Ť Desintegraron el ayuntamiento autónomo, "ya no habría delito que perseguir", asevera

Injusta prisión de 2 miembros de movimiento pro municipio libre en Sochiapa, dice el hermano de uno

Ť La comisión solicita la intervención del gobierno federal y de la CNDH en el caso

ANGELICA ENCISO GUADALUPE LOPEZ Y ANDRES MORALES CORRESPONSALES

Cuando el gobierno de Veracruz prometió que el Congreso local analizaría la posibilidad de erigir en municipio libre a Sochiapa, el movimiento pro municipio decidió desintegrar el ayuntamiento autónomo. Por tanto, no hay delito que perseguir, y es injusto el encarcelamiento de Andrés Cano Martínez y Miguel Bautista Alonso en el penal de San Carlos, Perote, acusados de usurpar funciones.

Así lo sostuvo hoy Eulogio Cano Martínez, hermano de Andrés, quien señaló además que el traslado de los dos líderes indígenas es arbitrario y atentatorio de sus garantías individuales, pues el distrito judicial al cual pertenecen es Cosamaloapan, aparte de que en la fortaleza de San Carlos sólo hay reos sentenciados.

Eulogio Cano, quien acababa de ir a visitar a Andrés al reclusorio, dijo que su hermano está mal de salud, "tiene los labios resecos y despellejados" y ha bajado de peso, ya que lo afecta su traslado de un lugar cálido como Playa Vicente, municipio al que pertenece Sochiapa, a otro de clima frío como Perote.

Relató que a otro compañero de ellos, partícipe del movimiento pro municipio libre, lo detuvieron policías de Seguridad Pública por seis horas y lo mantuvieron amarrado mientras investigaban si había orden de aprehensión en su contra . "¿Hay estado de derecho en Veracruz ?", se preguntó Eulogio Cano.

Mencionó que el gobierno estatal "armó una confabulación" con los caciques de Playa Vicente para acusar a los líderes de delitos graves que realmente no existen. Agregó que todo, incluso la averiguación previa, se armó vía telefónica, y así está asentado en el expediente. "Todo esto se hace con Jorge Uscanga Escobar, subsecretario de Gobierno", afirmó.

Denuncian ante Fox y la CNDH

Por otro lado, la comisión pro municipio libre de Sochiapa solicitó la intervención del gobierno federal y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque, asegura, el Congreso y el gobierno estatal se oponen a darles ese reconocimiento.

En carta al presidente Vicente Fox, los indígenas le explican que desde 1995 cerca de 67 pueblos indígenas buscaron integrar el municipio de Santiago Sochiapan para enfrentar los malos tratos de caciques de la cabecera municipal de Playa Vicente, por lo que enviaron una petición al Congreso de la Unión.

En enero de este año, cerca de 37 mil habitantes de los pueblos constituyeron la asamblea del ejido de Xochiapa para buscar mecanismos de integración del municipio, y así se constituyó su primer cabildo. Un mes más tarde el gobierno estatal lo desconoció.

Frente a ello acordaron aceptar la disolución del municipio autónomo, pero crearon el movimiento pro municipio libre constitucional de Santiago Sochiapa, con lo que el gobierno se comprometió a respetar las autoridades electas, a las que se les dieron facultades de vigilancia, gestión y administración. Además aseguró que garantizaría el respeto de Playa Vicente hacia comunidades indígenas.

Sin embargo, el gobierno estatal comenzó a incumplir con sus compromisos desde marzo, el hostigamiento de las autoridades de Playa Vicente se agudizó y comenzaron las detenciones de ciudadanos de Santiago Sochiapa.

Instalan mesas de negociación en Coyutla

Durante la primera mesa de diálogo entre el Movimiento Ciudadano Coyutleco (MCC) y representantes del gobierno estatal, este martes surgieron los primeros compromisos para solucionar el conflicto en esta localidad.

Entre los temas tratados destaca la agilización de procesos penales, que se persiguen de oficio, y permitir que la defensa de los involucrados ?miembros del MCC? presente las pruebas que permitan declararlos improcedentes en un futuro cercano, además de reactivar la investigación por los asesinatos de los hermanos Manuel y María del Carmen Jiménez Rosas, ambos ex alcaldes de Coyutla.

En este último tema ofrecieron a los representantes de la Procuraduría de Justicia estatal, como pruebas testimoniales, una demanda abierta por los familiares de María del Carmen Jiménez Rosas, la cual involucra al actual alcalde Basilio Picazo Pérez como posible autor intelectual.