestiona el hecho de que los funcionarios profesen una religión, ya que hay libertad de credo. Empero, el "artículo 130 hace una separación muy tajante de lo que es el Estado y las iglesias, y en este caso estamos totalmente convencidos de que se incurrió en una falta administrativa, porque están utilizando el cargo, los recursos y espacios públicos para promover una religión".
Miroslava García, diputada federal, amplió que más allá de quitar un santo, una virgen o una imagen religiosa, lo que se busca es no viciar o mezclar un asunto "meramente particular, de creencia religiosa, de culto y lo que es un servidor público. No estamos en la idea de cazar curas ni personas que tienen una religión bien definida, simplemente no queremos que se pervierta la relación del Estado con la religión, cualquiera que ésta sea".