miercoles Ť 25 Ť julio Ť 2001
Carlos Martínez García
Los intransigentes de Ixmiquilpan
La presión en su contra data, por lo menos, de hace tres años. En 1998 una de sus integrantes, Jerónima Corona, no pudo ser sepultada en el cementerio del pueblo porque la mayoría se opuso a que sus restos yacieran junto con los cuerpos de católicos. Desde marzo pasado la asamblea comunitaria del barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, les cortó el suministro de agua potable y los tiene bajo amenaza de expulsión del poblado. Nos referimos al pequeño grupo de creyentes evangélicos que por negarse a cooperar para la celebración de las fiestas católicas tradicionales son acosados por una mayoría que pretende implantar la homogeneidad de creencias entre la población.
Lo novedoso en el caso de los protestantes de Ixmiquilpan no es que sean hostigados por su disidencia religiosa, realidad que por otra parte está presente en muchos lugares de México y se manifiesta en discriminación y vulneración a los derechos humanos, sino que decidieron organizarse para resistir los embates en su contra y hacer pública su lucha. De alguna manera el caso se filtró a los medios y en algunos de ellos, particularmente en La Jornada, la lid por el derecho a la libertad de creencias y sus repercusiones culturales han trascendido los propios círculos confesionales a los que pertenecen evangélicos y evangélicas de Ixmiquilpan. Tal vez ha sido esta diseminación informativa -todavía muy limitada, pero comparativamente con otros casos similares la información es mayor- un obstáculo importante para que los potenciales expulsadores no hayan podido cumplir sus deseos de ver a San Nicolás libre de creencias exóticas.
Llama la atención que sea un sector pentecostal de los evangélicos de Ixmiquilpan el que se muestra más firme al defender sus derechos. Su posición ha sido incluso criticada por pastores de la región, organizados en la Alianza Ministerial del Valle del Mezquital. Las autoridades federales y estatales han tratado de sacar partido de esta realidad, acercándose al grupo que tienen por conciliador y buscando aislar a quienes consideran duros e intransigentes. Para empezar tanto en la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, como en el gobierno de Hidalgo hacen gala de sofisticada hermenéutica para presentar públicamente el asunto como una cuestión de desavenencias sociales, culturales y políticas que nada tienen que ver con la libertad de culto y creencias religiosas.
Para el grupo disidente las cosas son de otra manera; consideran que el núcleo de la hostilidad en su contra está en que la adscripción religiosa elegida por ellos tiene replicaciones culturales y sociales que cuestionan algunos elementos de la organización tradicional prevaleciente en San Nicolás. Por esta razón los protestantes abandonaron las negociaciones con su contraparte el jueves pasado; no hay manera de hacer entender a los católicos que la ruptura original es religiosa y que ésta arrastra otras rupturas que tienen su explicación en el primer rompimiento con la religión ancestral y monolítica. En este contexto tiene razón Guillermo Cano Hernández, integrante del liderazgo protestante en Ixmiquilpan, al inconformarse contra la pretensión de la mayoría católica de cobrarles 2 millones 800 mil pesos por servicio de agua potable y cuotas por faenas comunitarias no realizadas en la última década: "Nada más porque somos evangélicos nos tratan así" (nota de Carlos Camacho, La Jornada, 19/7/01). Las autoridades, al querer minimizar el origen del conflicto, se suman a los hostigadores.
Con firmeza los evangélicos pentecostales acusan a los gobiernos federal y estatal de parcialidad hacia los católicos tradicionalistas; lejos están de la sumisión inmovilizadora que desde distintos sectores se achaca a los protestantes. Pero eso sí, Claudio Rodríguez Maldonado, director de Gobernación de Hidalgo, enarbola el acuerdo firmado el 15 de junio, en el cual se establece: "mientras haya diálogo no realizarán acciones contra las otras partes y se desistirán de las acciones penales" (nota de Daniela Pastrana, Masiosare, 22/7/01). Quién sabe qué entienda el funcionario por acciones contra las partes, porque si para él no se han vulnerado los derechos e integridad de los evangélicos al prohibirles la mayoría hacer uso de bienes y servicios públicos, entonces entendemos mejor por qué la minoría habla de parcialidad.
Autoridades federales y estatales parecen confabularse para tratar de convencer a los pentecostales insumisos de que pueden tener la creencia religiosa que les venga en gana, siempre y cuando cooperen con las festividades tradicionales del pueblo. Estas presiones -reiteramos- pretenden invisibilizar el núcleo identitario de los disidentes, su nueva religiosidad elegida que no comparte los valores religiosos y culturales que para la mayoría son incuestionables. Los intransigentes que defienden sus derechos pareciera que exasperan al director de Gobernación de Hidalgo; éste considera que "las posiciones irreductibles no están ayudando en nada a distender el problema. Parece que hay quienes quisieran alargar el conflicto lo más que se pueda". Con su aseveración, el funcionario, sin querer, pudo dar en el clavo: a los evangélicos les conviene dilatar el problema, dado que están entrenándose para vivir sin agua con el fin de hacerse anacoretas. Además se preparan para ser mártires y cada agresión les sirve para fortalecerse en su malévola intención de incriminar a sus pacíficos vecinos, a los que en realidad provocan y usan como meros instrumentos de su autoinmolación.