JUEVES Ť 26 Ť JULIO Ť 2001

Ť Sostienen agria discusión con los coordinadores parlamentarios de PAN y PRD

Encaran indígenas a senadores y repudian la reforma aprobada por el Congreso

Ť Diego Fernández de Cevallos, el más cuestionado ayer en el recinto de Xicoténcatl

VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

Los coordinadores parlamentarios del Senado escucharon ayer el repudio a la reforma indígena recién aprobada. La voz del mixteco Faustino Santiago sintetizó el reclamo y fue dirigido a al panista Diego Fernández de Cevallos:

''Tenemos 500 años resistiendo el yugo y todavía ustedes nos ven como si fuéramos retrasados mentales, como niños que no podemos caminar, que no podemos llevar nuestro proyecto. ƑPor qué nos quieren diseñar programas detrás de un escritorio y nunca van a pedirnos nuestra opinión?'', preguntó.

Cuando los coordinadores recibieron a integrantes de organismos no gubernamentales (ONG), las posturas antagónicas quedaron de manifiesto.

El encuentro se dio después de una manifestación realizada por integrantes de ONG, como el Congreso Nacional Indígena, Red de Organismos de la Sociedad Civil, Red de Abogados por los Derechos Indígenas y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Los manifestantes se plantaron fuera del Senado de la República -donde ayer sesionó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión- para expresar su inconformidad ''por haber traicionado a los indígenas'' al aprobar una ley que no resuelve los problemas de las etnias y que además divide al país.

''El Congreso no cumplió su compromiso con la paz''

Lucía María Moncaño leyó un escrito en el que se advierte que ''dos de los más oscuros representantes del antiguo régimen, los senadores Manuel Bartlett Díaz, del PRI, y Diego Fernández de Cevallos Ramos, del PAN, elaboraron una ley indígena que es una triste caricatura, y después, contraviniendo las formas parlamentarias, la impusieron vía fast track.''

Esa ley, agregó, no respeta los logros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni los acuerdos de San Andrés Larráinzar, y pasa3 por encima de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), pues no reconoce la autonomía a nivel constitucional, ni a las comunidades indígenas como entidades de derecho público; niega a los pueblos derechos sobre sus territorios y no les da la facultad de organizarse municipalmente.

En el escrito entregado se señala que el Congreso de la Unión no cumplió su compromiso con la paz, burló al presidente de la República, a la Cocopa y al diálogo, y por ello es un Poder Legislativo ''que nos da vergüenza''. Además, anunciaron que darían un regalo a los legisladores; se trató de tres grandes piedras que colocaron en la entrada principal del Senado de la República, y que -explicaron- significa el obstáculo en que se ha convertido el Poder Legislativo; finalmente clausuraron esa cámara.

Una comisión entró al recinto y fue recibida por Jesús Ortega, Diego Fernández de Cevallos y el príista Ernesto Gil Elorduy. El tono de los reclamos fue fuerte: ''Nosotros lo que queremos pedir es una reconsideración de fondo y que, por única vez, abran el corazón a los indígenas. Estamos preocupados por lo que está sucediendo en las comunidades, porque las condiciones de la guerra se agudizan. Sabemos de vuelos rasantes, de amenazas de los paramilitares. Ustedes tienen los recursos legales para hacer una enmienda que realmente considere la razón que ha asistido a los pueblos en todo ese tiempo'', expuso Moncaño.

Agregó que no pueden quedarse dormidos en sus casas, ''sabiendo que el país es un polvorín, y conste que no lo digo en términos de amenaza, sino de lo que se percibe en el ambiente''.

A su vez, el mixteco Faustino Santiago señaló que aunque no sabía expresarse en términos políticos quería ''que lo escucharan, tomaran en cuenta la situación en que viven millones de indígenas''. Santiago se dirigió a Fernández de Cevallos, a quien reprochó que hable de la ley indígena como la ley de un guerrillero, y le pidió ''humildemente, a nombre de mi raza, que no nos confronte''.

