JUEVES Ť 26 Ť JULIO Ť 2001

Ť La próxima semana llevará el caso ante la SCJN

Vacío jurídico en la aprobación de la ley indígena, afirma Amalia García

RENATO DAVALOS

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) sumará al recurso de inconstitucionalidad contra la ley indígena expedientes que incluirán la controversia constitucional e incluso el amparo. La próxima semana se presentarán los documentos respectivos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó la dirigente nacional perredista, Amalia García.

Hay un vacío jurídico, pues la Constitución no contempla los porcentajes de votación con que deberá ser refrendada una enmienda constitucional, apuntó García Medina en conferencia de prensa, luego de una reunión con legisladores locales de varias entidades del país, realizada en la sede nacional del partido del sol azteca.

La política zacatecana aseguró que no existe polémica al interior del PRD, y justificó a los senadores Jesús Ortega Martínez y Demetrio Sodi de la Tijera, quienes ''recientemente han establecido que el voto que se registró en el Senado fue un error''.

Amalia García dijo que es importante que el presidente Vicente Fox Quesada no promulgue la ley indígena, porque en caso de que la Suprema Corte fallara en favor de la controversia constitucional, el ordenamiento tendría que regresar al Poder Legislativo para su revisión.

En el encuentro también estuvieron Ifigenia Martínez y Pablo Gómez, además de varios especialistas que examinaron los caminos jurídicos que pueden seguirse para formalizar la inconformidad en torno a la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.

La conclusión del encuentro fue que la ley ''presenta varias fallas'' que motivaron la protesta que se sustentará en varios recursos. Uno de ellos es que México ratificó el Convenio sobre Pueblos Indios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ignoró la ley, detalló García Medina.

En los casos en que se presentarán amparos, explicó la dirigente del PRD, se hará en el ámbito particular. Hay personas que así lo han decidido, ya que consideraron que fueron violadas sus garantías, añadió.

Por lo que hace a la inconstitucionalidad, serán el partido del sol azteca y varios municipios los que fundamenten los recursos respectivos, apelando a las violaciones al convenio de la OIT.

Y en torno a la controversia constitucional, indicó, serán los gobernadores perredistas quienes harán válido el recurso de inconformidad. Ni el Poder Ejecutivo ni la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dijo, revisaron el cumplimiento cabal de la reglamentación a la hora de aceptar la ley indígena. En el primer caso, se tuvo que verificar si el procedimiento fue constitucional o no. Por ello, ante el cúmulo de recursos que se presentarán sería deseable que el Ejecutivo no promulgara la citada reforma.

A su vez, la Comisión Permanente dio cuenta de los oficios de las legislaturas locales, pero no se contemplaron las votaciones y las actas en que se daba cuenta de ellas. Además, el próximo 8 de agosto, aniversario del natalicio de Emiliano Zapata Salazar, se realizará una marcha para reivindicar a los pueblos indios. La movilización culminará en el Zócalo de la ciudad de México.

El caso debería sentar jurisprudencia

Resulta pertinente, abundó García Medina, que el asunto de la ley indígena siente jurisprudencia para reformas constitucionales venideras. Hasta el momento, precisó, la estrategia define que será la propia estrategia perredista la que empezará a desplegarse a partir de la próxima semana, independientemente de los pronunciamientos que han hecho al respecto gobernadores como el priísta José Murat Casab, de Oaxaca.

A este respecto, citó que basta con que un recurso sea presentado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dé entrada. El resto de los expedientes que se acumularán tienen que ver con la consolidación de un planteamiento que se ha extendido en varias entidades, asentó la dirigente perredista.

Por su parte, Alma Gómez, diputada local chihuahuense, señaló que en el Congreso de esa entidad se violó el artículo 64 constitucional, donde se señala que esa instancia legislativa tiene que consultar a las comunidades indígenas cualquier modificación que afecte su vida.

''Tendría que habérseles consultado y las comunidades deberían haber intervenido en deliberaciones antes del filtro legislativo'', apuntó finalmente la legisladora perredista.