En dos hechos separados, ocurridos ayer, se expresaron los avances logrados en los meses recientes en materia de protección y dignificación de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. El primero, en Washington, fue la presentación de las propuestas formuladas al presidente George W. Bush por los secretarios de Estado, Colin Powell, y Justicia, John Ashcroft, para otorgar a gran número de connacionales permisos temporales de trabajo en el país vecino. 

El segundo fue el encuentro entre el propio Ashcroft y el procurador mexicano Rafael Macedo de la Concha, en San Diego, California, en el que el funcionario estadunidense formuló declaraciones cuyo tono autocrítico no tiene precedente en las relaciones bilaterales.

El primero de esos hechos está claramente vinculado con el interés de Bush por establecer para sí mismo y para su partido una base electoral sólida entre la población de origen hispanoamericano, particularmente entre los mexicanos naturalizados y descendientes de mexicanos. No por ello debe desconocerse, sin embargo, el papel que han desempeñado en esta concesión las gestiones gubernamentales mexicanas y las presiones sociales en ambos lados de la frontera.

Las medidas propuestas por Powell y Ashcroft son sin duda insuficientes y el enfoque penalizador de la migración sigue siendo hegemónico en la clase política estadunidense, como lo demuestra el hecho de que los círculos de la Casa Blanca insisten en declarar que el otorgamiento de regularizaciones temporales no debe verse como una "amnistía", ni siquiera limitada, para los indocumentados mexicanos; es decir, se les sigue considerando como delincuentes. Pero los permisos provisionales a trabajadores "huéspedes" constituirán un primer paso para que éstos puedan defender sus derechos humanos, laborales y sociales con un mínimo margen de viabilidad legal.

Por lo que hace a los señalamientos de Ashcroft en San Diego, debe destacarse su reconocimiento de que el gobierno de su país con frecuencia "ha olvidado sus responsabilidades" en la relación bilateral con el nuestro. El secretario de Justicia de la nación vecina, en su encuentro con el procurador general de México, planteó una serie de medidas para reforzar la seguridad en la frontera común, entre las que destacan acciones de detección y persecución de las criminales bandas de traficantes de trabajadores indocumentados, el refuerzo de la vigilancia ya no sólo con el propósito de reprimir y perseguir a los migrantes sino --cosa inédita-- para evitar que mueran en los inhóspitos territorios del sur de Estados Unidos, así como la aceptación estadunidense --también sin precedentes-- de colaborar en el combate al tráfico de armas que se realiza desde aquella nación. Ese trasiego, que deja de aquel lado grandes ganancias para los fabricantes y los comerciantes de armamento, representa para nuestro país un incremento de la inseguridad, la delincuencia, y la violencia.