Desplante y tuteo no doblegaron a los inconformes con la reforma

Fernández de Cevallos refutó las acusaciones y les pidió dejar a un lado una actitud de descalificación. ''Nadie puede pensar que toda la razón está de su lado y que a ustedes les corresponde toda la verdad y a nosotros toda la mentira; que a todos ustedes los cubre la buena fe y a nosotros la perversidad; eso no es honesto decirlo en algún foro''.

Fernández de Cevallos tuvo un desplante. Cuando le entregaron el escrito, a nombre de la sociedad civil, preguntó: ƑQuién es la sociedad civil? Y ya para entonces se dirigía a los representantes indígenas tuteándolos. Faustino Santiago le replicó que esas son sólo palabras.

Ť Se emprenderá el camino de la solución a través de los programas sociales, señala

Resulta muy difícil pensar actualmente en un acercamiento con el EZLN: Rodolfo Elizondo

Ť Se reforzará la seguridad de los habitantes de Chiapas, dice el asesor presidencial para el conflicto Ť El problema no es exclusivamente político, sino de subsistencia, advierte

JUAN MANUEL VENEGAS Y ANGELICA ENCISO

El asesor presidencial para el conflicto en Chiapas, Rodolfo Elizondo Torres, aceptó que en estos momentos es ''muy difícil'' pensar en un acercamiento con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En tal razón, dijo, se emprenderá el camino de la solución a los problemas de esa entidad por la vía de los programas sociales y el reforzamiento de la seguridad de sus habitantes.

''El problema de Chiapas, como en muchas partes del país, no es exclusivamente político; es un problema, incluso, de subsistencia, de necesidades que tiene la población indígena y eso es lo que va a atender este gobierno'', señaló el también coordinador de la oficina para la Alianza Ciudadana.

Elizondo Torres indicó que la próxima semana estará en condiciones de anunciar los ''acuerdos'' que desde el gobierno federal se tomaron para enfrentar la situación en el estado de Chiapas.

''No podemos esperar necesariamente a que se dé el diálogo (con el EZLN) para emprender acciones encaminadas a la solución de los problemas; se tendrán que aplicar acciones más de tipo de social que de tipo político, y creo que esto va a ser base fundamental para entrar a una nueva etapa que ayude a resolver las causas que provocaron el conflicto'', subrayó el funcionario en entrevista que concedió en la residencia oficial de Los Pinos, al término de la ceremonia de cancelación del timbre conmemorativo 2001, Año Internacional de los Voluntarios.

Reformular la ley, insiste Marcos Matías

Por su parte, el director general del Instituto Nacional Indigenista (INI), Marcos Matías Alonso, hizo un llamado a los legisladores para que reformulen la ley indígena, aunque reconoció que los caminos que hay para hacerlo son limitados. Sólo hay dos opciones, precisó: establecer una controversia constitucional o el veto presidencial.

Entrevistado luego de la presentación de los programas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Matías Alonso afirmó que la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas se debe reformular porque si bien tiene avances en materia de derechos sociales, culturales y económicos para los indígenas, es deficiente en lo que se refiere a autonomía, derechos políticos y territorio.

Dijo que como defensor de 11 millones de indígenas del país podía señalar que las etnias tienen ''la esperanza'' de que la ley sea revisada, porque existen serios desequilibrios entre lo social y lo político. En este último punto es donde reside su mayor debilidad, advirtió el director del INI.

Aseguró que la ley, tal como está, puede contribuir al desarrollo indígena sobre todo en la parte económica, porque se incluyen temas como la instalación de caminos, alcantarillado, escuelas, becas, salud, atención a mujeres y jornaleros. ''Puede ser un buen marco para el desarrollo de los pueblos indios'', concluyó Matías Alonso.

Ť La próxima semana llevará el caso ante la SCJN

Vacío jurídico en la aprobación de la ley indígena, afirma Amalia García

RENATO DAVALOS

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) sumará al recurso de inconstitucionalidad contra la ley indígena expedientes que incluirán la controversia constitucional e incluso el amparo. La próxima semana se presentarán los documentos respectivos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó la dirigente nacional perredista, Amalia García.

Hay un vacío jurídico, pues la Constitución no contempla los porcentajes de votación con que deberá ser refrendada una enmienda constitucional, apuntó García Medina en conferencia de prensa, luego de una reunión con legisladores locales de varias entidades del país, realizada en la sede nacional del partido del sol azteca.

La política zacatecana aseguró que no existe polémica al interior del PRD, y justificó a los senadores Jesús Ortega Martínez y Demetrio Sodi de la Tijera, quienes ''recientemente han establecido que el voto que se registró en el Senado fue un error''.

Amalia García dijo que es importante que el presidente Vicente Fox Quesada no promulgue la ley indígena, porque en caso de que la Suprema Corte fallara en favor de la controversia constitucional, el ordenamiento tendría que regresar al Poder Legislativo para su revisión.

En el encuentro también estuvieron Ifigenia Martínez y Pablo Gómez, además de varios especialistas que examinaron los caminos jurídicos que pueden seguirse para formalizar la inconformidad en torno a la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.

La conclusión del encuentro fue que la ley ''presenta varias fallas'' que motivaron la protesta que se sustentará en varios recursos. Uno de ellos es que México ratificó el Convenio sobre Pueblos Indios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ignoró la ley, detalló García Medina.

En los casos en que se presentarán amparos, explicó la dirigente del PRD, se hará en el ámbito particular. Hay personas que así lo han decidido, ya que consideraron que fueron violadas sus garantías, añadió.

Por lo que hace a la inconstitucionalidad, serán el partido del sol azteca y varios municipios los que fundamenten los recursos respectivos, apelando a las violaciones al convenio de la OIT.

Y en torno a la controversia constitucional, indicó, serán los gobernadores perredistas quienes harán válido el recurso de inconformidad. Ni el Poder Ejecutivo ni la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dijo, revisaron el cumplimiento cabal de la reglamentación a la hora de aceptar la ley indígena. En el primer caso, se tuvo que verificar si el procedimiento fue constitucional o no. Por ello, ante el cúmulo de recursos que se presentarán sería deseable que el Ejecutivo no promulgara la citada reforma.

A su vez, la Comisión Permanente dio cuenta de los oficios de las legislaturas locales, pero no se contemplaron las votaciones y las actas en que se daba cuenta de ellas. Además, el próximo 8 de agosto, aniversario del natalicio de Emiliano Zapata Salazar, se realizará una marcha para reivindicar a los pueblos indios. La movilización culminará en el Zócalo de la ciudad de México.

El caso debería sentar jurisprudencia

Resulta pertinente, abundó García Medina, que el asunto de la ley indígena siente jurisprudencia para reformas constitucionales venideras. Hasta el momento, precisó, la estrategia define que será la propia estrategia perredista la que empezará a desplegarse a partir de la próxima semana, independientemente de los pronunciamientos que han hecho al respecto gobernadores como el priísta José Murat Casab, de Oaxaca.

A este respecto, citó que basta con que un recurso sea presentado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dé entrada. El resto de los expedientes que se acumularán tienen que ver con la consolidación de un planteamiento que se ha extendido en varias entidades, asentó la dirigente perredista.

Por su parte, Alma Gómez, diputada local chihuahuense, señaló que en el Congreso de esa entidad se violó el artículo 64 constitucional, donde se señala que esa instancia legislativa tiene que consultar a las comunidades indígenas cualquier modificación que afecte su vida.

''Tendría que habérseles consultado y las comunidades deberían haber intervenido en deliberaciones antes del filtro legislativo'', apuntó finalmente la legisladora perredista.

Ť El Estado no ha cambiado; los métodos para legislar, como antaño, expresa

La reforma dibuja un México irreal: Raúl Vera

Ť El titular de la diócesis de Saltillo afirma que el 2 de julio significó un mensaje de esperanza para la solución del problema indio; la imposibilidad del diálogo lo acabó

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

La promulgación de una ley indígena que no respetó el contenido de los acuerdos de San Andrés pone en riesgo al país, pues niega el derecho de los pueblos indios a su autodeterminación dentro de la nación mexicana; no garantiza el progreso real de México, y no anuncia, para nada, el paso a la democracia, advirtió Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo.

"Se trata de una ley irreal que intenta que vivamos un México irreal también; un México que no tiene nada que ver con su Constitución", afirmó quien durante cuatro años se desenvolvió, a lado de Samuel Ruiz, como obispo coadjutor en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Apuntó: "Dentro del contexto nacional que hoy vivimos, esto es un signo y es un mensaje no sólo para los indígenas. Es un mensaje para todos los mexicanos de que el Estado no ha cambiado, los métodos para manejar las leyes no han cambiado", de tal manera que "lo que hagamos el día de hoy por los indígenas, lo estamos haciendo por todos nosotros".

En conferencia con la prensa, en la que también participaron representantes de la Iglesia bautista, del Centro Nacional para Ayuda de las Misiones de la Iglesia y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Raúl Vera se dijo: "No sé si haya ley moderna en México que haya pasado por tantos tamices y por tantos diálogos para construirse, y yo no sé si para una ley en México haya habido las manifestaciones de aprobación como las que se vieron" con la llamada ley Cocopa.

La respuesta numérica corrió a cargo de Carmen Montes, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien documentó que entre diciembre de 1996 y marzo de 1997 se llevaron a cabo cinco foros regionales; una consulta nacional en la que participaron 3 millones de personas; surgió el Congreso Nacional Indígena, el cual constituye actualmente la más numerosa y representativa organización india del país, y se celebraron 239 foros de comunidades.

Además, precisó, surgieron 313 organismos solidarios de la sociedad civil, y se han manifestado 6 mil 308 personalidades dentro del país en favor de la iniciativa sobre derechos y cultura indígenas elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación, a partir de los acuerdos de San Andrés.

La ley Cocopa, recordó el obispo de Saltillo, tocaba varios artículos constitucionales de primera importancia, como el 26, el cual se refiere a la planeación democrática y recoge las aspiraciones y demandas de la sociedad para formular un Plan Nacional de Desarrollo; el artículo 53, que tiene que ver con la demarcación territorial de los distritos electorales para elegir diputados; el 73, que trata de las facultades del Congreso para la autorización del presupuesto; el 116; el 115 sobre los municipios, y el cuarto, que trata de la pluriculturalidad de la nación mexicana.

''šNo! --exclamó. Aquí todo quedó en el artículo segundo. šPara preservar la unidad nacional! Y allí encajonaron todo, siempre en vistas a que los hermanos formen parte de la nación, tutelados ya no por la Colonia, sino por el Estado''.

Puntualizó: "Creo que se está contraviniendo toda una mentalidad y yo, como miembro de la Iglesia católica, que hemos trabajado desde una evangelización profunda en Chiapas para hacer de nuestros hermanos indígenas parte de nuestra historia, no podemos ver con buenos ojos una ley que los sigue teniendo como objetos".

Raúl Vera objetó sobre el contenido de la ley Bartlett-Cevallos-Ortega, identificada así por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: "Los vamos a cuidar para poder verlos cómo danzan, para poder ver cómo hacen guitarritas; los vamos a cuidar, es nuestro interés, Ƒverdad? O se pueden asociar en los municipios, šeh! Las señoras que venden chicles pueden hacer su sindicato para que los chicles no valgan un peso sino dos; vamos a cuidarlos, šeh!".

Luego contrastó: "Estas son las posibilidades que se les están dejando contra los acuerdos de San Andrés, que les dan incluso la posibilidad de administrar sus territorios. La ley Cocopa les daba territorios, porque se pedía la remunicipalización para que los indígenas como pueblos ocuparan territorios en los que puedan ellos tener formas de gobierno apropiadas para rehacerse y reconstituirse como sujetos de la historia, y no nada más un representante ante el ayuntamiento como les da esta ley''.

De ahí, el ex obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas planteó su propuesta: "La salida más viable es que se siga modificando la Constitución con base en lo que los hermanos indígenas propusieron, y esto es posible, no con base en lo que se les ocurre a unos legisladores que tienen el fantasma de la escisión porque no conocen a los pueblos indios, quienes lo que están diciendo es 'queremos ser mexicanos pero en nuestra propia cultura'".

Remató: "Yo confío en el gran talante de los pueblos indios, pero también no tenemos que ser abusivos con ellos. Basta".

Y recordó: ''el 2 de julio de 2000 abrió un mensaje de esperanza, sí a los indígenas, puesto que fue uno de los argumentos fundamentales no sólo de la campaña sino de la toma de posesión del señor Fox, y también fue uno de los puntos desastrosos para quien no podía hablar de eso, el candidato oficial, quien no podía hablar de Chiapas porque nadie le creía. Si ahora no continúa se acabó, ahí no hay esperanza. La imposibilidad del diálogo por la paz es muy arriesgado y delicado. Hay zozobra".

Ť El tema, cuento de nunca acabar, califica el PAN

Reformar la reforma, insiste PRD; asunto concluido: PRI

Ť Representantes de ONG colocaron piedras a la entrada del Senado como símbolo de los obstáculos a la paz

VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

La asistencia al Senado de organizaciones no gubernamentales que expresaron su rechazo a la ley indígena manifestó las posturas partidistas respecto del tema. El PRD, en voz de Jesús Ortega, propuso una reforma de la reforma; el PRI sostuvo "que el asunto ya está concluido", y el panista Diego Fernández de Cevallos rechazó que su partido revise la legislación, "porque sería el cuento de nunca acabar".

El encuentro con los coordinadores parlamentarios se dio después de una manifestación de decenas de integrantes de organizaciones, entre ellas el Congreso Nacional Indígena (CNI), la Red de Organismos de la Sociedad Civil, la Red de Abogados por los Derechos Indígenas y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Legislativo que da vergüenza

Los manifestantes se plantaron afuera de la vieja casona de Xicoténcatl, donde ayer sesionó la Comisión Permanente; ahí expresaron su repudio al Congreso de la Unión "por haber traicionado a los indígenas" al aprobar una ley que no resuelve los problemas de las etnias y divide al país.

Lucía María Moncaño, de la Red de Organismos de la Sociedad Civil, leyó un escrito "de parte de la sociedad civil" en el que se advierte que fueron "dos de los más oscuros representantes del antiguo régimen, Manuel Bartlett y Diego Fernández de Cevallos, los que elaboraron una ley indígena que es una triste caricatura, y después, contraviniendo las formas parlamentarias, la impusieron por fast track".

Esa ley, agregó, no respeta los logros del Convenio 169 de la OIT ni los acuerdos de San Andrés, y pasa por encima de la iniciativa de la Cocopa, pues no reconoce la autonomía de los pueblos en el ámbito constitucional ni a las comunidades como entidades de derecho público; niega a los pueblos derechos sobre sus territorios, y no les da la facultad de organizarse municipalmente.

En ese escrito, que luego se entregó a los coordinadores parlamentarios, los manifestantes señalan también que el Congreso no cumplió su compromiso con la paz, y burló al Presidente, a la Cocopa y al diálogo, por ello es un poder "que nos da vergüenza".

Para expresar su molestia, anunciaron además que darían un regalo a los legisladores: tres grandes piedras que colocaron en la entrada principal, y que según explicaron significan el obstáculo en que se ha convertido el Legislativo.

Una comisión entró al recinto, que fue recibida por Ortega, Fernández de Cevallos y el priísta Ernesto Gil Elorduy. Los reclamos continuaron en el mismo tono:

''Nosotros lo que queremos pedir es una reconsideración de fondo y que por única vez abran el corazón a los indígenas. Estamos preocupados por lo que está sucediendo en las comunidades, porque las condiciones de la guerra se agudizan. Sabemos de vuelos rasantes en las comunidades, de amenazas de los paramilitares. Ustedes tienen los recursos legales para hacer una enmienda que realmente considere la razón que ha asistido a los pueblos en todo ese tiempo", expuso Moncaño a los senadores.

Agregó que no pueden quedarse dormidos, tranquilos en sus casas, "sabiendo que el país es un polvorín, y conste que no lo digo en términos de amenaza sino de lo que se percibe en el ambiente".

El mixteco Fausto Santiago dijo que aunque no sabía expresarse en términos políticos quería que lo escucharan y tomaran en cuenta la situación en que viven millones de indígenas. "Tenemos 500 años resistiendo este yugo y todavía ustedes nos ven como si fuéramos retrasados mentales; como niños que no podemos caminar, que no podemos llevar nuestro proyecto. ¿Por qué ustedes nos quieren diseñar programas detrás del escritorio y nunca van a pedirnos nuestra opinión?".

Santiago, integrante de una organización de intérpretes y traductores indígenas, se dirigió a Fernández de Cevallos, a quien reprochó que hable d de la ley indígena como la de un guerrillero, y le pidió "humildemente, a nombre de mi raza, que no nos confronte".

Arengas de Fernández

El primero en responder fue el coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, quien se dijo atento a los planteamientos formulados, y que en su fracción harán el esfuerzo porque se incorpore a la Constitución los puntos más controvertidos de la reforma. Anunció que propondrá el inicio de un nuevo proceso legislativo para llevar a cabo la reforma de la reforma, "en la que se incorporen las demandas de los grupos indígenas y se avance a la paz en Chiapas''.

Fernández de Cevallos, por su parte, refutó las acusaciones. Les pidió dejar a un lado la descalificación. "Nadie puede pensar que toda la razón está de su lado y que a ustedes les corresponde toda la verdad, y a nosotros toda la mentira; que a todos ustedes los cubre la buena fe y a nosotros la perversidad. Eso no es honesto decirlo en algún foro''.

Advirtió que ninguna constitución es eterna, que nadie puede considerar perfecta la iniciativa de la Cocopa ni "la reforma que hicimos". Sostuvo que no se niega a ningún cambio futuro en ese ordenamiento, siempre y cuando sea dentro de la ley y sin injurias ni agresiones.

Sin embargo, aclaró, lo único que se requiere "es que no se ponga como condición, para poder entendernos, que se tenga que hacer lo que diga un comité campesino o un comité clandestino revolucionario".

El priísta Gil Elorduy, quien asistió al encuentro en representación del coordinador priísta, Enrique Jackson, dijo que todas las leyes son perfectibles y habría que analizar qué se puede mejorar de la reforma indígena.

A partir de ello, el perredista Ortega tomó nuevamente la palabra y señaló que en vista de que había coincidencia en los legisladores del PRI y del PAN en hacer las modificaciones necesarias a la reforma indígena, propuso que en la Junta de Coordinación Política se discuta el inicio del nuevo proceso legislativo.

De inmediato Fernández de Cevallos aclaró que no podía asumir una reforma de la reforma ni comprometerse a reiniciar un proceso legislativo que dejara a todos satisfechos, porque sería "el cuento de nunca acabar".

Planteó que en todo caso la instancia que tendría que reiniciar la discusión es la Cocopa, y que es conveniente darle su lugar ahora que está muy golpeada.

Después de escuchar al panista, Gil Elorduy aclaró a su vez que para el PRI "esto es un asunto ya concluido. Ya no está en la esfera del Congreso de la Unión".

Ť Cuestiona señalamientos publicados en el Perfil de La Jornada del 28 de abril

Ortega justifica el voto perredista favorable a la reforma indígena y desestima críticas recibidas

Ť Somete al consejo nacional de su partido el análisis sobre el particular Ť La ley reconoce reivindicaciones de EZLN y CNI Ť Marcos tiene un gran peso mediático en el PRD, afirma

RENATO DAVALOS

El coordinador perredista en el Senado, Jesús Ortega, sometió al consejo nacional de su partido el análisis del voto favorable de los legisladores del PRD en torno a la ley indígena. La reforma reconoce los ''asuntos torales'' de las reivindicaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), estableció. En el documento lanza críticas al subcomandante Marcos y su peso mediático en el PRD; considera ''falsas e incorrectas'' muchas de las censuras a la ley, y acusa que en su partido resurgen prácticas estalinistas.

El consejo nacional analizará los argumentos de Ortega Martínez en su próxima reunión, prevista para después de los comicios tabasqueños. ''Se confunden quienes afirman que los pueblos indígenas deben ser entidades de derecho público, pues no puede pretenderse la modificación de la forma de gobierno y la estructura del Estado'', sostiene el senador en su argumentación.

Sobre las reacciones negativas por el voto perredista favorable a la ley indígena, considera que ''no son correctas, porque la ley reconoce a los pueblos indios como sustento originario de la nación y garantiza su libre autodeterminación y autonomía'', asienta.

-ƑDisentir es traición? -se le preguntó.

-No, bajo ninguna circunstancia. En el partido resurgen viejas prácticas, gritos en lugar de discusión, intolerancia frente a ideas contrarias. Marcos dijo que la reforma está mal y entonces está mal. El subcomandante tiene un gran ''peso mediático'' e influencia en el PRD. Muchos análisis parten incluso de planteamientos que no incluyeron la lectura de la ley ni consideraciones jurídicas.

''Críticas seguidistas''

En particular considera ''falsos e incorrectos'' muchos de los señalamientos del Perfil de La Jornada publicado el 28 de abril pasado. Buscamos al EZLN y al CNI y ''nunca hubo respuesta''. Era una táctica no opinar hasta la aprobación en el Senado, lanzó.

Calificó de ''críticas seguidistas'' lo expresado por EZLN, CNI e incluso EPR y ERPI. Además, añade, hubo algunas influencias por el debate partidista.

Falsa y de mala fe, dice, la interpretación de La Jornada en su Perfil del 28 de abril. En uno de sus pasajes fundamentales Ortega asienta:

''Considero que, en lo esencial, las críticas no son correctas debido a que la reforma reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas como sustento originario de la nación y garantiza su derecho a la libre autodeterminación y a la autonomía.

''Se argumenta (Perfil de La Jornada, 28 de abril) que en el quinto párrafo del artículo segundo se remite a las legislaturas de los estados la atribución para determinar las formas en que se reconocerá la autonomía de los pueblos; ello significa que la autonomía pasa a ser materia local y queda a criterio de los estados dicho reconocimiento.

''Esta interpretación es falsa, de mala fe, pues una elemental lectura del párrafo quinto permitirá concluir que lo que la reforma deriva a los congresos locales no es el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación y autonomía, pues ello está explícito en la Constitución, sino el reconocimiento de cuáles y quiénes son los pueblos y comunidades indígenas en cada entidad.

''Igualmente, se argumenta que el último párrafo del apartado A limita el derecho a la libre autodeterminación. Esa interpretación es igualmente incorrecta, pues por una facultad de la Constitución corresponderá a las legislaturas locales, por su principio de inmediatez con las comunidades y pueblos indígenas, implementar (sic) la garantía constitucional contemplada en el artículo segundo.''

En otro de los apartados del documento, Ortega Martínez añade:

''La creación de una cuarta instancia de gobierno que ejerce poder público -poderes federales, estatales, municipales y de los pueblos indígenas- puede ser, en todo caso, resultado de una nueva y diferente constitucionalidad, la que podría contemplar ese propósito.

''Pero no haber logrado eso ahora, a pesar de nuestra insistencia y esfuerzo, y consecuentemente de nuestro voto en contra en ese punto no significa, como dicen algunos, que se impide su ejercicio, el de los pueblos y comunidades indígenas, al derecho ciertamente reconocido de su autodeterminación y autonomía (Perfil de La Jornada, 28 de abril).

''Esto es falso, porque la reforma establece en la Constitución un explícito reconocimiento a los pueblos indígenas y a sus derechos, entre éstos, igualmente explícitos, a la autodeterminación y autonomía.''

Acerca del disfrute de los recursos naturales, indica:

''La reforma, dicen, omite el derecho de los pueblos al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, dejando sólo la posibilidad para un uso y disfrute preferente de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, condicionando a las formas y modalidades de propiedad establecidas en la Constitución. El párrafo correspondiente habla del derecho de los pueblos y comunidades, es decir, de los entes colectivos y por lo tanto el uso y disfrute debe ser precisamente colectivo.''

Y del territorio:

''Se dice que en lugar de territorio para el uso y disfrute de los recursos, la reforma sólo establece los lugares que habitan y ocupan las comunidades. Ello es verdad y en cierto modo limita, pero la reforma debe entenderse de manera integral y por ello no hay que perder de vista el párrafo en el que se señala que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

''Pugnamos porque en un inciso se estableciera con claridad la palabra territorio, pero no pudimos vencer la resistencia del PAN y del PRI y, consecuentemente, votamos en contra.

''Son éstas mis razones -prosigue-, sobre algunos de los temas más controvertidos, y es necesario que aun sí, sobre los más álgidos (sic), votamos en contra haciendo uso del procedimiento parlamentario. Faltan otros que no fueron contemplados en la reforma y que, desde luego, son ausencias y faltas notables. Lo reconocimos desde un principio y lo dijimos en la tribuna y ante los medios.

''Quiero dejar claro que la parte sustancial de lo que consideramos derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y que quedó establecido en la reforma, fue resultado de nuestras propuestas y nuestra insistencia, por lo que en ese momento y circunstancia consideramos como política y éticamente válido aprobar la reforma a favor en lo general, y en contra en lo particular.

''Pareciera que el asunto de las libertades, de los derechos políticos y de la democracia estaban resueltos para un partido de izquierda como el nuestro. Este y otros acontecimientos en el partido, que todo mundo tiene en la memoria, no lo demuestran.

''Me podría explicar este comportamiento intolerante y antidemocrático cuando proviene de una persona u organización ajena al partido, pero es y debe ser inadmisible en nuestro seno.

''Hay prácticas y visiones de un pasado que todavía nos resistimos a dejar. El voto en las cámaras no debiera ser motivo de escándalo. A juicio del CEN, el grupo parlamentario senatorial cometió un error táctico y, sin duda, como coordinador del grupo tenemos que atender y respetar esa interpretación.

''Hay quienes trivializan el tema pensándolo y escribiéndolo en términos de que la diferencia está, lo cito, entre los que quieren representar a sus electores y a quienes pudieran apoyar al partido en el futuro o quienes creen que lo más importante es relacionarse con otros partidos, especialmente con el gobierno. Definir así, en esos parámetros, el debate sobre la estrategia que deba seguir el Partido de la Revolución Democrática es simplemente vulgarizarlo al extremo.

''Se acepte o no, el debate central del partido y un elemento fundamental para su futuro, es el de su línea política, el de su estrategia, y el asunto de la reforma constitucional es parte de lo mismo. El grupo parlamentario en el Senado resolvió solicitar al consejo nacional que incluya este tema en el orden del día de su próxima reunión, para informar sobre el sentido del voto y debatir el tema.''

Apenas el 11 de julio, dos días antes de que enviara el documento al consejo nacional de su partido, Ortega afirmó a La Jornada que ''fue un error haber aprobado una ley que no ayuda a la paz en Chiapas, ni cumple con las demandas de los pueblos indios; no tenemos humildad para admitir que nos equivocamos''.